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Lala Pasquinelli: "El feminismo es uno de los movimientos más importantes del mundo"
25 de abril, por Entrevista — Géneros y Sexualidades, Myriam Bregman, Mandato, Movimiento de mujeres, Patriarcado, maternidad, Feminismos, Principal Grande2, Al Hueso, Géneros y Sexualidades, Myriam Bregman, Mandato, Movimiento de mujeres, Patriarcado, maternidad, Feminismos, Principal Grande2, Al Hueso
En Al Hueso, Lala Pasquinelli desarmó los sentidos comunes sobre la maternidad a partir de su nuevo libro Maternidad: ¿deseo o mandato?, reflexionó sobre las presiones que moldean la vida cotidiana y cómo el feminismo los pone en cuestión para abrir otras formas posibles de vivir.
En la entrevista Al Hueso de esta semana conversamos con Lala Pasquinelli, artivista feminista y poeta, fundadora de Mujeres Que No Fueron Tapa, sobre el avance de las derechas, el rol del poder económico y las redes, y por qué el feminismo sigue siendo una fuerza clave frente a los intentos de disciplinar y controlar la vida de las mujeres.
Al Hueso es el nuevo espacio de entrevistas de La Izquierda Diario +, donde tratamos de salir del ruido cotidiano y meternos de lleno en los temas que importan.
A lo largo de la entrevista, Pasquinelli cuestionó la idea de que maternar es un destino natural y propuso pensarla como una experiencia atravesada por presiones sociales, culturales y económicas. También hubo lugar para hablar de las expectativas que pesan sobre las mujeres, muchas veces en silencio.
Con el tono cercano que caracteriza al ciclo, Al Hueso volvió a abrir preguntas más que a cerrar respuestas.¿Quiénes se benefician hoy de sostener y reproducir este mandato de la maternidad a toda costa?, ¿Qué preguntas siguen abiertas hoy dentro del movimiento feminista? ¿Qué discusiones todavía nos debemos?. Y mucho más.
No te la pierdas.
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Lala Pasquinelli: "El feminismo es uno de los movimientos más importantes del mundo"
25 de abril, por Entrevista — Géneros y Sexualidades, Myriam Bregman, Edición México, Mandato, Movimiento de mujeres, Patriarcado, maternidad, Feminismos, Al Hueso, Géneros y Sexualidades, Myriam Bregman, Edición México, Mandato, Movimiento de mujeres, Patriarcado, maternidad, Feminismos, Al Hueso
En Al Hueso, Lala Pasquinelli desarmó los sentidos comunes sobre la maternidad a partir de su nuevo libro Maternidad: ¿deseo o mandato?, reflexionó sobre las presiones que moldean la vida cotidiana y cómo el feminismo los pone en cuestión para abrir otras formas posibles de vivir.
En la entrevista Al Hueso de esta semana conversamos con Lala Pasquinelli, artivista feminista y poeta, fundadora de Mujeres Que No Fueron Tapa, sobre el avance de las derechas, el rol del poder económico y las redes, y por qué el feminismo sigue siendo una fuerza clave frente a los intentos de disciplinar y controlar la vida de las mujeres.
Al Hueso es el nuevo espacio de entrevistas de La Izquierda Diario +, donde tratamos de salir del ruido cotidiano y meternos de lleno en los temas que importan.
A lo largo de la entrevista, Pasquinelli cuestionó la idea de que maternar es un destino natural y propuso pensarla como una experiencia atravesada por presiones sociales, culturales y económicas. También hubo lugar para hablar de las expectativas que pesan sobre las mujeres, muchas veces en silencio.
Con el tono cercano que caracteriza al ciclo, Al Hueso volvió a abrir preguntas más que a cerrar respuestas.¿Quiénes se benefician hoy de sostener y reproducir este mandato de la maternidad a toda costa?, ¿Qué preguntas siguen abiertas hoy dentro del movimiento feminista? ¿Qué discusiones todavía nos debemos?. Y mucho más.
