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La Izquierda Diario - Género y Sexualidades

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  • Anti derechos: ¿A Clara Muzzio le pagan para atacar los derechos de infancias, adolescencias y personas LGTBIQ+?

    30 de junio, por CABA — , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Como salida de una caverna, la vicejefa de Gobierno porteño volvió a cuestionar la Educación Sexual Integral (ESI), negando la diversidad sexo-genérica. Además, arremetió contra la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) e intentó ligar la baja de la natalidad con avances de derechos.

    En una entrevista reciente en el canal MDZ, la vicejefa del gobierno porteño, Clara Muzzio volvió a atacar a las mujeres y a las diversidades con posiciones cargadas de prejuicios hacia la diversidad sexual y hacia quienes defendemos la ESI todos los días en las aulas. Aseguró que la ESI transmite “ideas monstruosas” a los niños, a través de una “ideología siniestra”. Parece que la funcionaria, aún no se ha dado cuenta de que, la ESI es un derecho y brinda herramientas fundamentales para abordar los abusos y violencia en infancias y adolescencias. Aunque a ella le moleste, la diversidad sexual existe, resiste y defiende el derecho a la educación sexual en las escuelas.

    Decir barbaridades de este calibre siendo funcionaria pública no debería pasar desapercibido. No sólo porque vulnera y pasa por arriba las leyes y los derechos conquistados, sino porque además habla sin ningún tipo de sustento científico ni pedagógico sobre cómo se trabaja realmente dentro de las escuelas.

    A Clara Muzzio le decimos con claridad: existen tantas identidades como las personas decidan autopercibirse, y el mundo no se reduce únicamente al binomio hombre-mujer, lo mismo que ocurre con las orientaciones sexuales. La diversidad sexo-genérica no es un capricho ni lo que esta señora cree; no responde a un mero designio biológico, sino a una construcción subjetiva y cultural que se desarrolla en distintos entornos sociales. Con su discurso, Muzzio niega también la vigencia de la Ley de Identidad de Género.

    Por otro lado, es necesario refrescarle la memoria y los datos a la vicejefa de Gobierno: la baja de la tasa de natalidad es un problema mundial y las propias estadísticas desmienten que sea por el derecho a la IVE. Lo que sí festejamos haber reducido en nuestro país es el índice de embarazo adolescente y esto es gracias a la implementación de políticas públicas de cuidado. Por otro lado, la enseñanza en prevención de la ESI, el Plan ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencionado en la Adolescencia), el acceso a la salud sexual y reproductiva, y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) —que tanto le molesta— son conquistas que salvan vidas y garantizan autonomía sobre los cuerpos de las mujeres y personas gestantes.

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    En toda la entrevista demostró que su nivel de ignorancia no tiene límites. Plantear que el aborto es un "bebé descuartizado" es desconocer —o querer manipular— que la Ley IVE permite la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación. No es un bebé, señora.

    Por otra parte, mientras habla livianamente de “destruir la cabeza de los niños” y se alarma por la baja tasa de natalidad, el gobierno que ella integra desaloja a niñxs y adolescentes de sus viviendas en los barrios populares. Les importa que las mujeres tengan hijxs, pero si esos niñxs nacen en la pobreza, les patean la cabeza.

    La funcionaria también dice que las infancias deberían tener únicamente información biológica. Con esto desconoce y niega que la biología ya es parte de la enseñanza escolar, pero que va necesariamente acompañada del cuidado, la prevención del propio cuerpo, la salud y, fundamentalmente, la prevención del abuso sexual infantil.

    Además, Muzzio, los juguetes no tienen género. Las y los niñxs pueden jugar con lo que quieran. Sin más.

    Es evidente que la funcionaria nunca se ha sentado en una escuela pública a escuchar las verdaderas necesidades y deseos de las infancias y adolescencias. Desconoce por completo el dolor de quienes históricamente no encajaron en el binarismo heteronormativo que hoy Muzzio y los sectores más reaccionarios pretenden volver a imponer a la fuerza.

    A las reaccionarias como ella tenemos que responderle todas, todos y todxs. Atacan a nuestras infancias y adolescencias, y a nuestros derechos como mujeres y diversidad sexual. Necesitamos fortalecer la organización en las escuelas para que sean verdaderos espacios de libertad, cuidado y derechos.

