La Izquierda Diario - Género y Sexualidades

En una encuesta de mayo de este año, la propuesta de Milei que encabezaba el ránking de aprobación era la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), mientras la dolarización ocupaba el cuarto puesto. Los libertarianos supieron construir un relato en el que el ministerio es la metáfora de un Estado que decide sobre la vida de la gente coartando su libertad individual y generando una "casta" parasitaria de funcionarias que gozan de privilegios, a las que simplemente denominaron "las feministas" [1].

Por su parte, el gobierno con su claro giro a la derecha, también contribuyó a fortalecer esta idea hoy pregnante en el electorado que se inclinó por Milei en las PASO. Pasó de presentar la creación del MMGyD como un triunfo popular del feminismo, en 2019, a fortalecer a sus sectores más conservadores, pejotistas y antiderechos con la impía fractura expuesta del propio Poder Ejecutivo en la derrota de las elecciones legislativas de 2021. Fue cuando se decidió reemplazar al jefe de Gabinete, poniendo en su lugar al exgobernador Juan Manzur, cuestionado por dos casos paradigmáticos de violación de derechos que habían ocurrido en su provincia. [2] En ese momento, no solo algunos funcionarios oficialistas, sino también algunas funcionarias y referentes feministas identificadas con el gobierno acusaron a las voces críticas de ser porteñocéntricas, pequeñoburguesas y defensoras de una agenda minoritaria que no respondía a las necesidades de la mayoría de las mujeres. [3] Para algunos sectores del Frente de Todos (actualmente, Unión por la Patria), las feministas también pasaron a ser "una casta" de privilegiadas quisquillosas.

Desde el ángulo opuesto a Milei y al peronismo, sectores de feministas populares, de izquierda y anticapitalistas cuestionan al MMGyD por la insuficiencia de sus políticas. ¿Pero acaso es posible compatibilizar el ministerio de un gobierno que impone un ajuste dictado por el FMI -cuyas peores consecuencias recaen sobre las mujeres-, con una perspectiva feminista? Las feministas socialistas entendemos que la creación del MMGyD es una política destinada, esencialmente, a contener y canalizar al movimiento de mujeres que tuvo, en la última década, un crecimiento exponencial en las luchas contra la violencia de género y por el derecho al aborto, con un protagonismo indiscutible y novedoso en las calles, abandonadas por las direcciones sindicales del movimiento obrero. Sabemos que, históricamente, todos los derechos los hemos ganado cuando, con nuestra movilización, establecimos una relación de fuerzas favorable de la que tuvieron que tomar nota los gobiernos.

El Estado capitalista puede "rendir un homenaje" a las luchas de los movimientos sociales en esos estrictos términos: consolidando reformas de menor o mayor envergadura, siempre y cuando no se ponga en riesgo su misma esencia de garante de la propiedad privada (del capital). En lo que se refiere al movimiento de mujeres, leyes y políticas públicas que no alcancen a eliminar definitivamente la división sexual del trabajo, que establece la subordinación de las mujeres en el trabajo gratuito de reproducción social, fundamento de todas las irreductibles brechas e inequidades de género. Volveremos sobre esto hacia el final.

La contraofensiva institucionalizadora

Aunque la asimilación del feminismo por parte del Estado ha dado un salto en la intencionalidad política de este último gobierno, la institucionalización tiene una historia. Y su origen se sitúa en la política imperialista para desviar y derrotar la radicalización de masas de los años 70 que abrió paso al neoliberalismo.