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Falsas denuncias: el proyecto que castiga a quienes se animan a hablar
23 de abril, por Actualidad — Géneros y Sexualidades, Myriam Bregman, Violencia machista, Falsas denuncias, Géneros y Sexualidades, Myriam Bregman, Violencia machista, Falsas denuncias
Bajo el argumento de combatir un problema inexistente, el Senado avanza con una reforma que endurece penas por “falsas denuncias” en casos de violencia de género, abuso sexual y contra las infancias. Impulsado por Carolina Losada, el proyecto ya tiene dictamen y podría tratarse en el recinto, con efectos concretos: desalentar y silenciar a quienes denuncian.
En nombre de un problema que no existe, el Senado argentino está a punto de avanzar con una reforma penal que sí tiene efectos muy concretos: disciplinar, desalentar y silenciar a quienes se animan a denunciar la violencia machista. El proyecto impulsado por la senadora santafesina Carolina Losada, que ya cuenta con dictamen favorable de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y podría tratarse en el recinto en los próximos días, propone endurecer las penas por “falsas denuncias” cuando se trate de casos de violencia de género, abuso sexual o situaciones que involucren a niñas, niños y adolescentes.
La escena no es nueva. Bajo la retórica de la “defensa de inocentes” y la “seguridad jurídica”, se reinstala una “sospecha” histórica: la de que las mujeres y las infancias mienten. Pero los datos, las investigaciones y la experiencia judicial dicen otra cosa. Lo que está en juego no es una mejora del sistema penal, sino una disputa política, ideológica y cultural sobre quiénes tienen derecho a ser creídas.
Qué dice el proyecto
El proyecto modifica los artículos 245, 275 y 277 del Código Penal para agravar las penas en casos de falsas denuncias y falso testimonio, ya contemplados en ese texto. En su redacción actual, la propuesta de Losada establece penas de 3 a 6 años de prisión cuando la supuesta falsedad esté vinculada a “delitos de violencia de género, violencia familiar contra menores de edad, o delitos contra la integridad sexual”.
Además, amplía la persecución penal a testigos, peritos e intérpretes, aumentando penas e imponiendo la inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena recibida para el caso de profesionales encontrados culpables.
El núcleo de la iniciativa es claro: endurecer la respuesta penal en un área específica -ni siquiera sobre todas las falsas denuncias- sino exclusivamente sobre aquellas que involucran violencia de género. Un recorte que no tiene nada de técnico, sino que parte de una decisión ideológica y política, que alienta desde su asunción el gobierno de Javier Milei, junto a la derecha más conservadora.
Con esta reforma, una supuesta “falsa denuncia” podría ser castigada con penas más altas que algunos delitos de abuso sexual. Por eso, lejos de resolver problemas, el proyecto agrega una nueva capa: el miedo a ser denunciado o denunciada, ya sea como víctima, como testigo, o como profesional.
Un problema más que inflado
El avance de esta iniciativa ya generó alertas a nivel internacional. El Comité de la CEDAW instó en 2025 al Estado argentino a retirar el proyecto, advirtiendo que podría desalentar denuncias y obstaculizar el acceso a la justicia.
Las cifras, además, son contundentes. Según datos citados por organizaciones especializadas, las falsas denuncias representan apenas el 0,25%, a lo sumo el 0,3%, de las condenas penales en Argentina (Consejo de la Magistratura, 2025). En muchos casos, además, están vinculadas a delitos económicos, no a violencia de género. A nivel internacional, el fenómeno es igual de marginal: menos del 1% de los casos (ONU Mujeres, 2024).
En cambio, el verdadero problema es el silencio. Solo 1 de cada 4 mujeres denuncia violencia de género, y en casos de violencia sexual, la cifra desciende al 10%. Lo recordó el pasado 21 de abril Natalia Gherardi, Directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), en una Jornada de debate que se concretó recientemente en el Senado de la Nación.