    Mientras la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) continua siendo objeto de cuestionamientos y depende en gran medida del compromiso docente frente a la falta de recursos estatales, una ofensiva en “Educación emocional” avanza en las agendas escolares.

    En CABA se difunde permanentemente en materiales escolares, orientaciones pedagógicas, modificaciones curriculares como la reforma BA Aprende. Como ya hemos señalado en acá y acá éstas políticas educativas diseñadas bajo lógicas empresariales, no están al servicio de garantizar derechos y transformar una realidad cada día más hostil para las infancias y adolescencias. Continuamos organizándonos contra este avance, poniendo al movimiento de mujeres a la ofensiva como dice nuestra compañera Myriam Bregman y como lo demostramos en las calles este último 3J.

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  • Una Plaza de Mayo contra los travesticidios, transfemidicios y transhomicidios

    29 de junio, por Crímenes de odio — , , , , , , , , , , , , ,

    El domingo en la Ciudad de Buenos Aires activistas y organizaciones de la diversidad sexual, sociales y políticas se convocaron contra los crímenes de odio. Exigieron justicia por Sofía Fernández, por Treinti y por todas las víctimas. Apuntaron contra Milei que desde el Estado promueve discursos estigmatizantes, los crímenes contra las personas LGBTIQ+ crecieron.

    Desde las 14 hs. con una ronda a la Plaza de Mayo, la participación de artistas, bandas, performances y discursos desde el escenario se realizó la 10° edición de la marcha plurinacional contra los travesticidios, transfemidicios y transhomicidios. La convocatoria estuvo atravesada por todo tipo de reclamos, destacándose el aumento de los crímenes de odio y el señalamiento al gobierno Nacional porque Milei desde el Estado hizo oficial los discursos de odio, legitimando y fomentando la violencia contra las personas LGBTIQ+.

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    Un discurso que la ultraderecha también utilizó para aplicar todo tipo de recortes, a la educación sexual integral, a los programas de hormonización, al acceso a la salud pública, a programas para dar respuestas o económicas o una línea telefónica para poder comunicarse ante casos de violencia contra mujeres y la diversidad sexual. Ataques que coexisten con un plan de ajuste a la medida del FMI con despidos y cierres de empresas, con la pérdida del salario y con el aumento del pluriempleo, un panorama económico que sabemos tiene más impacto aún entre los sectores discriminados a la hora de conseguir un trabajo, o de acceder a la salud, a la educación y la vivienda.

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    Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio que elabora la Federación Argentina LGBT, entre 2024 y 2025 hubo un crecimiento de 62% en los crímenes de odio que son denunciados. Cabe aclarar que se trata de aquellos denunciados porque, en primer lugar no hay estadísticas oficiales sobre los crímenes contra la diversidad sexual y en segundo lugar no siempre se realiza una denuncia ante un caso.

    Por eso mismo, activistas y organizaciones de la diversidad sexual, sociales y políticas impulsaron la décima convocatoria de esta marcha que surgió enfrentando las políticas durante el gobierno de Macri. Entre dichas organizaciones se encuentran Las Históricas, el Hotel Gondolín, ATTTA, la Comisión por Justicia por Sofía Fernández, Act Up, la Columna Mostri, Pan y Rosas, Agrupación LGBTI 1969, Disidencias en Lucha, Libre Diversidad, Mala Junta y Las Rojas, entre otras.

    Desde el escenario también se exigió la reparación histórica para el colectivo travesti-trans y se señaló a todos los gobiernos provinciales y municipales que no implementen el cupo laboral trans, y que también encubren a sus policías que, según el informe del Observatorio, fueron las protagonistas del 30% de crímenes de odio. Por eso, desde la Comisión por Justicia por Sofía Fernández, Mabel, hermana de Sofía, señaló no solo a los 10 policías de la Bonaerense implicados en el caso, sino también al Poder Judicial denunciando al juez Walter Saettone y al poder político porque el entonces Ministro de Seguridad de Axel Kicillof, Sergio Berni, le brindó múltiples recursos a los policías para garantizar su impunidad. Por eso la pelea contra la impunidad y el encubrimiento sigue siendo indispensable.