En 1975, la ONU convocó a la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, en la Ciudad de México, en la que se instó a los gobiernos a actualizar la legislación vigente para conseguir la igualdad de género y la eliminación de la discriminación, la participación de las mujeres en el desarrollo y en su contribución a la paz mundial. Entre las conclusiones de esta conferencia, se planteaba que "el establecimiento de una maquinaria interdisciplinaria y multisectorial dentro del gobierno, tales como comisiones nacionales, oficinas de la mujer y otros cuerpos, con un staff y recursos adecuados, puede ser una efectiva medida transicional para la aceleración del logro de la igualdad de oportunidades para las mujeres y su total integración en la vida nacional." [4]

El imperialismo respondía, a su manera, a un movimiento feminista que ya había ganado su derecho de interlocutor destacado en las democracias capitalistas occidentales, en el marco de la derrota de EE.UU. en Vietnam, las guerras de liberación nacional en África, la revolución en Portugal, la radicalización de la lucha de clases en América Latina, etc. Por eso, ante un feminismo que era también un emergente más de estos procesos de radicalización social y política, el objetivo fue establecer una serie de agencias y organismos que actuaran como mediadores entre las mujeres movilizadas y el Estado, para contenerlas, desviarlas de un posible camino más radicalizado, asimilarlas al statu quo. El comienzo de la institucionalización del feminismo fue uno de los tantos mecanismos de desvío de la insubordinación de las masas en Occidente, que actuó mediante la concesión de las principales demandas y la incorporación de muchas referentes de estos movimientos en los partidos políticos del régimen o, más directamente, como funcionarias en los organismos del Estado. [5]

Visto desde ahora, cuando las democracias capitalistas llevan casi medio siglo de institucionalización de los movimientos sociales, es difícil dimensionar el cambio que significó para los Estados esta política de integración de las demandas de las mujeres. Pero, hasta entonces, la regulación de las relaciones sociales estaba teñida de un fuerte sesgo patriarcal, atendiendo las necesidades de las mujeres en tanto miembros de una familia y no como ciudadanas. Es decir, las políticas públicas destinadas a las mujeres estaban vinculadas con su rol como esposas (del ciudadano trabajador, sujeto de derechos extensibles a su familia) o como madres, con una impronta fuertemente asistencialista. [6] El cambio de paradigma surgido de la necesidad de encausar los aspectos más radicales del movimiento feminista, apuntó a que el Estado estableciera políticas públicas que cuestionaran y transformaran, relativamente, ese orden social generizado en el que las mujeres se encontraban en una situación de mayor inequidad y desigualdad respecto de los varones, que en la actualidad. La de México fue la primera conferencia de la ONU sobre las mujeres, a la que siguieron las de Conpenhague (1980), Nairobi (1985) y Beijing (1995), cuando directamente se insta a "adoptar el mainstreaming de género, es decir, una estrategia de políticas de largo plazo que incorporase la perspectiva de igualdad de género en la totalidad de las acciones estatales." [7] Un proceso que algunas autoras, como Nancy Fraser analizaron desde otra perspectiva, preguntándose si acaso el feminismo no colaboró en la legitimación de la transformación estructural de la sociedad capitalista. [8]

La "maquinaria de género" del endeble Estado argentino

Más allá de los avatares políticos que atravesó Argentina durante esas dos décadas entre las conferencias de México y Beijing -nada menos que una dictadura genocida, una guerra con Gran Bretaña, la reanudación de los gobiernos constitucionales, proceso hiperinflacionario, etc.-, la región no estuvo exenta de estos intentos de institucionalización del feminismo, a pesar de sus debilidades. María Luisa Storani, referente de la Unión Cívica Radical, rememora la campaña presidencial de 1983 para explicar por qué el voto de las mujeres fue definitivo en el triunfo de Raúl Alfonsín, en las primeras elecciones a la caída de la dictadura militar: "Mientras que el peronismo, con apoyo de la democracia cristiana y el comunismo, se comprometía a la autoamnistía, el radicalismo hacía eje en la unidad nacional, la sanción a los genocidas y la patria potestad compartida. Entonces militaron miles de mujeres. Fue en una condición de ruptura histórica en las condiciones de participación y el rol que nos asignaba el partido machista y patriarcal." [9] Durante este gobierno, el país se puso al día con la agenda promovida internacionalmente: el Congreso aprobó el divorcio vincular, la patria potestad compartida, la pensión para parejas en concubinato, el derecho de las mujeres casadas a usar sus apellidos, la igualdad de los hijos extramatrimoniales, etc. [10]

