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Laura Vilches: "La presión familiar y social logró el cambio de carátula a femicidio"
2 de junio, por Ni Una Menos — Géneros y Sexualidades, Edición Argentina, Pan y Rosas, Femicidios, Myriam Bregman, Andrea D'Atri, Laura Vilches, 3J, Géneros y Sexualidades, Edición Argentina, Pan y Rosas, Femicidios, Myriam Bregman, Andrea D'Atri, Laura Vilches, 3J
Laura Vilches, periodista de La Izquierda Diario, integrante de Pan y Rosas, docente y exconcejala, denunció en C5N la cadena de irregularidades en la causa por el femicidio de Agostina. Señaló la demora en tomar la denuncia, los vínculos del imputado Barrelier con el PJ cordobés y la resistencia del fiscal Garzón a hablar de violencia de género por alineamiento con el gobierno de Milei y el ministro Quinteros.
La presión familiar y social logró que finalmente se modificara la carátula a “femicidio”, pero la conferencia de prensa del fiscal dejó al desnudo la misoginia judicial y la protección política al agresor. Laura Vilches participó el sábado de esa conferencia y fue una de las voces que enfrentó al funcionario.
Este lunes, en el programa de Gustavo Silvestre, Laura Vilches comenzó describiendo el clima de la conferencia del fiscal Garzón: “Una negativa a nombrar la violencia de género con su nombre”. Sostuvo que esa omisión no es casual, sino que responde al alineamiento del fiscal con el ministro de Seguridad Quinteros, Patricia Bullrich y el gobierno de Javier Milei. “El propio Llaryora y sus legisladores han garantizado los votos para Milei en el Congreso”, recordó.
En la entrevistada destacó la falta de perspectiva de género del fiscal, que llegó a sugerir que no todas las desapariciones son iguales –diferenciando entre quienes “se van con un noviecito” y otras– y que trivializó la investigación con frases como “hay que darles medallas a los perros”. Lo que refleja la misoginia del funcionario, sostuvo la militante de Pan y Rosas -agrupación feminista socialista de la que son parte Myriam Bregman y Andrea D'Atri-.
Además, Vilches enumeró una tras otra las irregularidades que salpicaron la investigación desde el primer momento: la madre de Agostina, Melisa, tuvo que esperar más de cuatro horas para que le tomaran la denuncia; el dato clave sobre el remisero, que la familia aportó de inmediato, recién fue considerado al día siguiente; los allanamientos a la casa de Claudio Barrelier, que tiene antecedentes por privación ilegal de la libertad, llegaron tarde; y la escena del crimen se manejó con una desprolijidad que contrastaba brutalmente con la autofelicitación del fiscal.
El principal sospechoso con protección política
Vilches habló, también, de los vínculos de Barrelier con Ricardo Moreno, actual concejal del PJ cordobés, quien lo defendió en una causa anterior (2025). Moreno, además, dirige las 62 organizaciones peronistas en Córdoba. “Esa impunidad le permitió a Barrelier creerse que podía zafar otra vez”, afirmó. También mencionó la relación con el poder sindical y métodos “punteriles y patoteriles”.
Fue por la presión social y la presión familiar que se logró cambiar la carátula, pero no alcanza.
“Pero la relación entre justicia y poder político provincial es estrechísima”, advirtió Vilches. Y concluyó: “No por eso dejaremos de denunciarlo”.Este miércoles todas y todos marchemos por ¡Ni Una Menos, Vivas nos queremos!
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La trabajadora del subte despedida por denunciar acoso de un policía declaró en la Justicia
2 de junio, por Todo el apoyo — Mundo de l@s trabajador@s, Géneros y Sexualidades, Edición Argentina, Violencia de género, Ciudad de Buenos Aires, Subte, Jorge Macri, Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, #NiUnaMenos, Agrupación de mujeres Pan y Rosas, Emova (Ex Metrovías), Mundo de l@s trabajador@s, Géneros y Sexualidades, Edición Argentina, Violencia de género, Ciudad de Buenos Aires, Subte, Jorge Macri, Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, #NiUnaMenos, Agrupación de mujeres Pan y Rosas, Emova (Ex Metrovías)
Este martes 2, Araceli Pintos, se presentó en una audiencia en los juzgados laborales. Fue acompañada por una concentración de compañeros, referentes políticos y del movimiento feminista y el Comité por su reincorporación. La jornada comenzó con una apertura de molinetes en la estación Diagonal Norte del subte C.