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    Mientras la ultraderecha en el Gobierno está cada vez más débil, sigue implementando ataques desde el Congreso, como mostró este año con la reforma laboral o más recientemente con la votación del Súper RIGI, las movilizaciones del 1F el año pasado, del 7F este año, el paro general, el 24 de marzo o la masiva movilización por Ni Una Menos el 3J, muestran una fuerza social opositora enorme. Las luchas contra la discriminación, contra los discursos y el crecimiento de los crímenes de odio, contra el ajuste de Milei y de los distintos gobiernos provinciales, se encuentran en un mismo lugar: la calle.

    Fuerza y voluntad para unificar cada lucha y cada reclamo contra el Gobierno hay, por eso cualquier tipo de especulación esperando a las elecciones recién para el año que viene o aquellos discursos que, desde el propio peronismo, llaman a que la diversidad sexual o las mujeres nos moderemos en nuestras demandas, implica hoy darle más aire a Milei para seguir atacando. El desafío es organizar esa fuerza en cada lugar de laburo, de estudio, en cada barrio, para impulsar todas y cada una de las instancias desde abajo que nos permitan amplificar y construir una fuerza social y política para derrotar desde abajo a la ultraderecha.

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  • [Bibliografía Obligatoria] ¿Por qué junio es el mes del orgullo? La historia antes de Stonewall

    https://youtu.be/9jdB4lwDdQA?si=s6Ct3aNLjxBDlIYQ
    25 de junio — , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    #MesDelOrgullo Un bar administrado por la mafia, el FBI y una generación que aprendió a hacer política en la clandestinidad y salió a la calle. La historia que hizo posible #Stonewall y marcó un hito del movimiento de liberación sexual.

    Bibliografía Obligatoria es una columna de @cel_murillo para La Izquierda Diario.

    Seguila quincenalmente, los jueves a las 18.

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  • Sobre las denuncias públicas contra Nacho Levy

    25 de junio, por Derechas, izquierdas y machismo — , , , , , , ,

    Nacho Levy, referente del movimiento social que edita la revista “La Garganta Poderosa” fue acusado por su expareja, en redes sociales, de violencia psicológica. Esto desató una oleada de comentarios antifeministas, también en las mismas redes sociales donde, por ahora, se efectuó esta denuncia pública sobre sus comportamientos abusivos.

    Varias mujeres, mayoritariamente activistas feministas o del propio movimiento en el que milita Levy y de otras organizaciones populares, reconocieron públicamente que esta acusación de Cecilia Ce, psicóloga y sexóloga clínica, no se contradecía con los comentarios y las experiencias de otras mujeres que habían tenido vínculos personales, anteriormente, con el fundador de la revista La Garganta Poderosa. Estos comentarios y experiencias ya los habían hecho públicos las mujeres, pero solo en determinados espacios entre compañeras de militancia, amigas y otras redes vinculares.

    La derecha acusa a las víctimas de la opresión patriarcal

    Pero, en las redes sociales, el dedo acusatorio de la mayoría de los trolls de la derecha, como también de streamers enrolados con el oficialismo, no apunta contra el referente social y político, sino que se dirige contra Cecilia, contra las feministas y contra todas aquellas compañeras o excompañeras de militancia de Levy, que ahora acompañan públicamente las denuncias de su expareja. Ellas son feministas, militantes de nobles causas sociales y de organizaciones populares, las que le creen a Cecilia y aportan más elementos que dan sustento a su denuncia. Las mismas a las que, paradójicamente, la derecha también las acusa de “no denunciar” o hacerlo de manera políticamente selectiva.

    Y es bueno dejar en claro que habrá otras mujeres, exparejas o compañeras de militancia, que eligieron separarse de Levy o alejarse en silencio de su organización, por los motivos que fuese y en pleno derecho de hacerlo cuándo y cómo hayan querido. Porque, mientras la ultraderecha, desde el poder del Estado, promueve un discurso negacionista sobre la violencia de género, la eliminación de la figura penal del femicidio y los proyectos punitivos contra las mujeres a quienes se les adjudica una inexistente tendencia a promover “falsas denuncias”, denunciar es cada vez más difícil. De hecho, toda la política promovida por los antiderechos que ahora cuestionan a las feministas por "no haber denunciado antes" es precisamente esa: disciplinar a las mujeres para que no denuncien.