En 1987 se establece, por decreto presidencial, la Subsecretaría de la Mujer, en la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio de Salud y Acción Social. Al finalizar sus funciones, algunas feministas que colaboraron activamente con la subsecretaría, escribían un balance: "Nos faltó claridad con respecto a nuestro papel. Por momentos se nos confundía el espacio de acción; pretendimos más de una vez, que la Subsecretaría llevara a cabo tareas que, en realidad, debían ser realizadas por el movimiento de mujeres. (…). Todo era nuevo y debíamos preguntarnos, a cada momento, cómo se hacía. Había que crear las condiciones para instalar un nuevo orden político con participación de las mujeres." [11]

Durante los dos mandatos presidenciales consecutivos de Carlos Menem, funcionó el Consejo Nacional de la Mujer. En el primer período se aprueba la ley de cupo femenino que, en 1991, establece por primera vez un piso obligatorio del 30% de los cargos electivos para ser ocupados por mujeres. En 1994, se adopta con rango constitucional la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. [12] Sin embargo, ese momento significó un quiebre en la relación entre Estado y feminismo, porque también se incorpora con rango constitucional el Pacto de San José de Costa Rica que establece la defensa de la vida desde el momento de la concepción, provocando la respuesta de las activistas que venían reclamando la legalización del aborto. El Estado reasume una postura asistencialista hacia las mujeres, en su calidad de madres al frente de hogares pobres y nombra a una militante peronista como presidenta del Consejo, que se declara "defensora de la familia y del derecho a la vida". [13]

El feminismo, tradicionalmente, más afín al socialismo y el anarquismo en el movimiento obrero y a las universitarias y educadoras librepensadoras, se identificó mayoritariamente con el radicalismo y colaboró con cuadros, ideas y propuestas políticas con el gobierno de Raúl Alfonsín, multiplicando los lazos entre las luchas encabezadas por los organismos de Derechos Humanos, con las luchas de las mujeres por la inclusión de sus derechos en la agenda de la naciente democracia. Por el contrario, el peronismo no logró articular una robusta alianza institucional que consolidara políticas públicas en diálogo con la agenda feminista hasta el período reciente. [14]

En este brusco giro "antifeminista" de la institucionalidad de género, iniciado con la reforma de la Constitución Nacional a mediados de los ‘90, los Encuentros Nacionales de Mujeres -que se venían realizando desde 1986, por iniciativa autónoma del movimiento feminista- pegan un salto en su capacidad de convocatoria y se convierten en una de las manifestaciones más tempranas de oposición al gobierno menemista. Junto a la creciente participación de mujeres trabajadoras sindicalizadas y de sectores populares, también aumentan los ataques de la jerarquía eclesiástica con delegaciones adoctrinadas por los obispos para discutir contra las feministas, el derecho al aborto, la agenda de género, etc., como también con provocaciones y actos de violencia contra los ómnibus y los lugares de alojamiento. Mientras el gobierno fortalecía sus lazos con la Iglesia, el índice de desocupación alcanzaba dos dígitos. Durante todos esos años, no faltó que alguna funcionaria de gobiernos provinciales o municipales sugiriera a la Comisión Organizadora de los encuentros que no se trataran los temas urticantes para la Iglesia ni se manifestara frente a las catedrales.

