Son alrededor de cuatrocientas las mujeres adultas, adolescentes, niñas y niños que se encuentran secuestrados con fines de explotación sexual en Argentina, entre las cuales se cuentan los casos de Marita Verón, Andrea Noemí López, Florencia Pennachi, Fernanda Aguirre y Otoño Uriarte, quien lamentablemente fue encontrada muerta después de una intensa búsqueda.

En los últimos años, de la mano de la devaluación de nuestra moneda y el creciente turismo extranjero, ha crecido no sólo el tráfico de mujeres que son vendidas a otros países, sino también la explotación sexual y la prostitución dentro de nuestro país.
Aunque en Argentina la explotación de la prostitución está prohibida por ley desde 1949, la misma se ejerce con la complicidad de la policía, de los funcionarios políticos provinciales y nacionales, del poder judicial, que amparan al conjunto de los involucrados en estas redes mafiosas, en un marco de total impunidad.

Es esa misma justicia la que en vez de defender a las mujeres que son víctimas de esas redes, muchas veces las culpabiliza, exigiendo que se compruebe previamente si fue un acto voluntario o no, como lo muestra la ley que ya tiene media sanción en el Senado y que próximamente será debatida en Diputados, imponiendo el requisito de que las mujeres mayores de 18 años, tengan que demostrar -¡que ellas no son culpables de lo que les pasa! Una vejación más a la que las leyes someterán a cada una de las mujeres que pueda escapar de esas redes y quiera luchar por acabar con estas mafias.
Pero estas mafias, no podrían operar si no fuera con la complicidad entre los proxenetas, el Estado, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, la justicia y las fuerzas de "seguridad", que mantienen un manto de impunidad cubriendo este sucio "negocio" con el que recaudan millones de dólares, secuestrando, humillando, explotando, vejando y hasta asesinando a cientos de mujeres.

– ¡Tenemos que luchar por el desmantelamiento definitivo de todas las redes de trata y tráfico de mujeres, niñas y niños!

Exigimos el cese de la violencia hacia las mujeres, el desmantelamiento definitivo e inmediato de las redes de trata de mujeres y niños/as y el castigo a los/as secuestradores y a los policías, funcionarios y políticos cómplices y partícipes de este delito.

Exigimos trabajo para todas las mujeres con salarios básicos iguales a la canasta básica familiar, guarderías gratuitas para los hijos de las trabajadoras, viviendas dignas, acceso a la salud y la educación, para que nadie se vea obligada a prostituirse para garantizar su subsistencia.

Pero también denunciamos que no pueden ser las víctimas sobre quienes recaigan los castigos, mientras los responsables viven en la impunidad. Mientras la prostitución exista, exigimos cárcel a los explotadores y el cese de las persecuciones y de la represión policial y legal a las mujeres en situación de prostitución. Plenos derechos y libertades para que las mujeres en situación de prostitución se organicen como lo deseen para luchar por sus derechos.

Las organizaciones obreras, populares y estudiantiles tienen que asumir la pelea por estos reclamos. Las víctimas son nuestras madres, hermanas, hijas y compañeras. -¡Ni una mujer más en situación de prostitución y explotada por redes de trata que son amparadas por la policía, la justicia y los gobiernos de turno!