    Las organizaciones, movimientos sociales y militantes progresistas, aliados del feminismo, no están exentos de reproducir el machismo; pero, el machismo está más expuesto allí a ser denunciado, porque está considerado como una contradicción con los valores que se defienden públicamente. Eso no pasa en los ámbitos de la derecha reaccionaria, conservadora y antiderechos.

    Las feministas debemos apuntar con más fuerzas contra el machismo estructural de nuestras sociedades capitalistas

    Que un referente de las organizaciones populares, como Nacho Levy, que públicamente sostiene banderas feministas y se reconoce como un aliado de la lucha antipatriarcal, ejerza violencia psicológica contra su pareja, merece ser repudiado. Sin peros. Además, porque una persona pública, referente de una organización social, debiera asumir que una agresión íntima e individual en su caso se convierte en un conflicto político colectivo y le cabe la responsabilidad del daño que también le provoca a las causas justas por las que lucha su agrupación. De hecho, hoy la ultraderecha se permite atacar, metiendo en la misma bolsa, al varón que abusó psicológicamente de Cecilia con ella misma, con el feminismo, las organizaciones populares, etc.

    Y acá no valen las posiciones ingenuas de "no puedo creer que…", como si ser progresista o de izquierda nos eximiera, automáticamente, de contradicciones. El machismo no se reproduce únicamente en los espacios de derecha. La diferencia es que la derecha lo justifica ideológicamente, lo sostiene y promueve abiertamente la misoginia y otras prácticas discriminatorias y degradantes, incluso a través del ejercicio del poder político.

    Los y las militantes sociales y políticos progresistas y de izquierda vivimos en la misma sociedad capitalista patriarcal cuyos (dis)valores, combatimos política e ideológicamente a diario. Es decir, quienes queremos cambiar esta sociedad que se basa en la explotación y la opresión, no somos “el hombre nuevo” ni “la mujer nueva”: habitamos en la contradicción y lidiamos, con mayor o menor empeño, para que esas brechas entre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos, sean cada vez más acotadas. Y esto no le ocurre solamente a los varones ni solamente respecto del machismo. La envidia, la competencia, el individualismo, la búsqueda de reconocimiento personal por encima del trabajo y los intereses colectivos, como tantos otros (dis)valores fomentados por las ideologías dominantes en esta sociedad capitalista, también presionan, moldean y permean nuestras vidas, aun cuando hayamos decidido, consciente y voluntariamente, organizarnos colectivamente para cambiarla de raíz. No podemos escribir en los papers que el machismo es estructural en las sociedades clasistas en las que vivimos (como el racismo, la xenofobia, el heterosexismo, etc.) y luego pretender que se elimine mágicamente todo rastro de machismo con cursos obligatorios dictados por un ministerio o mediante el poder punitivo del Estado.

    Es evidente que si los varones con comportamientos abusivos y violentos que pertenecen a espacios progresistas, “aliados” y con compromiso social son los que más se conocen públicamente es, justamente, porque comparten esos espacios políticos con otros varones y, especialmente, con mujeres que no permiten que estos comportamientos se naturalicen. En los agrupamientos sociales y políticos donde el machismo es celebrado y la misoginia y los discursos de odio son razón de Estado, no solo están naturalizados estos comportamientos violentos, sino que se fomentan el rol dominante de los varones, la sumisión femenina y el trato degradante hacia las mujeres.

    Una organización que combata contra el Estado capitalista, por una sociedad liberada de todas las formas de explotación y opresión, no se construye con personas exentas de miserias humanas, de contradicciones y debilidades. Pero que no se base en el doble discurso, que realmente promueva la democracia desde las bases contra toda tendencia al culto de la personalidad, que promueva la autoorganización y la unidad de la clases trabajadora, de las mujeres movilizadas, del pueblo pobre y todos los que luchan, que lo haga con una estrategia y un programa verdaderamente revolucionario, siempre será un mayor reaseguro para reaccionar ante esas miserias, contradicciones y debilidades en sus propias filas. Lo contrario son las verdaderas red flag.

