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Falsas denuncias: el proyecto que castiga a quienes se animan a hablar
23 de abril, por Actualidad — Géneros y Sexualidades, Myriam Bregman, Violencia machista, Falsas denuncias, Géneros y Sexualidades, Myriam Bregman, Violencia machista, Falsas denuncias
Bajo el argumento de combatir un problema inexistente, el Senado avanza con una reforma que endurece penas por “falsas denuncias” en casos de violencia de género, abuso sexual y contra las infancias. Impulsado por Carolina Losada, el proyecto ya tiene dictamen y podría tratarse en el recinto, con efectos concretos: desalentar y silenciar a quienes denuncian.
En nombre de un problema que no existe, el Senado argentino está a punto de avanzar con una reforma penal que sí tiene efectos muy concretos: disciplinar, desalentar y silenciar a quienes se animan a denunciar la violencia machista. El proyecto impulsado por la senadora santafesina Carolina Losada, que ya cuenta con dictamen favorable de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y podría tratarse en el recinto en los próximos días, propone endurecer las penas por “falsas denuncias” cuando se trate de casos de violencia de género, abuso sexual o situaciones que involucren a niñas, niños y adolescentes.
La escena no es nueva. Bajo la retórica de la “defensa de inocentes” y la “seguridad jurídica”, se reinstala una “sospecha” histórica: la de que las mujeres y las infancias mienten. Pero los datos, las investigaciones y la experiencia judicial dicen otra cosa. Lo que está en juego no es una mejora del sistema penal, sino una disputa política, ideológica y cultural sobre quiénes tienen derecho a ser creídas.
Qué dice el proyecto
El proyecto modifica los artículos 245, 275 y 277 del Código Penal para agravar las penas en casos de falsas denuncias y falso testimonio, ya contemplados en ese texto. En su redacción actual, la propuesta de Losada establece penas de 3 a 6 años de prisión cuando la supuesta falsedad esté vinculada a “delitos de violencia de género, violencia familiar contra menores de edad, o delitos contra la integridad sexual”.
Además, amplía la persecución penal a testigos, peritos e intérpretes, aumentando penas e imponiendo la inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena recibida para el caso de profesionales encontrados culpables.
El núcleo de la iniciativa es claro: endurecer la respuesta penal en un área específica -ni siquiera sobre todas las falsas denuncias- sino exclusivamente sobre aquellas que involucran violencia de género. Un recorte que no tiene nada de técnico, sino que parte de una decisión ideológica y política, que alienta desde su asunción el gobierno de Javier Milei, junto a la derecha más conservadora.
Con esta reforma, una supuesta “falsa denuncia” podría ser castigada con penas más altas que algunos delitos de abuso sexual. Por eso, lejos de resolver problemas, el proyecto agrega una nueva capa: el miedo a ser denunciado o denunciada, ya sea como víctima, como testigo, o como profesional.
Un problema más que inflado
El avance de esta iniciativa ya generó alertas a nivel internacional. El Comité de la CEDAW instó en 2025 al Estado argentino a retirar el proyecto, advirtiendo que podría desalentar denuncias y obstaculizar el acceso a la justicia.
Las cifras, además, son contundentes. Según datos citados por organizaciones especializadas, las falsas denuncias representan apenas el 0,25%, a lo sumo el 0,3%, de las condenas penales en Argentina (Consejo de la Magistratura, 2025). En muchos casos, además, están vinculadas a delitos económicos, no a violencia de género. A nivel internacional, el fenómeno es igual de marginal: menos del 1% de los casos (ONU Mujeres, 2024).
En cambio, el verdadero problema es el silencio. Solo 1 de cada 4 mujeres denuncia violencia de género, y en casos de violencia sexual, la cifra desciende al 10%. Lo recordó el pasado 21 de abril Natalia Gherardi, Directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), en una Jornada de debate que se concretó recientemente en el Senado de la Nación.
La mayoría de los abusos ocurre en ámbitos “privados”, de intimidad, muchas veces de confianza, y donde denunciar implica exponerse y enfrentar un sistema que revictimiza en lugar de alojar, de proteger. Por supuesto, ese silencio tiene consecuencias concretas. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Edición 2023), sólo el 18% de las víctimas directas de femicidio había realizado al menos una denuncia formal contra su victimario antes del crimen, y menos del 5% contaba con medidas de protección vigentes al momento del hecho.