Después de la crisis de 2001, el gobierno de Néstor Kirchner asumió la tarea de restaurar el orden estatal que había quedado hecho añicos. La mayor institucionalización de los movimientos sociales (desocupados, DD.HH., etc.) fue uno de sus logros, para conseguir ese objetivo. Sin embargo, el Estado siguió haciendo caso omiso a la demanda de aborto legal que ya se configuraba como el eje articulador de un nuevo activismo integrado por diferentes generaciones de feministas que además provenían de los ámbitos más diversos. En el año 2003, el Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en Rosario muestra un nuevo salto en la participación de numerosas organizaciones y activistas independientes que consiguen instalar en la portada de los diarios, por primera vez, el reclamo de aborto legal. Pero, también durante los siguientes dos mandatos de Cristina Kirchner y por expresa voluntad de la propia Presidenta, se impidió el debate parlamentario por la legalización del aborto, a pesar de la persistencia del movimiento de mujeres que presentó su propio proyecto de ley en cuatro oportunidades, entre 2007 y 2014. [15]

Si Evita viviera…

En una maniobra demagógica, el presidente Mauricio Macri termina siendo quien habilita el debate de la legalización del aborto en el Congreso Nacional que culmina con la media sanción de Diputados en junio de 2018 y el rechazo del Senado en agosto del mismo año. No se debió a ningún convencimiento feminista del presidente: con la dirigencia sindical peronista dispuesta a concederle gobernabilidad y los gobernadores opositores también dispuestos a que sus diputados votaran las leyes que proponía el oficialismo, el único actor político fuertemente opositor, con protagonismo en las calles y repercusión internacional era el movimiento feminista.

Más temprano que tarde, en un giro insospechado, el peronismo en la oposición -que había asistido con cierto recelo a la manifestación multitudinaria de Ni Una Menos durante los últimos meses de su gestión- entendió que había que sumarse a la marea verde que en las calles crecía reclamando "el derecho a decidir". De pronto, hasta los sectores menos pensados parecieron comprender el reclamo de sus propias compañeras de militancia, comprometidas con el feminismo. La iconografía peronista se vistió de verde. En un "gesto de apropiación fantaseada", si Evita viviera ya no sería montonera, pero seguramente sería abortera. [16] La revisión histórica dispuso un nuevo relato en el que el derecho al voto de 1947 era la punta de un hilo que recorría la historia peronista de los derechos democráticos, sociales y económicos que desembocaba en el aborto legal, ocultando los más de diez años de gobiernos kirchneristas que obstaculizaron varios intentos de que el proyecto llegara al recinto de Diputados.

Pero en 2018, la expresidenta -ahora senadora y jefa del bloque opositor- daba su discurso de conversión al feminismo al momento de votar a favor de la legalización del aborto en la cámara alta. Con la seguridad de que con algunos votos negativos de su propio bloque y muchos más del oficialismo, caería la media sanción conseguida con una exigua diferencia en Diputados, se dirigió a la multitud que soportaba estoicamente un furioso temporal en las calles aledañas al Congreso y pidió que "no se enojen con la Iglesia." Ya hacía varios meses que el peronismo había elegido el eslógan "Hay 2019" para justificar su pasividad frente a la política neoliberal del gobierno de Macri que nos ató nuevamente a los dictámenes del FMI. A las mujeres, también se les pidió esperar con paciencia que pasaran el mal trago, porque si el Frente de Todos ganaba las próximas elecciones, los recientemente convertidos al feminismo, legalizarían el aborto como lo pedía el pueblo.

¿Dónde están las feministas?

Así llegamos al comienzo de este artículo. Lo demás es historia conocida. El gobierno de Alberto Fernández creó el MMGyD, envió al Congreso un proyecto propio de legalización del aborto, consensuó modificaciones con los sectores más reacios de su propio bloque parlamentario y aprobó un derecho por el cual el movimiento de mujeres luchó persistentemente por casi veinte años. Inmediatamente, las organizaciones y referentes afines al gobierno se negaron a reimpulsar la movilización de ese potente movimiento que había llenado las calles de todo el país en los años recientes, ante muchas otras ocasiones que lo habrían ameritado. La desmovilización incluyó la incorporación de feministas en múltiples y diversos estamentos del Estado nacional, los estados provinciales y municipales, en infinidad de áreas de Género, departamentos de Mujeres y Diversidad Sexual, programas, cursos, asesorías que proliferaron en esta nueva relación entre Estado, expertas y activistas. La derecha aprovechó esas contradicciones para acusar al movimiento de estar sometido al disciplinamiento partidario y, ante cada ocasión, atacó desde las redes sociales con la pregunta "¿Dónde están las feministas?".

