En todo el mundo, 400 millones de personas, fundamentalmente mujeres y niñas, son víctimas de redes de trata de personas con fines de prostitución. Engañadas con la promesa de trabajo frente a la creciente "feminización" de la pobreza o secuestradas a sabiendas de la impunidad que gozarán los negociantes, son reclutadas, transportadas, vendidas y alquiladas dentro y fuera del país, como si fueran mercancías. Un negocio que, se estima, ronda los 32 mil millones de dólares anuales, el tercer puesto después de la venta de armas y drogas, y casi sin peligro para los delincuentes, porque el dinero es suficiente para comprar el silencio y la complicidad de jueces, policías, religiosos, gobernadores y funcionarios municipales, provinciales y nacionales.

Un negocio basado en la explotación de mujeres puestas en cautiverio, sin vías de comunicación, documento de identidad o dinero, obligadas a tener sexo con "clientes" bajo amenazas, violaciones, torturas psicológicas y físicas que generalmente terminan en la muerte cuando la víctima se niega a prestar "servicios" para prostíbulos, filmaciones o para el gran negocio del turismo sexual. En Argentina, Marita Verón, Paulina Lebbos, Florencia Penacchi, Fernanda Aguirre y Otoño Uriarte son sólo los nombres más conocidos de los casi 500 casos que ya existen.

Sed de ganancias

La OIT, interesada en el gran movimiento económico de estas redes, sugirió a los gobiernos, cínicamente, regular la prostitución como actividad comercial, es decir, convertir a los proxenetas en empresarios, promoviendo el tráfico y ampliando las recaudaciones del Estado con cargas impositivas y licencias.

En Argentina, donde la prostitución está prohibida desde 1949, el gobierno presentó un proyecto de ley para tipificar la trata como delito federal, que establece que en el caso en que las víctimas sean mayores de 18 años deben comprobar que no prestaron "consentimiento". Sara Torres de la Red No a la Trata señaló que este delito debe configurarse aunque la víctima haya prestado su consentimiento, cualquiera sea su edad, porque los explotadores son delincuentes más allá de las condiciones de la víctima. Mientras Cristina Fernández plantea que "es vital" recuperar la confianza en la reaccionaria policía, está claro que sin la complicidad de las fuerzas represivas del Estado, los funcionarios, los jueces y otras instituciones, estas redes no podrían operar con total impunidad como lo hacen.

Exigimos el desmantelamiento de las redes de tráfico de personas y el castigo a los proxenetas, pero denunciamos también que no serán los jueces, funcionarios y fuerzas represivas del Estado, cómplices o partícipes de este truculento negocio, quienes puedan hacer, como en las telenovelas, que las trágicas historias de las víctimas tengan un final feliz.