Este martes 2, Araceli Pintos quien fuera despedida por Emova luego de que denunciara por acoso a un efectivo de la Policía porteña tuvo que comparecer frente a los tribunales laborales en la calle Roque Saenz Peña.
Fue acompañada por delegados de la Agrupación Bordó, organizaciones feministas, integrantes de Pan y Rosas y activistas que vienen impulsando la campaña y el Comité por la reincorporación de Araceli, referentes políticos y otros sectores solidarios con su lucha.
La jornada comenzó con una apertura de molinetes que realizaron trabajadores del subte de la línea C en la estación Diagonal Norte. La iniciativa contó con la presencia de la Agrupación Bordó del Subte, delegados de distintas líneas, activistas del Comité en defensa de Araceli y de Claudio Dellecarbonara, dirigente de la AGTSyP.
Araceli fue despedida por Emova después de denunciar el acoso que sufría por parte de un efectivo de la Policía de la Ciudad en su lugar de trabajo. Lejos de protegerla, la empresa avanzó con su desvinculación. La Justicia, por su parte, rechazó hasta el momento la medida cautelar presentada para lograr su reincorporación, priorizando el hecho de que se encontraba en período de prueba y dejando en un segundo plano las denuncias de acoso realizadas por la trabajadora.
La cita judicial llega a pocas horas de una nueva jornada del Ni Una Menos y en medio de la conmoción provocada por los brutales femicidios que se conocieron en los últimos días, que vuelven a poner sobre la mesa la persistencia de la violencia machista y la responsabilidad de gobiernos, empresas e instituciones que la encubren o la dejan pasar.
En un mensaje que hizo circular luego de la audiencia, Araceli agradeció el apoyo recibido en estos 8 meses de lucha y el de este día tan importante. Además describió las maniobras de Emova en la audiencia, entre ellas, el planteo de que se desestime el apoyo que recibe por parte de sus compañeros y de diferentes organizaciones y referentes políticos y feministas.
La pelea de Araceli trasciende su caso particular. Es una causa que interpela a todas las trabajadoras que enfrentan situaciones de hostigamiento, discriminación o violencia y que muchas veces son revictimizadas cuando deciden no callarse.
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La trabajadora del subte despedida por denunciar acoso de un policía se presentó ante la Justicia
2 de junio, por Todo el apoyo — Mundo de l@s trabajador@s, Géneros y Sexualidades, Edición Argentina, Violencia de género, Ciudad de Buenos Aires, Subte, Jorge Macri, Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, #NiUnaMenos, Agrupación de mujeres Pan y Rosas, Emova (Ex Metrovías), Mundo de l@s trabajador@s, Géneros y Sexualidades, Edición Argentina, Violencia de género, Ciudad de Buenos Aires, Subte, Jorge Macri, Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, #NiUnaMenos, Agrupación de mujeres Pan y Rosas, Emova (Ex Metrovías)
Este martes 2, Araceli Pintos, participó en una audiencia de conciliación en los juzgados laborales. Fue acompañada por una concentración de compañeros, referentes políticos y del movimiento feminista y el Comité por su reincorporación. La jornada comenzó con una apertura de molinetes en la estación Diagonal Norte del subte C.
Este martes 2, Araceli Pintos quien fuera despedida por Emova luego de que denunciara por acoso a un efectivo de la Policía porteña tuvo una audiencia de conciliación con la empresa concesionaria del sistema de transporte porteño frente a los tribunales laborales en la calle Roque Saenz Peña. En la misma no hubo acuerdo por lo que se avanzará en un juicio.
Fue acompañada por delegados de la Agrupación Bordó, organizaciones feministas, integrantes de Pan y Rosas y activistas que vienen impulsando la campaña y el Comité por la reincorporación de Araceli, referentes políticos y otros sectores solidarios con su lucha.