La mayoría de los abusos ocurre en ámbitos “privados”, de intimidad, muchas veces de confianza, y donde denunciar implica exponerse y enfrentar un sistema que revictimiza en lugar de alojar, de proteger. Por supuesto, ese silencio tiene consecuencias concretas. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Edición 2023), sólo el 18% de las víctimas directas de femicidio había realizado al menos una denuncia formal contra su victimario antes del crimen, y menos del 5% contaba con medidas de protección vigentes al momento del hecho.
Es decir que no se trata de un vacío legal sino de la construcción de una respuesta punitiva que no se corresponde con la evidencia, sino con la apuesta por reinstalar la sospecha sobre quienes se animan a contar la violencia que vivieron.
La trampa conceptual: cuando no hay prueba, ¿hay mentira?
Uno de los puntos más graves del proyecto es su efecto sobre el sentido común judicial. En delitos de violencia de género o abuso sexual, la falta de condena no implica falsedad. Muchas causas no prosperan por dificultades probatorias estructurales: hechos que ocurren dentro de las paredes del hogar, sin testigos directos, bajo dinámicas de poder y tiempos subjetivos y materiales completamente desiguales, en detrimento de las víctimas.
Sin embargo, la reforma introduce un riesgo concreto: que la falta de prueba sea reinterpretada como indicio de falsedad. Ese desplazamiento no es menor. Implica trasladar la carga de la prueba hacia quienes denuncian y abrir la puerta a su persecución penal. El resultado es previsible: menos denuncias ante un sistema que ya expulsa con múltiples barreras, como lo son los procesos largos, costosos y revictimizantes por los que hay que atravesar, o la falta de patrocinio jurídico gratuito, o los sesgos de género en operadores judiciales, o las dilaciones e incumplimientos de medidas de protección, por mencionar algunos.
Pero además, el proyecto institucionaliza el silenciamiento que promueve el propio Estado con los despidos en programas de atención a las víctimas de violencia, recorte de políticas conquistadas con años de lucha y organización y negación de la violencia machista. A esto se suma el ataque permanente a otras políticas de prevención, como los constantes intentos de vaciar la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), que durante años funcionó como una herramienta clave para detectar situaciones de abuso y acompañar a niñas, niños y adolescentes, producto de la pelea dada por la docencia y la comunidad educativa. El desmantelamiento de estos dispositivos no es ingenuo: es parte de una misma orientación estatal que restringe derechos y debilita las herramientas de denuncia.
Tampoco se trata de un movimiento aislado. En 2025, la Red de Medios Digitalespresentó un “Relevamiento sobre el lobby de las falsas denuncias: la última trinchera de la ultraderecha”, una investigación colaborativa realizada por Feminacida, Periódicas, Enfant Terrible y La Nota Tucumán. El relevamiento identificó 44 actores -entre organizaciones, fundaciones, profesionales del derecho y funcionarios- a cargo de la producción y circulación de discursos contra la llamada ideología de género.
La figura de falsa denuncia, ya considerada en el Código Penal, tiene una definición legal precisa y restrictiva: exige la acreditación de una intención deliberada de denunciar un hecho inexistente. No alcanza con que una causa no prospere. Equiparar archivo o absolución con falsedad no solo es incorrecto, sino que distorsiona la realidad, en pos de esa política.
Pero este proyecto va más allá. Como señaló en sus redes la diputada Myriam Bregman, apunta a disciplinar, a reinstalar sentidos comunes como el de la de “mala víctima”, el de “madre manipuladora”, el de un interés económico detrás de la denuncia, el de teorías hartamente desacreditadas como la del (falso) Síndrome de Alienación Parental (SAP). Construcciones sin sustento científico, utilizadas generalmente por las defensas, para invertir la carga de la prueba y fortalecer campañas de desprestigio contra quienes se animan a hablar de la violencia que viven o vivieron, y contra quienes les acompañan, presentandoles como “operadores” que buscan dañar la imagen de los acusados.