Es decir que no se trata de un vacío legal sino de la construcción de una respuesta punitiva que no se corresponde con la evidencia, sino con la apuesta por reinstalar la sospecha sobre quienes se animan a contar la violencia que vivieron.
La trampa conceptual: cuando no hay prueba, ¿hay mentira?
Uno de los puntos más graves del proyecto es su efecto sobre el sentido común judicial. En delitos de violencia de género o abuso sexual, la falta de condena no implica falsedad. Muchas causas no prosperan por dificultades probatorias estructurales: hechos que ocurren dentro de las paredes del hogar, sin testigos directos, bajo dinámicas de poder y tiempos subjetivos y materiales completamente desiguales, en detrimento de las víctimas.
Sin embargo, la reforma introduce un riesgo concreto: que la falta de prueba sea reinterpretada como indicio de falsedad. Ese desplazamiento no es menor. Implica trasladar la carga de la prueba hacia quienes denuncian y abrir la puerta a su persecución penal. El resultado es previsible: menos denuncias ante un sistema que ya expulsa con múltiples barreras, como lo son los procesos largos, costosos y revictimizantes por los que hay que atravesar, o la falta de patrocinio jurídico gratuito, o los sesgos de género en operadores judiciales, o las dilaciones e incumplimientos de medidas de protección, por mencionar algunos.
Pero además, el proyecto institucionaliza el silenciamiento que promueve el propio Estado con los despidos en programas de atención a las víctimas de violencia, recorte de políticas conquistadas con años de lucha y organización y negación de la violencia machista. A esto se suma el ataque permanente a otras políticas de prevención, como los constantes intentos de vaciar la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), que durante años funcionó como una herramienta clave para detectar situaciones de abuso y acompañar a niñas, niños y adolescentes, producto de la pelea dada por la docencia y la comunidad educativa. El desmantelamiento de estos dispositivos no es ingenuo: es parte de una misma orientación estatal que restringe derechos y debilita las herramientas de denuncia.
Tampoco se trata de un movimiento aislado. En 2025, la Red de Medios Digitalespresentó un “Relevamiento sobre el lobby de las falsas denuncias: la última trinchera de la ultraderecha”, una investigación colaborativa realizada por Feminacida, Periódicas, Enfant Terrible y La Nota Tucumán. El relevamiento identificó 44 actores -entre organizaciones, fundaciones, profesionales del derecho y funcionarios- a cargo de la producción y circulación de discursos contra la llamada ideología de género.
La figura de falsa denuncia, ya considerada en el Código Penal, tiene una definición legal precisa y restrictiva: exige la acreditación de una intención deliberada de denunciar un hecho inexistente. No alcanza con que una causa no prospere. Equiparar archivo o absolución con falsedad no solo es incorrecto, sino que distorsiona la realidad, en pos de esa política.
Pero este proyecto va más allá. Como señaló en sus redes la diputada Myriam Bregman, apunta a disciplinar, a reinstalar sentidos comunes como el de la de “mala víctima”, el de “madre manipuladora”, el de un interés económico detrás de la denuncia, el de teorías hartamente desacreditadas como la del (falso) Síndrome de Alienación Parental (SAP). Construcciones sin sustento científico, utilizadas generalmente por las defensas, para invertir la carga de la prueba y fortalecer campañas de desprestigio contra quienes se animan a hablar de la violencia que viven o vivieron, y contra quienes les acompañan, presentandoles como “operadores” que buscan dañar la imagen de los acusados.
OPERACIÓN FALSA.
El proyecto de “falsas denuncias” de la senadora Carolina Losada que propone penalizar a quienes denunciaran “falsamente” por haber sido víctimas o testigos de violencia sexual —y de género en general— con penas de 3 a 6 años de prisión, que se aprobó en…
— Myriam Bregman (@myriambregman) April 22, 2026
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Como dice la diputada del PTS/FITU, “la intención es construir una respuesta punitiva que no se corresponde con la evidencia, sino con una operación política: reinstalar la sospecha sobre quienes se animan a denunciar, profundizando el negacionismo de género para amedrentar a las víctimas y silenciarlas“.