    Por cada caso como el de Nacho Levy, más organización y movilización de las feministas junto con los varones que comparten esta lucha. Una pelea que, como demostramos el pasado 3 de junio, es contra las instituciones de un régimen putrefacto, en el que los gobiernos, los partidos que defienden los intereses de los capitalistas, los fiscales, los jueces y las fuerzas represivas conforman un entramado siniestro que protege y otorga impunidad a las mafias que manejan oscuros negocios clandestinos, donde los cuerpos para la trata, para la explotación y la servidumbre, para los abusos sexuales y la violencia más extrema y letal, los ponen las hijas de la clase trabajadora y el pueblo pobre.

    Una vez más, por el pan y por las rosas

    Contrariamente a lo que dicen algunos pseudo-izquierdistas del “campo popular”, no es el feminismo el que divide a la clase trabajadora, sino el machismo. El feminismo es parte del combate que damos para forjar una unidad sólida, basada en el respeto, la igualdad y contra toda dominación de unos sobre otres. Por eso, por cada caso como el de Nacho Levy, las feministas socialistas de Pan y Rosas luchamos más convencidas aún por construir un partido propio de la clase trabajadora. Un partido que luche por acabar con este orden capitalista de miseria, explotación y vejámenes aberrantes contra las mujeres y otros sectores socialmente oprimidos.

    Porque el capitalismo patriarcal puede tolerar que le impongamos algunos derechos, mediante nuestra movilización persistente y masiva. Pero combatirá la alianza entre los explotados, incluso promoviendo y legitimando el machismo y otras formas de discriminación entre nuestras propias filas, porque lo que no puede admitir es la alianza entre todos los explotados y oprimidos, constituyendo una fuerza material capaz de amenazar la sacrosanta propiedad privada de los dueños del mundo y sus ganancias obtenidas con el sudor y la sangre de las mayorías.

    Esa es la perspectiva por la que vale la pena seguir forjando una alianza indestructible basada en el respeto, la igualdad, la camaradería y la firme convicción de que nadie puede liberarse de sus cadenas, si oprime a otros.

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  • Mujeres en la emergencia sísmica en Venezuela: cuando la crisis la sostienen las mujeres

    25 de junio, por Terremoto — , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    El terremoto revela una crisis social donde el cuidado, la supervivencia y la reconstrucción recaen desproporcionadamente sobre las mujeres de los sectores populares.

    Los fuertes terremotos que han sacudido Venezuela han dejado al descubierto no solo la fragilidad de la infraestructura urbana y la desigualdad social, sino también una dimensión menos visible pero estructural de la catástrofe: su impacto diferenciado sobre las mujeres en tanto sostén central de la reproducción cotidiana de la vida. En una situación de emergencia donde miles de familias permanecen en las calles o en refugios improvisados, la crisis no se vive de forma neutral, se organiza sobre una estructura previa de desigualdad de género y clase que determina quién sostiene la vida en condiciones de catástrofe.

    Una crisis que se monta sobre desigualdades preexistentes

    Venezuela es un país atravesado por altos niveles de pobreza y precariedad estructural, resultado de un proceso prolongado de crisis económica, deterioro de los servicios públicos y precarización de las condiciones de vida. Según la ENCOVI 2025, más del 68% de los hogares vive en situación de pobreza y una proporción significativa en pobreza extrema, en un contexto de crisis salarial, debilitamiento de la infraestructura social y dificultades generalizadas de acceso a vivienda y servicios básicos.

    Estas condiciones no constituyen un “escenario de fondo”, sino la base material de organización de la vida social, sobre la cual se producen y se amplifican las crisis. La desigualdad no es un efecto secundario, sino una forma estructural de funcionamiento de la sociedad que determina de manera directa quiénes están expuestos a la vulnerabilidad y con qué recursos cuentan para enfrentarla.