La jornada comenzó con una apertura de molinetes que realizaron trabajadores del subte de la línea C en la estación Diagonal Norte. La iniciativa contó con la presencia de la Agrupación Bordó del Subte, delegados de distintas líneas, activistas del Comité en defensa de Araceli y de Claudio Dellecarbonara, dirigente de la AGTSyP.
Araceli fue despedida por Emova después de denunciar el acoso que sufría por parte de un efectivo de la Policía de la Ciudad en su lugar de trabajo. Lejos de protegerla, la empresa avanzó con su desvinculación. La Justicia, por su parte, rechazó hasta el momento la medida cautelar presentada para lograr su reincorporación, priorizando el hecho de que se encontraba en período de prueba y dejando en un segundo plano las denuncias de acoso realizadas por la trabajadora.
La cita judicial llegó a pocas horas de una nueva jornada del Ni Una Menos y en medio de la conmoción provocada por los brutales femicidios que se conocieron en los últimos días, que vuelven a poner sobre la mesa la persistencia de la violencia machista y la responsabilidad de gobiernos, empresas e instituciones que la encubren o la dejan pasar.
En un mensaje que hizo circular luego de la audiencia, Araceli agradeció el apoyo recibido en estos 8 meses de lucha y el de este día tan importante. Además describió las maniobras de Emova en la audiencia, entre ellas, el planteo de que se desestime por la Justicia el apoyo que recibe por parte de sus compañeros y de diferentes organizaciones y referentes políticos y feministas.
La pelea de Araceli trasciende su caso particular. Es una causa que interpela a todas las trabajadoras que enfrentan situaciones de hostigamiento, discriminación o violencia y que muchas veces son revictimizadas cuando deciden no callarse.
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Periodistas, referentes de la cultura, docentes y feministas convocan a marchar por Ni Una Menos
2 de junio, por Córdoba — Géneros y Sexualidades, Edición Argentina, Córdoba, Femicidios, #NiUnaMenos, Ni Una Menos, Agostina Vega, Géneros y Sexualidades, Edición Argentina, Córdoba, Femicidios, #NiUnaMenos, Ni Una Menos, Agostina Vega
En una declaración con las firmas de Laura Vilches, María Teresa Andruetto, Eugenia Almeida, Flavia Dezzuto, Jaqueline Vasallo, Estela Valdes, Eduardo Mattio, Carlos Balzi, Lucas Dunayevich y Silvia Scarfia, entre otres, rechazan las declaraciones del fiscal Garzón ante el caso de Agostina, repudian las declaraciones de Juan Pablo Quinteros y llaman movilizar el miércoles.
Periodistas, Referentes de la cultura, docentes, feministas convocamos a movilizar masivamente este 3 de Junio para decir con fuerza NI UNA MENOS
Periodistas, referentes de la cultura, docentes, feministas y personalidades abajo firmantes rechazamos las violentas declaraciones del fiscal Garzón ante el femicidio de Agostina, que no sólo se refirió al caso como "homicidio", negando el carácter específico de la violencia hacia las mujeres, sino que llegó al colmo del cinismo al proponer una "distinción a los canes" por el hallazgo del cuerpo.
Junto al accionar y las declaraciones del Ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, en línea con el fiscal, constituyen una muestra de la responsabilidad de las instituciones en la reproducción estructural de la violencia patriarcal.
Mientras el ministerio de seguridad y la justicia se felicitan por su actuación, hoy Agostina no está con nosotras y su familia denuncia que no se activó a tiempo el alerta Sofia, perdiendo horas cruciales en su búsqueda.
No son casos aislados, la violencia machista crece ante el amparo de un discurso estatal que la niega, ante el desmantelamiento de las políticas de género y de la Educación Sexual Integral en las escuelas.
Este 3 de Junio llamamos a movilizar en Córdoba y en todo el país exigiendo Ni Una Menos, basta de femicidios y violencia de género.
¡El Estado y los gobiernos son responsables!