Apoyadas en la conquista del aborto legal y la moralización del movimiento feminista por este logro era el momento de trazar una fuerza diagonal desde "las pibas" y la masa crítica feminista hacia las mujeres de sectores populares que, a la salida de la pandemia, se encontraron en peores condiciones de precarización y resistieron los embates del ajuste, los tarifazos, el desempleo y la inflación aisladas por las direcciones sindicales y el movimiento feminista. Las topadoras, los helicópteros y las tropas policiales desplegadas por el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires contra la toma de tierras de Guernica -donde se instalaron precariamente centenares de mujeres, muchas con sus hijos y escapando de la violencia de género-, causaron un repudio generalizado que, sin embargo, no alcanzó para que las corrientes feministas aliadas al gobierno convocaran movilizaciones masivas en apoyo a las damnificadas y le exigiera una rendición de cuentas al gobierno "progresista" por su accionar.

El planteo de las feministas socialistas, aunque minoritario para convertirse en orientación hegemónica del movimiento, fue apoyarnos en el triunfo del feminismo para que esa energía pudiera contagiarse a sectores cada vez más amplios de mujeres, desatando su actividad y autoorganización. Guernica es uno de los tantos ejemplos de "oportunidad perdida" para que el feminismo y los sectores más empobrecidos de la clase trabajadora fortalecieran sus lazos de solidaridad y disuadieran sus resquemores mutuos. El terreno se fue haciendo cada vez más fértil para el malicioso discurso libertariano que iguala feminismo con Estado, ante la credulidad de quienes no tienen ningún "derecho" que defender de los futuros ataques, porque ya los han perdido todos en el presente.

La crisis económica, la inflación y los planes de ajuste fiscal dictados por el FMI hundieron casi a la mitad de la población bajo el nivel de pobreza. Las consecuencias de esta situación crítica repercuten con mayor dureza sobre las vidas precarizadas de la inmensa mayoría de las mujeres trabajadoras y del pueblo pobre. [17] Los índices de femicidios se mantienen constantes y se acrecienta la desesperación de las jefas de hogar que se quedan sin la posibilidad de alquilar un techo para protegerse, con sus hijos, de la violencia de género. La estigmatización y la represión no fueron exclusivas de la derecha. Pero los sectores hegemónicos del movimiento feminista no pusieron su poder de convocatoria al servicio de enfrentar al gobierno que nos llevaba a este desastre y le abría paso a la derecha libertariana. Como señala Fernando Rosso, "... a diferencia del 2001, cuando el país estaba movilizado, la pasivización impuesta durante todos estos años es una ventaja de la que gozan quienes quieren cristalizar la relación de fuerzas social y política de la herencia macrista. El haber sacado la política de las calles tiene su precio." [18]

Hipótesis de batalla

La derecha cuestiona la existencia del feminismo en el siglo XXI, aduciendo que las mujeres ya consiguieron la igualdad de derechos de la que carecían, incluso bien entrado el siglo XX. Pero ahora, ya está, señalan; el proceso de ampliación del Estado del cual el feminismo fue parte, ha resultado en su propia prescindibilidad. Sin embargo, esta objeción se funda en la premisa de que las desigualdades sociales no están relacionadas con las desigualdades políticas y viceversa. Si el feminismo es un movimiento que lucha solo por derechos democráticos y libertades civiles, es decir, por la igualdad política, el trabajo prácticamente ya está terminado, dice la derecha. El peronismo ahora nos dice que ya cumplió con esa parte y que hay que dejar de lado a las feministas para abocarnos a paliar las desigualdades sociales. Incluso, desde una mirada contraria a la de la derecha, como puede ser la de una izquierda economicista, se podría suponer que las desigualdades sociales que hay que combatir, requieren una lucha para la cual las desigualdades de género son insustanciales.