    En ese marco, las desigualdades de género se articulan con las desigualdades de clase. Los hogares con jefatura femenina, así como las mujeres de sectores populares en general, enfrentan mayores niveles de pobreza, mayor inserción en la informalidad laboral y una sobrecarga estructural del trabajo no remunerado de cuidados y reproducción cotidiana de la vida.

    Esto expresa un fenómeno más profundo: La feminización de la pobreza no es solo una estadística, sino un mecanismo estructural mediante el cual la organización social de la reproducción descarga de forma sistemática sobre las mujeres el sostenimiento cotidiano de la vida en condiciones de precariedad creciente.

    La crisis de los cuidados como crisis de reproducción social

    Lo que emerge con fuerza en la situación de emergencia no es solo el impacto del desastre, sino el deterioro súbito de las condiciones materiales que permiten el sostenimiento cotidiano de la vida. En contextos donde la vivienda colapsa, se interrumpen servicios básicos o se vive en condiciones de hacinamiento o desplazamiento, se vuelve evidente que la reproducción de la vida no está garantizada de manera colectiva ni estable en un país de profundas carencias para las mujeres y familias de la clase trabajadora.

    En estas condiciones, son las mujeres quienes asumen de forma desproporcionada la carga de sostener la vida cotidiana: el cuidado de niñas, niños, personas mayores o enfermas, la gestión de la alimentación, la búsqueda de agua, la garantía de higiene básica y la organización inmediata de la supervivencia en escenarios de alta precariedad.

    Este conjunto de tareas no solo se intensifica en situaciones de desastre, sino que revela su carácter estructural. No se trata de un “impacto diferenciado”, sino de la forma en que está organizada materialmente la reproducción de la vida en sociedades atravesadas por la precarización: La sostenibilidad cotidiana del conjunto social descansa de manera sistemática sobre el trabajo invisibilizado y no remunerado de las mujeres.

    En este sentido, la emergencia ocurrida en Venezuela no sólo introduce una nueva desigualdad, sino que profundiza y expone una ya existente: aquella que asigna de manera desigual quién sostiene la vida en condiciones de crisis.

    Emergencia, refugios y desigualdad en la reproducción de la vida

    La ausencia o insuficiencia de infraestructura social para la emergencia agrava esta situación. Refugios improvisados en escuelas, instalaciones deportivas o espacios públicos no suelen contar con condiciones adecuadas para atender las necesidades diferenciadas de mujeres, niñas y personas dependientes.

    En estos espacios se reproducen problemas concretos: sobrecarga del cuidado infantil, falta de privacidad, ausencia de insumos de higiene menstrual, dificultades para el acceso a atención prenatal o postnatal, y escasos dispositivos de protección frente a situaciones de violencia.

    En un contexto donde el Estado no garantiza plenamente dispositivos adecuados de refugio para mujeres, niñas y sectores vulnerables, la organización de la supervivencia recae nuevamente sobre redes familiares y comunitarias, donde el trabajo femenino es central pero invisibilizado.

    Sismo, Estado, crisis y reorganización de la vida social

    La emergencia sísmica ocurre en un país atravesado por años de crisis económica, deterioro sostenido de los servicios públicos y severas restricciones materiales para las mayorías, en contraste con la existencia de privilegios concentrados en sectores empresariales, patronales y gubernamentales. En este marco, la conducción de la respuesta estatal ha sido encabezada por figuras como Delcy Rodríguez, en un contexto donde el gobierno ha buscado combinar el llamado a la unidad nacional con una creciente dependencia de acuerdos y negociaciones con potencias y organismos internacionales, en un escenario marcado por el peso de las sanciones y el bloqueo económico impulsado por Estados Unidos.

    Esta combinación entre crisis interna, gestión estatal centralizada y condicionamientos externos del imperialismo estadounidense configura el marco en el que se organiza la respuesta a la emergencia, definiendo no solo los límites materiales de la reconstrucción, sino también el tipo de prioridades que se establecen en la administración de la crisis social.

    Sin embargo, durante la primera noche tras los sismos en Caracas y otras ciudades, se evidenció otra realidad: numerosos grupos de personas se organizaron espontáneamente en torno a los derrumbes, apoyando en las labores de rescate y contención. Esa solidaridad desde abajo expresa una fuerza social fundamental que debe extenderse en los próximos días, a través de redes de apoyo, comedores populares y ollas comunitarias para las personas damnificadas.