OPERACIÓN FALSA.
El proyecto de “falsas denuncias” de la senadora Carolina Losada que propone penalizar a quienes denunciaran “falsamente” por haber sido víctimas o testigos de violencia sexual —y de género en general— con penas de 3 a 6 años de prisión, que se aprobó en…
— Myriam Bregman (@myriambregman) April 22, 2026
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Como dice la diputada del PTS/FITU, “la intención es construir una respuesta punitiva que no se corresponde con la evidencia, sino con una operación política: reinstalar la sospecha sobre quienes se animan a denunciar, profundizando el negacionismo de género para amedrentar a las víctimas y silenciarlas“.
Frente a ea avanzada que vemos fortalecerse de la la mano de la gestión libertaria, con el propio presidente Javier Milei calificando al feminismo como una “distorsión” en el Foro de Davos, mientras que el entonces ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona cuestionaba la figura de femicidio, abonando su eliminación del Código Penal, recuperar la organización y la movilización en la calle se vuelve una tarea urgente.
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Se conformó en psicología un comité de género estudiantil a partir de una asamblea por Sophia.
23 de abril, por UNR — Géneros y Sexualidades, Violencia de género, Santa Fe, UNR, Géneros y Sexualidades, Violencia de género, Santa Fe, UNR
Tras una asamblea convocada por Pan y Rosas, se conformó un espacio de organización contra la violencia machista en la facultad, a partir del femicidio de Sophia. Sus principales resoluciones son marchar por la ley de financiamiento universitario y movilizarse por Sophia.
La asamblea tuvo una concurrencia de más de 40 estudiantes, donde además de participar Pan y Rosas (PTS-FITU), y estudiantes independientes, participó la decana Soledad Cottone, pulsión (actual conducción del centro de estudiantes), la Masotta, Construcción comunitaria, Pampilon y ALDE. La asamblea resolvió constituirse como comité de género autoorganizado dentro de la facultad, ante la ausencia de participación y actividad de las secretarías.
Ante el grave caso de femicidio de Sophia, estudiante de psicología en la UNR, la agrupación Pan y Rosas, parte del frente de izquierda comenzó a desarrollar una campaña política en las facultades. Sus amigas denunciaron que parte del motivo por el cual Sophia seguía viviendo con su pareja, tenía que ver con la crisis económica, no podía mudarse.
Las autoridades de la facultad y el centro de estudiantes, no convocó a ningún espacio de organización para que las y los estudiantes puedan debatir ante un hecho tan doloroso y movilizante. Es en ese marco en que Pan y Rosas comenzó esta campaña, que consistió en distintas cosas. En primera instancia, desde que se confirmó el crimen, pasar por los cursos exigiendo que exista un espacio para poder organizarse por el tema.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Morena, estudiante de psicología e integrante de Pan y Rosas nos comentaba “La crisis social se agrava y las mujeres somos las primeras en que nos afecte, no es casualidad que crezca el índice de femicidios y de intentos de femicidios, mientras la crisis económica y social avanza, pero también mientras Milei niega la violencia de género, intenta sacar la categoría de femicidio y su gobierno corre el eje diciendo que existen falsas denuncias”. Por su parte, Valentina, estudiante de la tecnicatura en acompañante terapéutica y parte de Pan y Rosas nos decía: “Lamentablemente el centro de estudiantes no convocó a ninguna medida, hasta minutos antes de la asamblea no sabíamos siquiera si iban a participar. El centro de estudiantes tiene una secretaria de género pero no se sabe ni quien la tiene ni para qué sirve, porque tendrían que estar haciendo cosas al respecto, ahora que el crimen ya sucedió pero también para prevenir esta situación. No podemos permitir ni esperar a que vuelva a pasar”
La jornada comenzó desde temprano, pegando carteles en los salones visibilizando la ausencia: “En este salón falta Sophia”; “En este pasillo falta Sophia”. Muchos y muchas estudiantes se acercaron a colaborar pegando carteles y preguntando cómo podían colaborar con la causa que los afectaba de cerca.