Acompañamos el dolor de la familia y su reclamo de Justicia por Agostina.Firmantes:
Laura Vilches, Susana Roitman, Carlos Pedro Freytes, Paula Schaller, Anabel Rocío Figueroa, Cecilia Avalos, Amanda Bouldoukian, Claudia Diehl, Ignacio Meneses, Eduardo Mattio, Maria Dolores Bertarelli, Carmen Adriana Gonzalez, Soledad di lorenzo, Adela María Bettini, María Luz Maiztegui, Analía Yanes, Julieta Daga, Jaqueline Vassallo, Silvia Inés Vazquez, Hector Millan, Carlos Balzi, María Calviño, Valeria Aimar, IVANA PUCHE, Elina Martinelli, Romina Rauber, Florencia Ortiz, Laura Ortiz, Vanesa Lopez, Mirta Alejandra Antonelli, Noelia Perrote, Valeria Beltramo, Alicia Carranza, Paulina Brindar, Alicia Carranza, Paula Montalvo, Ana Alderete, Cecilia Oviedo, Celia Salit, Miriam Abate Daga, Ignacio Muñiz, Viviana Allegre, Silvia Kravetz, Silvia Scarafía, Susana Gómez, Lucas Rafael Dunayevich, Ricardo Héctor Pizarro, Eugenia Gay, Azucena Goeminne, Estela Valdés, Cecilia Inés Jimenez, Myriam Kitroser, Sergio Sanchez, Rosa Calanoce, Elisa Molina, Gabriela Reale, Mónica Clapés, Alicia Vissani, Martha Campana, Martha Campana, Mariela Pelegrin, Ana Levstein, Felisa Reisin, Sandra Mutal, Daniela Martín, Alberto Melendi, Cecilia Berra, Carola Margara, Liliana Di Negro, María Teresa Arinci, Maria zuliani, César Marchesino, Hilda zagaglia, Magui Lucero, María Luisa González, Mercedes Martínez, Cynthia Garay, Cynthia Orellana, Silvia Plaz, Jorge Ariel Vasalo, Sebastian Ferrando, Helena Bustos, Cristina Lobaiza, Yanina Waldhorn, Melina Miguel, Adriana Betanzos, Claudia Korol, Anahí Gadda, Andrea Testa, Lucía S. Ruiz, Natsumi S. Shokida, Berenice Gáldiz Carlstein, María Doldán, adriana Sallago, Luciana Martina, Graciela Alicia Currás, Florencia Curci, Laura Regidor, Paula Hydzik, Inés Kröhling, Susana Vaio, Julia Bustos, Cecilia Ines Rios, Mercedes López Cantera, Diana Fainstein, Maria Laura Bretal, Miriam Susana Lopez, Toledo Alejandra del Valle, Maria Teresa Andruetto, Mariano Medina, Giselle Valderrey, María Raquel Arraigada, Juana Luján, Elorriaga Ernestina, Cecilia Bettolli, Magdalena Rodríguez, Eugenia Almeida, Andrea Guiu, sergio Campbell, Soledad Boero, Elena Cerrada, Leandro Calle, Soledad González, jorge alejandro jose cuello, Silvia Elena Machado, Flavia Dezzutto, Soledad lopez vaca, Bibiana Fulchieri, Rubén Lopez, Belen araya. -
Cambia el Ministerio Público en Guatemala y continúa la impunidad contra las mujeres
2 de junio, por Justicia — Internacional, Géneros y Sexualidades, Edición Argentina, Femicidio, Impunidad, Centroamérica, Guatemala, Edición Venezuela, Internacional, Géneros y Sexualidades, Edición Argentina, Femicidio, Impunidad, Centroamérica, Guatemala, Edición Venezuela
La salida de Consuelo Porras y la renovación de instituciones clave como la Corte de Constitucionalidad han sido presentadas por el gobierno de Bernardo Arévalo como el inicio de una nueva etapa, ¿qué representan estos cambios, para la lucha de las mujeres, ante la violencia machista, los feminicidios y la impunidad?
La salida de Consuelo Porras de la jefatura del Ministerio Público fue celebrada por amplios sectores que durante años denunciaron su papel en la persecución de operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos y luchadores sociales. Junto con la próxima renovación de la Corte de Constitucionalidad y otros movimientos institucionales impulsados por el gobierno de Bernardo Arévalo, ha alimentado expectativas de que Guatemala podría iniciar una etapa de fortalecimiento democrático y de recuperación del Estado de derecho.
