El primer homicidio en Córdoba en el año 2009 fue por violencia contra las mujeres: en Centro América, el novio de Nora la degolló frente a sus hijos y luego se escapó. Mirta Alejandra Arias se suma a las cifras del horror, la encontraron muerta en un descampado de barrio Sacchi, con el cráneo aplastado y un bloque de cemento a su lado; Sofía, su hija de 5 años que se encontraba desaparecida, después de días de búsqueda, fue encontrada sin vida en un aljibe del mismo barrio. El asesino, su concubino de 23 años, fue hallado muerto en una laguna de Malagüeño.

La familia de la víctima, de condiciones humildes, dijo que Alejandra había hecho muchas denuncias a la comisaría por el maltrato que estaban sufriendo ella y sus hijos, que no eran los hijos de él. Denunciaban que ella no había tenido protección alguna, porque como en su caso, nadie garantiza que los agresores no vuelvan a molestarlas y entren a sus casas de barro y chapas a las patadas.

Ante esta problemática el gobernador Schiaretti salió a ofrecer una recompensa de $50.000 para los que dieran datos de la menor, y un despliegue policial de 250 efectivos. Pero son esos policías los mismos que denigran y culpabilizan a las mujeres cuando van a denunciar los golpes, violaciones; los mismos que son golpeadores en sus casas, los mismos que cargan en su haber con miles de casos de asesinatos de gatillo fácil, violaciones, represión y muertes de mujeres, travestis, niños de la calle, además de reprimir las protestas de la clase trabajadora y otras manifestaciones sociales a sangre y fuego.

La violencia mata a una mujer cada tres días, los tratamientos y las denuncias solas no alcanzan. La falta de vivienda, de trabajo, obliga a las mujeres a soportar todo, ya que para salir de esa situación, tendrían que tener la independencia económica que les permitiera cambiar sus vidas miserables.

Hoy, cuando la crisis promete lanzar a millones de mujeres y niños a la miseria y la pobreza, por una crisis que no provocaron, nosotras pedimos y exigimos que a la crisis la paguen quienes la provocaron y, para evitar el desempleo por miles, que se repartan las horas de trabajo entre todas las manos disponibles. Pero además, quienes integramos la agrupación de mujeres Pan y Rosas exigimos, para paliar la situación que sufren millones de mujeres, refugios u hogares transitorios para las víctimas de violencia y sus hijos, garantizados por el Estado y bajo control de las propias interesadas, organizaciones de mujeres y trabajadoras, con gabinetes de profesionales y especialistas, sin presencia policial ni judicial.

Pero también sabemos que para terminar con la violencia hacia las mujeres, hay que terminar con este sistema basado en la explotación de la mayoría por una minoría de parásitos, sedientos de ganancias. La salida a tanta violencia, por eso, no es individual. Para terminar con la milenaria opresión de la mujer, de la que el capitalismo se ha valido para ejercer su dominio, hace falta que las mujeres nos organicemos, como clase trabajadora, para terminar con él para derribar al capitalismo.