    En este marco, la reconstrucción no puede entenderse como un proceso técnico ni neutral. Se trata de una disputa profundamente política sobre cómo se reorganizan las condiciones materiales de la vida social: quién garantiza la reproducción cotidiana, con qué recursos y bajo qué relaciones sociales.

    Lo que ya se expresa en las primeras horas de la emergencia, la solidaridad espontánea, la autoorganización en torno a los derrumbes y las redes comunitarias de apoyo, muestra que la reproducción de la vida recae, en gran medida, sobre los sectores populares ante la insuficiencia de respuestas institucionales. Sin embargo, esta capacidad social de respuesta no puede sustituir de forma permanente la ausencia de infraestructura pública ni convertirse en un mecanismo naturalizado de gestión de la crisis.

    Si la reconstrucción vuelve a descansar sobre el trabajo no remunerado de las mujeres y sobre la autoorganización forzada de los sectores populares, sin transformación de las condiciones materiales que produjeron esa vulnerabilidad, lo que se consolida no es una salida de la crisis, sino una normalización de que la vida social se sostenga sobre bases cada vez más precarias, desiguales y que el Estado no garantiza.

    Militarización y gestión de la crisis

    La intervención de organismos militares en tareas de rescate y distribución de ayuda refleja además un proceso más amplio de militarización de la gestión de la crisis social. En este marco, las fuerzas armadas asumen un rol creciente en la organización de la vida cotidiana en contextos de emergencia, desplazando formas de gestión civil, comunitaria y de autoorganización popular que emergen desde abajo como respuesta inmediata de los sectores afectados.

    Este proceso no es meramente operativo ante un desastre: expresa una forma de administración capitalista donde la crisis en la que el Estado concentra funciones estratégicas de emergencia y control territorial, busca sustituir toda intención social por fortalecer mecanismos de participación comunitaria o formas de decisión colectiva de las poblaciones afectadas. Lejos de ampliar la capacidad de respuesta democrática frente a la catástrofe, tiende a reorganizar la gestión de la emergencia bajo lógicas verticales, de poder estatal, legitimar al desprestigiado gobierno y centralizar el control sobre los recursos, los alimentos, la información y las prioridades de la reconstrucción (y las cuantiosas sumas que representan).

    En este tipo de contextos de militarización de la vida social, donde la gestión de refugios, desplazamientos y distribución de recursos queda bajo mando jerárquico, se incrementan los riesgos específicos de violencia y acoso hacia mujeres, niñas y diversidades sexuales. La ausencia de mecanismos civiles de supervisión, la precarización de los espacios de refugio y el hacinamiento generan condiciones donde estas violencias pueden agravarse o volverse menos visibles, en ausencia de canales autónomos de denuncia y protección.

    Sujetos de la crisis y solidaridad desde abajo

    Frente a esta situación, la respuesta inmediata ha surgido en muchos casos desde abajo: redes comunitarias, vecinos, trabajadores de la salud y organizaciones locales que sostienen tareas de evacuación, cuidado y asistencia en condiciones precarias.

    La solidaridad es una necesidad material para sostener la vida en medio del colapso de infraestructura. Las mujeres, en particular, no solo somos las más afectadas por la crisis, sino también como parte central de estas redes de organización de la supervivencia, lo que abre una contradicción fundamental: somos sobre quienes más se descarga la crisis y, al mismo tiempo, quienes sostenemos cotidianamente la vida social en condiciones extremas.

    La emergencia sísmica en Caracas no puede entenderse solo como un evento natural con impactos desiguales. Expresa una crisis más profunda de reproducción social, donde la desigualdad de género y clase determina quién puede sobrevivir y en qué condiciones.

    Frente a esta realidad, la reconstrucción no puede limitarse a levantar infraestructura física. Implica disputar qué tipo de organización social sostiene la vida: si una basada en la sobrecarga invisible del trabajo de las mujeres y la precarización de los sectores populares, o una que reconozca y reorganice colectivamente las condiciones materiales de la reproducción de la vida y los derechos de las mujeres desde una perspectiva social y no individualizada.

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