Sin embargo, para las mujeres trabajadoras, indígenas y populares, la pregunta fundamental es otra: ¿estos cambios modificarán realmente las condiciones de impunidad que permiten la persistencia de la violencia machista y los feminicidios?
Las cifras muestran la magnitud del problema. Durante 2024, el Ministerio Público registró más de 51 mil denuncias por violencia contra las mujeres, un incremento de 15% respecto al año anterior. Hasta finales de diciembre se contabilizaban más de 51 mil víctimas denunciantes, entre ellas cerca de 5 mil menores de edad. Según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), entre enero y diciembre de 2024 se realizaron reconocimientos médicos por delitos sexuales a 6,469 mujeres y se atendieron 19,023 casos de agresiones físicas contra mujeres. Además, más de 21 mil mujeres requirieron evaluaciones psicológicas vinculadas principalmente a situaciones de violencia.
Estas cifras muestran la magnitud de una violencia que encuentra enormes obstáculos para su investigación, sanción y acceso efectivo a la justicia. Ya en 2023 el Ministerio Público había registrado casi 68 mil denuncias por delitos cometidos contra mujeres y menores de edad, un promedio de 168 denuncias diarias. Sin contar a quienes nunca denuncian. La inmensa mayoría de estos casos permanecen en la impunidad.
La violencia no ha cambiado sustancialmente durante más de dos años del gobierno de Bernardo Arévalo porque permanecen intactas las condiciones estructurales que la producen: desigualdad económica, precarización laboral, racismo y una organización social que descarga sobre las mujeres la mayor parte de los trabajos de cuidado. Por ello, la persistencia de la violencia y la impunidad expresa el orden social que las reproduce cotidianamente y del cual son parte las instituciones de justicia.
La violencia contra las mujeres forma parte de una estructura de dominación profundamente arraigada en el Estado guatemalteco.
Instituciones atravesadas por el machismo, el racismo, la desigualdad social y de clase y la corrupción han contribuido durante décadas a sostener elevados niveles de impunidad frente a los feminicidios, las agresiones sexuales y otras formas de violencia de género. Lejos de garantizar protección y justicia, amplios sectores del aparato estatal han reproducido mecanismos de discriminación, revictimización y abandono hacia las mujeres que denuncian violencia.
Esta realidad golpea con especial dureza a las mujeres indígenas, campesinas, trabajadoras y de los sectores populares, quienes enfrentan mayores obstáculos para acceder a la justicia debido a barreras económicas, geográficas, lingüísticas y culturales. Estas condiciones muestran que los cambios en las cúpulas institucionales, aunque puedan tener relevancia política, difícilmente alteran por sí mismos las estructuras que sostienen la violencia y la impunidad.
El problema no es solamente Consuelo Porras. La violencia de género atraviesa a las propias instituciones del Estado y alcanza a funcionarios públicos, autoridades municipales, integrantes de las fuerzas de seguridad y operadores judiciales. Los casos del exdiputado Julio Lainfiesta o del exalcalde de Jocotenango, Marcus Alexander González Pérez, evidencian que quienes ejercen poder político tampoco están exentos de reproducir distintas formas de violencia contra las mujeres.
La impunidad se expresa con mayor claridad en las decenas de miles de denuncias que se acumulan cada año, en los obstáculos que enfrentan las víctimas para acceder a la justicia y en la demora con que el Estado responde a muchos de estos crímenes. El caso de las mujeres Achí, cuyos agresores comenzaron a ser condenados más de cuarenta años después de los hechos, muestra la profundidad histórica de esa impunidad.
La historia del país ofrece ejemplos aún más profundos. La violencia sexual contra mujeres indígenas formó parte de la política de terror desplegada por el Estado durante la guerra contrainsurgente y las campañas genocidas contra los pueblos indígenas. Apenas en 2025 fueron condenados tres exparamilitares por la violación sistemática de mujeres Achí ocurrida en 1983, más de cuarenta años después de los hechos.
Lejos de tratarse de un episodio aislado del pasado, esta historia muestra la continuidad de una impunidad que ha atravesado distintas etapas del régimen político guatemalteco. La violencia contra las mujeres, especialmente indígenas, campesinas y pobres, ha coexistido durante décadas con las instituciones que reproducen esta violencia, mientras los responsables y las redes de poder que los respaldan han gozado de amplios márgenes de protección.