Frente a ea avanzada que vemos fortalecerse de la la mano de la gestión libertaria, con el propio presidente Javier Milei calificando al feminismo como una “distorsión” en el Foro de Davos, mientras que el entonces ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona cuestionaba la figura de femicidio, abonando su eliminación del Código Penal, recuperar la organización y la movilización en la calle se vuelve una tarea urgente.
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Se conformó en psicología un comité de género estudiantil a partir de una asamblea por Sophia.
23 de abril, por UNR — Géneros y Sexualidades, Violencia de género, Santa Fe, UNR, Géneros y Sexualidades, Violencia de género, Santa Fe, UNR
Tras una asamblea convocada por Pan y Rosas, se conformó un espacio de organización contra la violencia machista en la facultad, a partir del femicidio de Sophia. Sus principales resoluciones son marchar por la ley de financiamiento universitario y movilizarse por Sophia.
La asamblea tuvo una concurrencia de más de 40 estudiantes, donde además de participar Pan y Rosas (PTS-FITU), y estudiantes independientes, participó la decana Soledad Cottone, pulsión (actual conducción del centro de estudiantes), la Masotta, Construcción comunitaria, Pampilon y ALDE. La asamblea resolvió constituirse como comité de género autoorganizado dentro de la facultad, ante la ausencia de participación y actividad de las secretarías.
Ante el grave caso de femicidio de Sophia, estudiante de psicología en la UNR, la agrupación Pan y Rosas, parte del frente de izquierda comenzó a desarrollar una campaña política en las facultades. Sus amigas denunciaron que parte del motivo por el cual Sophia seguía viviendo con su pareja, tenía que ver con la crisis económica, no podía mudarse.
Las autoridades de la facultad y el centro de estudiantes, no convocó a ningún espacio de organización para que las y los estudiantes puedan debatir ante un hecho tan doloroso y movilizante. Es en ese marco en que Pan y Rosas comenzó esta campaña, que consistió en distintas cosas. En primera instancia, desde que se confirmó el crimen, pasar por los cursos exigiendo que exista un espacio para poder organizarse por el tema.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Morena, estudiante de psicología e integrante de Pan y Rosas nos comentaba “La crisis social se agrava y las mujeres somos las primeras en que nos afecte, no es casualidad que crezca el índice de femicidios y de intentos de femicidios, mientras la crisis económica y social avanza, pero también mientras Milei niega la violencia de género, intenta sacar la categoría de femicidio y su gobierno corre el eje diciendo que existen falsas denuncias”. Por su parte, Valentina, estudiante de la tecnicatura en acompañante terapéutica y parte de Pan y Rosas nos decía: “Lamentablemente el centro de estudiantes no convocó a ninguna medida, hasta minutos antes de la asamblea no sabíamos siquiera si iban a participar. El centro de estudiantes tiene una secretaria de género pero no se sabe ni quien la tiene ni para qué sirve, porque tendrían que estar haciendo cosas al respecto, ahora que el crimen ya sucedió pero también para prevenir esta situación. No podemos permitir ni esperar a que vuelva a pasar”
La jornada comenzó desde temprano, pegando carteles en los salones visibilizando la ausencia: “En este salón falta Sophia”; “En este pasillo falta Sophia”. Muchos y muchas estudiantes se acercaron a colaborar pegando carteles y preguntando cómo podían colaborar con la causa que los afectaba de cerca.
A las 15 horas comenzó la convocatoria, de a poco fue llegando gente y terminó siendo una asamblea que nucleo a más de 40 estudiantes. Lo más novedoso fue que la asamblea fundó el “comité autoconvocado de género”, espacio que se propone a continuar con la lucha por Sophia y a debatir las problemáticas que hacen a la violencia machista dentro y fuera de la facultad.