Pero si la ampliación de derechos políticos no redunda en igualdad social es porque esa es la misma quintaesencia de las democracias capitalistas, donde la igualdad ante la ley de los ciudadanos que concurren libremente en el mercado, reviste de misticismo la relación no igualitaria entre propietarios (del capital) y quienes deben vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, que apenas garantiza su propia reproducción como tal.

De la misma manera, el "pacto democrático" se apoya (en), al tiempo que oculta, la división entre lo público y lo privado, donde las mujeres nunca terminan de ser ciudadanas de la misma categoría que los ciudadanos ni alcanzan una igualdad económica respecto de los miembros masculinos de su propia clase, porque cargan con la reproducción social de esa fuerza de trabajo, lo que limita -históricamente, como grupo social aún mayoritario- su participación en los ámbitos públicos de la producción y el mercado, como también su acceso a los derechos del Estado ampliado y el ejercicio de la política en su sentido más amplio.

La ampliación del Estado, mediante la asimilación de los movimientos sociales y la institucionalización de sus demandas, no deja de ser un "homenaje" a la relación de fuerzas impuesta desde abajo. Sin embargo, sería un error confundir una política de desvío con la posibilidad de transformar el Estado capitalista "desde adentro". Porque la modificación sustancial de este nudo constitutivo que mencionamos no podrá conseguirse mediante reformas paulatinas y una evolutiva cristalización institucional de las luchas que se despliegan por abajo. Así como el Estado capitalista puede redistribuir la riqueza en términos más o menos favorables para las clases mayoritarias en función de las relaciones de fuerza establecidas por la lucha de clases, también puede avanzar en medidas parciales que alivianen o reduzcan el trabajo gratuito de cuidados que realizan mayoritariamente las mujeres. En condiciones favorables excepcionales, como fueron los años de la segunda posguerra hasta la crisis capitalista de mediados de los '70 (que no son precisamente las actuales para el capitalismo mundial), puede conceder una mayor participación de la clase trabajadora en la renta nacional, como establecer los servicios públicos y gratuitos de educación, salud, etc. Lo que no puede hacer el Estado capitalista sin atentar contra su propio carácter de institución de dominio de una clase sobre otra, es liquidar la propiedad privada de los medios de producción que se basa en la explotación del trabajo asalariado y eliminar radicalmente la privacidad del trabajo gratuito de reproducción de la fuerza de trabajo que realizan las mujeres en el ámbito doméstico.

Sin duda, el movimiento feminista no tiene la fuerza para derrotar, por si solo, a los capitalistas y su Estado. Pero mientras se mantenga a los movimientos sociales peleando solo por los derechos a ser incluidos en el Estado (capitalista) ampliado y a la clase trabajadora solo por reivindicaciones económicas parciales y corporativas, no hay posibilidad de derrotar al capitalismo. Sin embargo, como sosteníamos en otro artículo de esta misma revista, "... la emergencia de movimientos sociales construidos alrededor de las identidades que son víctimas de la desigualdad, como los feminismos que irrumpieron en la escena política internacional en los últimos años, ¿no pueden, acaso, convertirse en un punto de apoyo para el desarrollo de una política de clase y no solo fomentar su debilitamiento?" [19]

Para quienes no suscriban la Teoría de la Resignación Permanente y su programa malmenorista, que dictan los gobiernos reformistas cuando ven fracasar sus utopías de transformación progresista del Estado, está planteada una pregunta: ¿las mujeres no expresan ya, molecularmente, que serán vanguardia en esta nueva crisis orgánica en ciernes, para resistir no solo al embate de las derechas contra sus conquistas democráticas, sino también a las plagas que el FMI, los capitalistas y sus gestores políticos descargan sobre el pueblo trabajador y van a redoblar en el futuro cercano?

Verificar la hipótesis requiere, en primer lugar, luchar porque esa perspectiva se despliegue en toda su potencialidad. Y eso es lo que las feministas socialistas consideramos que nos corresponde.