La impunidad fue prácticamente una cuestión inherente a la preservación del régimen burgués surgido tras la contrainsurgencia y los Acuerdos de Paz, donde redes militares, empresariales, políticas y judiciales han coexistido con elevados niveles de violencia machista, especialmente contra mujeres indígenas y pobres. En ese marco, la renovación de autoridades puede modificar parcialmente el escenario político, pero deja intactas muchas de las estructuras que sostienen la violencia y la impunidad.
La pregunta entonces no es solamente qué cambia con la salida de Consuelo Porras, sino qué lugar ocupa la lucha contra la violencia machista dentro del proyecto político impulsado por el gobierno de Arévalo. Porque mientras no se transformen las condiciones materiales que reproducen la opresión de género ni se cuestionen las estructuras que sostienen la violencia contra las mujeres, los cambios institucionales corren el riesgo de convertirse en una simple renovación administrativa sin impacto real en la vida de miles de mujeres.
¿Qué pueden esperar las mujeres del nuevo Ministerio Público y de la nueva Corte de Constitucionalidad?
La salida de Consuelo Porras no es un hecho menor. Durante años, su gestión estuvo asociada a la persecución de operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos, así como al debilitamiento de instancias que en el pasado investigaron redes de corrupción y estructuras criminales enquistadas en el Estado. Su relevo por Gabriel García Luna ha sido recibido por distintos sectores como una oportunidad para comenzar a revertir parte del deterioro institucional acumulado durante los últimos años.
En el mismo sentido, la renovación de la Corte de Constitucionalidad ha sido presentada como una posibilidad para recomponer parcialmente el equilibrio entre los poderes del Estado y reducir la influencia de sectores que durante años bloquearon investigaciones, protegieron intereses empresariales, militares y políticos o avalaron decisiones contrarias a derechos democráticos elementales.
No es extraño, por ello, que existan expectativas de que el nuevo Ministerio Público pueda revisar procesos cuestionados, reabrir espacios para la investigación de redes de corrupción o modificar algunas prácticas instaladas durante la gestión de Porras. El propio García Luna ha anunciado medidas orientadas a reorganizar la institución y revisar casos emblemáticos heredados de la administración anterior.
Sin embargo, incluso si estos cambios logran introducir modificaciones importantes en el funcionamiento de la justicia guatemalteca, ello no significa automáticamente una transformación de las condiciones que enfrentan millones de mujeres. La elección de nuevas autoridades puede alterar la orientación de determinadas instituciones, pero no modifica por sí misma las estructuras económicas, sociales y políticas que reproducen la violencia machista ni garantiza el acceso efectivo a la justicia para las víctimas.
Los límites de las reformas institucionales
La expectativa generada por la salida de Consuelo Porras y la renovación de instituciones clave expresa el desgaste de un régimen profundamente cuestionado y el deseo legítimo de amplios sectores de poner fin a años de persecución política, corrupción e impunidad. Sin embargo, cuando se analiza la situación de las mujeres, los alcances de estos cambios aparecen rápidamente limitados.
La violencia machista no se origina en una fiscal general, en una Corte de Constitucionalidad o en la voluntad de determinados funcionarios. Tiene raíces más profundas en una sociedad atravesada por la desigualdad económica, el racismo, la explotación laboral y la opresión de género. Por ello, aunque una nueva administración del Ministerio Público pueda modificar ciertos criterios de investigación o impulsar algunos procesos que antes permanecían bloqueados, difícilmente alterará por sí sola las condiciones que colocan diariamente a miles de mujeres en situaciones de violencia.
Guatemala continúa siendo uno de los países con mayores niveles de pobreza y desigualdad de América Latina. Las mujeres concentran una parte importante del trabajo precario, los ingresos más bajos y la sobrecarga de las tareas de cuidado. Las mujeres indígenas enfrentan además condiciones agravadas por el racismo estructural, el despojo territorial y las barreras para acceder a servicios básicos, educación, salud y justicia.