Fueron parte las amigas y familiares de Sophia, que transforman su dolor en fuerza para poner en debate que no podemos dejar pasar más los discursos de odio y que tenemos que encontrarnos colectivamente para frenar la violencia machista.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Entre las resoluciones se definió movilizar en la marcha por el presupuesto universitario con una gran bandera del comité y la lucha por Sophia, para unificar ambas luchas, y convocar a una gran concentración el viernes a las 17 horas en la plaza 25 de Mayo. Además convocaron a una nueva asamblea para el dia 6 de Mayo, con exigencia a que el centro de estudiantes convoque, entre otras medidas
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Ley Iara: Diputadas del PTS FITU cuestionaron el informe del Concejo de las Mujeres de Jujuy
23 de abril, por Legislatura — Géneros y Sexualidades, Jujuy, Legislatura, Natalia Morales, Frente de Izquierda, #NiUnaMenos, Ni Una Menos, Géneros y Sexualidades, Jujuy, Legislatura, Natalia Morales, Frente de Izquierda, #NiUnaMenos, Ni Una Menos
Así lo manifestó Natalia Morales, presidenta de la Comisión de Género de la Legislatura. "El informe de Lourdes Navarro, titular del Concejo omitió datos importantes sobre las políticas de prevención llevadas adelante contra la violencia machista en Jujuy", afirmó. "Si la provincia está entre los primeros lugares con más femicidios por población no se puede justificar que se hace lo que se puede, cuando la UCR y el PJ aprobaron un migajas de presupuesto teniendo superávit fiscal".
También sostuvo "Hubo casos de femicidio como el de Daniela Mamaní, donde no se cumplió el protocolo, la policía podría haber evitado la muerte de la joven, sin embargo la titular del Concejo de las Mujeres, tiró la pelota a las víctimas que no denuncian".
A su vez la diputada Lamia Debbo afirmó "si bien las diputadas de la UCR y del PJ cuestionaron los recortes nacionales, salvo nuestro bloque nadie más hizo hincapié en si las medidas y recursos en la provincia están a la altura de la emergencia y si se destina el presupuesto necesario. Una mujer o persona de la diversidad en riesgo ¿puede afrontar la situación con un subsidio de 200 mil por única vez?", sostuvo.
"Nos fuimos sin saber cuántas viviendas se entregaron a víctimas de violencia de género, cuántas trabajadoras cuenta el Concejo de las Mujeres, si están contratadas o en planta y cuántos refugios hay en Jujuy, entre otras preguntas que entregamos por escrito desde nuestro bloque para que nos respondan", planteó Natalia Morales
Para finalizar, apuntó "Una vez más la política estatal muestra sus estrechos límites en materia de prevención, es elocuente la falta de presupuesto. Ante esto opinamos que no podemos quedarnos esperando nada del gobierno, como es parte de la tradición del movimiento de mujeres y feminismos, solo con la organización y la pelea en las calles podemos pelear por medidas de emergencia por Ni Una Menos y nuestros derechos". Y aclaró, "estas peleas son parte de una pelea más a fondo por la unidad del movimiento de mujeres con la clase trabajadora para derrotar el plan de ajuste de los gobiernos según ordena el FMI y los grandes empresarios, que golpean con mayor crudeza sobre las mujeres y la juventud".
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Alcida y Laurta, los femicidas libertarianos que militaron el odio a las mujeres
22 de abril, por Violencia machista — Géneros y Sexualidades, Femicidios, Columnistas Vertical , Misoginia, Agustín Laje, Feminismos, Nicolás Márquez, Gordo Dan, libertariano, Géneros y Sexualidades, Femicidios, Columnistas Vertical , Misoginia, Agustín Laje, Feminismos, Nicolás Márquez, Gordo Dan, libertariano
El análisis de las redes sociales de Valentín Alcida y Pablo Laurta revela una sintonía escalofriante con los ideólogos del gobierno de Milei. La investigación judicial expone cómo la retórica de la ultraderecha funciona como un "permiso moral" para la violencia extrema contra las mujeres y las diversidades.
El horror tiene nombres propios, pero también una genealogía ideológica que no se puede ignorar. Los casos de Valentín Alcida y Pablo Laurta no pueden ser analizados como hechos aislados de violencia individual.
Ambos compartían una militancia activa en círculos de ideas reaccionarias, misóginas y xenófobas, las mismas que hoy encuentran eco y validación en las esferas más altas del gobierno y en los principales referentes de la ultraderecha.
Las huellas del odio: El rastro digital de Valentín Alcida
En el marco de la investigación judicial por el femicidio de su pareja, Sophia Civarelli de 22 años, la Justicia y los peritos informáticos han comenzado a reconstruir el perfil de Alcida a través de sus interacciones en redes sociales. Lo que emerge es un agresor que se alineaba perfectamente con las posturas del gobierno actual.