A las 15 horas comenzó la convocatoria, de a poco fue llegando gente y terminó siendo una asamblea que nucleo a más de 40 estudiantes. Lo más novedoso fue que la asamblea fundó el “comité autoconvocado de género”, espacio que se propone a continuar con la lucha por Sophia y a debatir las problemáticas que hacen a la violencia machista dentro y fuera de la facultad.
Fueron parte las amigas y familiares de Sophia, que transforman su dolor en fuerza para poner en debate que no podemos dejar pasar más los discursos de odio y que tenemos que encontrarnos colectivamente para frenar la violencia machista.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Entre las resoluciones se definió movilizar en la marcha por el presupuesto universitario con una gran bandera del comité y la lucha por Sophia, para unificar ambas luchas, y convocar a una gran concentración el viernes a las 17 horas en la plaza 25 de Mayo. Además convocaron a una nueva asamblea para el dia 6 de Mayo, con exigencia a que el centro de estudiantes convoque, entre otras medidas
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Ley Iara: Diputadas del PTS FITU cuestionaron el informe del Concejo de las Mujeres de Jujuy
23 de abril, por Legislatura — Géneros y Sexualidades, Jujuy, Legislatura, Natalia Morales, Frente de Izquierda, #NiUnaMenos, Ni Una Menos, Géneros y Sexualidades, Jujuy, Legislatura, Natalia Morales, Frente de Izquierda, #NiUnaMenos, Ni Una Menos
Así lo manifestó Natalia Morales, presidenta de la Comisión de Género de la Legislatura. "El informe de Lourdes Navarro, titular del Concejo omitió datos importantes sobre las políticas de prevención llevadas adelante contra la violencia machista en Jujuy", afirmó. "Si la provincia está entre los primeros lugares con más femicidios por población no se puede justificar que se hace lo que se puede, cuando la UCR y el PJ aprobaron un migajas de presupuesto teniendo superávit fiscal".
También sostuvo "Hubo casos de femicidio como el de Daniela Mamaní, donde no se cumplió el protocolo, la policía podría haber evitado la muerte de la joven, sin embargo la titular del Concejo de las Mujeres, tiró la pelota a las víctimas que no denuncian".
A su vez la diputada Lamia Debbo afirmó "si bien las diputadas de la UCR y del PJ cuestionaron los recortes nacionales, salvo nuestro bloque nadie más hizo hincapié en si las medidas y recursos en la provincia están a la altura de la emergencia y si se destina el presupuesto necesario. Una mujer o persona de la diversidad en riesgo ¿puede afrontar la situación con un subsidio de 200 mil por única vez?", sostuvo.
"Nos fuimos sin saber cuántas viviendas se entregaron a víctimas de violencia de género, cuántas trabajadoras cuenta el Concejo de las Mujeres, si están contratadas o en planta y cuántos refugios hay en Jujuy, entre otras preguntas que entregamos por escrito desde nuestro bloque para que nos respondan", planteó Natalia Morales
Para finalizar, apuntó "Una vez más la política estatal muestra sus estrechos límites en materia de prevención, es elocuente la falta de presupuesto. Ante esto opinamos que no podemos quedarnos esperando nada del gobierno, como es parte de la tradición del movimiento de mujeres y feminismos, solo con la organización y la pelea en las calles podemos pelear por medidas de emergencia por Ni Una Menos y nuestros derechos". Y aclaró, "estas peleas son parte de una pelea más a fondo por la unidad del movimiento de mujeres con la clase trabajadora para derrotar el plan de ajuste de los gobiernos según ordena el FMI y los grandes empresarios, que golpean con mayor crudeza sobre las mujeres y la juventud".