Estas condiciones no son ajenas a la violencia contra las mujeres. La dependencia económica, la precariedad laboral, la falta de alternativas habitacionales, la ausencia de sistemas públicos de cuidados y la insuficiencia de servicios especializados limitan las posibilidades reales de miles de mujeres para romper con círculos de violencia. Mientras estas condiciones permanezcan intactas, la justicia continuará llegando tarde para muchas y nunca llegará para otras.
Por ello, el problema no puede reducirse a la eficiencia de las instituciones. También implica preguntarse por las prioridades políticas y económicas del Estado. Los presupuestos destinados a la prevención de la violencia, la atención integral a las víctimas y el fortalecimiento de los servicios públicos continúan siendo insuficientes frente a la magnitud del problema. Al mismo tiempo, los sucesivos gobiernos han mantenido un modelo económico que descansa sobre profundas desigualdades sociales que afectan particularmente a las mujeres trabajadoras, indígenas y pobres.
¿Qué justicia necesitan las mujeres?
La pregunta de fondo no es únicamente qué cambiará con la salida de Consuelo Porras o con la renovación de la Corte de Constitucionalidad, sino por qué justicia luchamos en una sociedad atravesada por la desigualdad, el racismo y la violencia estructural contra las mujeres.
Porque la experiencia histórica de Guatemala muestra que los cambios en las cúpulas institucionales, por sí solos, no han sido suficientes para desmontar la impunidad. Lo que está en juego no es solo la rotación de autoridades, sino la persistencia de un orden hegemónico que organiza la vida social y naturaliza la violencia, incluso cuando promete reformarse.
La justicia no puede reducirse a la alternancia de funcionarios ni a una mejora técnica del aparato judicial. Cuando el Estado conserva intactas las relaciones sociales que producen desigualdad, la “reforma” institucional tiende a operar como una recomposición del consenso, una actualización del mismo orden, más que como una transformación de sus fundamentos.
Las mujeres trabajadoras, indígenas, campesinas y jóvenes necesitan condiciones materiales para vivir sin violencia. Esto implica el fortalecimiento real (y no meramente declarativo) de sistemas de protección integral, refugios, salud pública con perspectiva de género, acceso efectivo a la justicia en territorios rurales y en lenguas indígenas, así como presupuestos suficientes para la prevención y atención de la violencia.
Pero incluso ese horizonte es limitado si no se interroga la trama más profunda que sostiene la dominación. La violencia está imbricada en la precarización laboral, en la desigualdad económica, en el racismo estructural y en la organización social del cuidado que descarga sobre las mujeres el trabajo invisible que reproduce la vida cotidiana. Mientras estas bases permanezcan intactas, la impunidad cambiará de rostro, pero no desaparecerá.
Por eso, la disputa por la justicia no es solo institucional. Es también una disputa por hegemonía: por qué se considera violencia, qué se entiende por reparación, quién define las prioridades del Estado y qué vidas son efectivamente protegidas. Sin esa disputa, las reformas corren el riesgo de funcionar como una modernización del mismo sentido común dominante, sin alterar sus jerarquías fundamentales.
En ese marco, la salida de Consuelo Porras o la renovación de la Corte de Constitucionalidad pueden modificar el escenario político inmediato, pero no alteran por sí mismas las estructuras que producen la violencia ni las relaciones sociales que la hacen posible. La impunidad puede cambiar de administración, pero seguir operando como forma de ordenamiento social.
Por eso, la lucha contra la violencia hacia las mujeres no puede quedar confinada al Estado ni depender de su voluntad reformista. Requiere organización independiente de las mujeres trabajadoras, indígenas, campesinas y de la juventud; capacidad de movilización; y construcción de un proyecto político que no se limite a exigir mejores instituciones, sino que dispute las condiciones mismas en las que esas instituciones existen y funcionan.
En ese sentido, la verdadera justicia para las mujeres no es solo castigo a los agresores ni mejora administrativa del sistema judicial, sino la transformación profunda de las condiciones materiales y simbólicas que hacen posible la violencia cotidiana. Sin tocar esas raíces, económicas, sociales y culturales, cualquier reforma institucional será, en el mejor de los casos, un cambio leve dentro de un mismo orden.