Las publicaciones, que ahora forman parte del expediente como prueba de la premeditación y el odio de género, revelan una obsesión por la "batalla cultural" y un desprecio sistemático hacia la autonomía de las mujeres. Sus perfiles en plataformas como X e Instagram funcionaban como una vidriera de los discursos que hoy promueven figuras como el Gordo Dan, Agustín Laje o Nicolás Márquez. Entre los hallazgos se encuentran posteos recurrentes calificando al feminismo como un "movimiento totalitario" y la celebración del desmantelamiento de políticas públicas de protección a las víctimas.
Pablo Laurta: El espejo de la radicalización política
Al igual que en el caso de Alcida, la reconstrucción del perfil Pablo Laurta (doble femicidio seguido de un asesinato vinculado para encubrir su huida. Las víctimas fueron su expareja, Luna Yardina de26 años, y su exsuegra, Mariel Samudio de 50 años) tras su detención ha revelado un entramado de violencia y radicalización. Sus redes sociales eran una trinchera desde donde replicaba con fervor la retórica de los principales ideólogos del gobierno de Milei.
Laurta se presentaba como un "defensor de la libertad" y un combatiente contra la "dictadura de lo políticamente correcto". Sus publicaciones más recientes lo muestran como un seguidor acérrimo de las cuentas de choque oficialistas, utilizando terminología como "feminazi", "ideología de género" y "limpieza cultural" para hostigar a activistas. Además, reivindicaba una estructura familiar patriarcal extrema, donde cualquier intento de independencia femenina era visto como una "traición a los valores naturales".
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La "sensación de impunidad" desde el poder
Para la fiscalía y la querella, estos perfiles son clave para determinar el agravante de odio de género. Al ver que desde la Casa Rosada y sus terminales digitales se insulta a las diversidades sexuales, se niega la violencia de género y se desmantelan los organismos de control, sujetos con este perfil interpretan que el Estado ya no protege a las víctimas, sino que los avala a ellos.
La evidencia digital apunta a que el discurso de odio de la ultraderecha fue el combustible que legitimó el paso del posteo a la acción letal.
Valentín Alcida y Pablo Laurta (referente de agrupaciones como Varones Unidos) operaban dentro de una arquitectura de odio diseñada por la ultraderecha. Al replicar la retórica de personajes libertarianos, estos femicidas encontraron en el discurso oficial un "permiso" moral para ejercer la violencia extrema contra aquello que el propio gobierno señala como el enemigo: la autonomía de las mujeres y las diversidades sexuales.
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Descubren red que usaba sumisión química para abusar mujeres y comercializar videos a escala mundial
22 de abril, por Violencia machista — Géneros y Sexualidades, Columnistas Vertical , Abusos sexuales, Donald Trump, Misoginia, sexodiversidad, #Feminismo, Ultraderecha, Feminismos, woke, Géneros y Sexualidades, Columnistas Vertical , Abusos sexuales, Donald Trump, Misoginia, sexodiversidad, #Feminismo, Ultraderecha, Feminismos, woke
La investigación de las periodistas Saskya Vandoorne y Niamh Kennedy expone la existencia de una red internacional de abusos sexuales contra mujeres organizada en plataformas digitales encriptadas. El informe describe una “Academia de la Violación” donde no hay hechos aislados, sino una comunidad global, con 62 millones de visitas, que comparte técnicas de sumisión química, coordina prácticas de violencia y mercantiliza la agresión contra mujeres a una escala sin precedentes documentados.
Si alguien te dijera que tu pareja, ese con el que compartís la vida, los hijos y los años, te droga sistemáticamente para abusar de vos mientras estás inconsciente; y que no solo eso, sino que filma y lo sube a redes para que otros miles de usuarios lo vean, lo comenten y lo celebren, probablemente no lo creerías. Dirías que es un guion de terror distópico, algo imposible en la cotidianidad de un hogar "normal". Pero la realidad, cruda y brutal, ha demostrado que esa pesadilla existe.
Tras meses de una exhaustiva labor de infiltración en las capas más oscuras de la red, la unidad As Equals de CNN publicó entre marzo y abril de 2026 una investigación que desnudó una red transnacional de hombres coordinando abusos sexuales mediante plataformas encriptadas.
Las periodistas Saskya Vandoorne y Niamh Kennedy y su equipo publicaron los resultados de la investigación y el informe reveló la existencia de una auténtica “Academia de la Violación”. Se trata de una comunidad global organizada para sistematizar el abuso, compartiendo tácticas de sumisión y mercantilizando la violencia contra las mujeres a una escala nunca antes documentada.
Los números son escalofriantes: el sitio principal investigado registró 62 millones de visitas en un solo mes. Para ponerlo en perspectiva, es como si toda la población de Italia estuviera activamente operando, consumiendo o validando el despojo absoluto de la humanidad de las mujeres. En estos foros, particularmente en Telegram y sitios como Motherless, se identificaron más de 20.000 videos de lo que cínicamente llaman "Sleep Content" (contenido de sueño): grabaciones de mujeres (la mayoría de las veces las propias parejas de los perpetradores) inconscientes o sedadas bajo sumisión química.
Dentro de esas redes, el video es el elemento dominante. Usuarios que anuncian transmisiones en vivo donde se subasta el abuso de mujeres drogadas en tiempo real por apenas 20 dólares, utilizando criptomonedas para garantizar la impunidad del rastro financiero.
Esta deshumanización digital ocurre en un contexto donde las estadísticas señalan que 3 de cada 5 mujeres sufrirá violencia sexual perpetrada por un varón en algún momento de su vida y que el 90% de estas agresiones nunca llega a denunciarse. El proyecto de ley sobre falsas denuncias en nuestro país, es una herramienta política para tapar la realidad sistemática de la violencia machista y disciplinar a quienes deciden romper el silencio, intentando reinstalar la sospecha sobre la víctima en lugar de sobre el victimario.
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El Espejo de Gisèle Pelicot: La vergüenza cambia de bando
Este horror global tiene un rostro y un nombre que ya es historia: Gisèle Pelicot. Su caso en Francia, donde su marido la drogó durante una década para que fuera violada por más de cincuenta desconocidos, fue el catalizador que permitió ver lo que ocurría en las sombras.
Como reconstruye Gisèle en su libro “Un himno a la vida” y su hija Caroline Darian en “Y dejé de llamarte papá”, la violencia machista no es un fenómeno marginal, sino que anida en el centro de las instituciones, como la familia, cuando estas se rigen por la lógica del dominio. La decisión de Gisèle de rechazar un juicio a puertas cerradas para que el mundo viera los videos y las pruebas, logró su objetivo: que la vergüenza cambiara de bando. No era ella quien debía esconderse; eran ellos, los "hombres comunes" —vecinos, profesionales, padres— los que debían ser expuestos como ejecutores de una red de odio.
El Hilo Invisible: Magnates, Algoritmos y Ultraderecha
Detrás de esta red no hay solo impulsos individuales sino una convergencia ideológica que conecta a los grandes magnates tecnológicos con las corrientes ultra reaccionarias. Estamos ante una agenda "anti-feminista radical" que la ultraderecha hoy agita como bandera.
La sumisión química, el uso de drogas para borrar la voluntad, es la herramienta perfecta que el patriarcado encuentra para devolvernos a una jerarquía servil donde la mujer es, otra vez, una mercancía o un recurso de uso.
La ultra derecha, que tiene entre sus mentores a Donald Trump y a sus aliados a uno y otro lado del globo, como el gobierno de Javier Milei en Argentina, constituye una ofensiva diaria contra la autonomía de las mujeres y las diversidades sexuales. Se amalgama con el poder de los magnates de las grandes tecnológicas, quienes han convertido la lucha contra la supuesta “ideología woke” en una cruzada reaccionaria para justificar la desregulación total de sus feudos digitales.
Mientras estos políticos y sus amigos multimillonarios de la red, utilizan sus plataformas para destilar misoginia y validar discursos de odio, sus políticas de gobierno exhiben un machismo obsceno que busca disciplinar a las mayorías.
La violencia machista no puede pensarse fuera del sistema que la sostiene: el patriarcado está indisolublemente ligado al capitalismo. Uno se alimenta del otro para organizar la opresión y la explotación de las mayorías.
Mientras los magnates de las redes cuentan clics y los gobiernos de ultraderecha redactan leyes para proteger a los agresores, nosotrxs tenemos las enormes movilizaciones del movimiento de mujeres y la diversidad sexual en el mundo, que en definitiva, son las que lograron instalar estos debates y masificar la lucha contra la violencia patriarcal. Porque a fin de cuentas, es la calle el lugar donde se escuchan nuestros reclamos y se ve nuestra fuerza.
