En un acto de arrojo e hipocresía, diputados/as nacionales del Frente Cívico por Santiago del Estero dieron a conocer por estos días un proyecto de resolución que, encabezado por la firma del legislador Cristian Oliva, pretende limitar más aun el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Afirmando que el útero es el “primer medio ambiente natural de la persona por nacer”, el proyecto explica que nuestro órgano debe “gozar de la máxima protección” ya que –dice- “de su sana conservación, dependerá principalmente el éxito en la procreación humana, en la salud de la persona por nacer y en el neonato, y en la salud posterior de la madre, que tendrá a su cargo su crianza”.

Así, la iniciativa que busca convertir “al útero femenino” en el único órgano humano con legislación propia no escatima esfuerzos para adornar de científico al retrógrado mandato episcopal según el cual las mujeres estamos llamadas a ser incubadoras sumisas. De nuestros deseos, aspiraciones y proyectos; de los riesgos psíquicos y físicos de las niñas violadas y embarazadas y de los abortos practicados en pésimas condiciones cuando no se puede pagar una clínica privada; de los despidos y maltratos que sufren las trabajadoras cuando los patrones se enteran del embarazo; de los abortos espontáneos y partos prematuros provocados por las terribles condiciones laborales; o de la imposibilidad de soportar un embarazo cuando no se tiene trabajo, ni casa, ni alimento, nada dicen estos fieles representantes de la Iglesia en el Congreso.

Muy por el contrario, los diputados y diputadas del Frente “CÃ NICO” por Santiago del Estero desarrollan una repudiable fundamentación que abunda en citas de fervientes religiosos disfrazados de antropólogos y médicos, para finalizar proponiendo que se declare “al útero de la mujer y a sus órganos reproductivos, `ambiente protegido´” y se desarrolle “una campaña de prevención de la integridad del útero de las mujeres y de sus órganos reproductores (…) para mejorar la salud reproductiva y la de la persona por nacer.” Esconden así que lo que verdaderamente atenta contra la integridad y la salud de las mujeres es la ilegalidad del derecho al aborto, a la que hace años nos condenan la Iglesia, los funcionarios y políticos patronales, los gobiernos de turno y las instituciones del Estado.

Como muestra, bastan las palabras de Miguel Curioni, profesor adjunto de Obstetricia de la Universidad Nacional de Santiago del Estero e integrante del Comité Provincial de Monitoreo de la Mortalidad Materna, quien hace poco denunció que las muertes por aborto clandestino crecieron de manera escalofriante desde que el gobierno nacional cercenó -aún más- el Programa de Salud Sexual y Reproductiva: “Estamos viendo los efectos de la falta de anticonceptivos que hubo en el último año, por el corte del suministro desde la Nación y la ausencia de una respuesta adecuada en la provincia”, dijo ante Página 12. Mientras tanto, según cifras oficiales del servicio de Maternidad del Hospital Regional de Santiago del Estero, en la provincia hay un aborto registrado por cada cuatro nacimientos, lo que explica por qué -a escala nacional- la clandestinidad de esta práctica se ha convertido en la principal causa de muerte de mujeres gestantes y de las más de 80 mil hospitalizaciones que se suceden cada año.

Pero no conformes con esto, y desestimando la enorme adhesión al reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito, los/as legisladores/as santiagueños insisten en la necesidad de regular nuestro útero como si se tratara de un ente autónomo, ajeno a nuestro cuerpo. Apoyándose en el decreto menemista que instauró en nuestro país el “Día del niño por nacer” (1), no ahorran palabras para explicarnos cómo nuestro organismo, “fuente de bienestar y de procreación”, debe comportarse “frente a ´un inquilino`”. En nada ajenos al mensaje que este 25 de marzo difundían los representantes de la curia en distintos puntos del país, llamándonos a retomar el camino de la postergación y el sacrificio, pretenden colaborar con el relanzamiento de la cruzada episcopal contra el derecho al aborto, emprendida “en defensa" -por supuesto- del “orden instituido por Dios”.

Es así como, envalentonados por la nueva composición del Congreso Nacional y la recurrente negativa del gobierno de Cristina Fernández a dar un solo paso para que no haya una sola muerta más, los/as legisladores/as esperan que su proyecto sea tratado y aprobado en dos comisiones: la de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, que preside la derechista Claudia Rucci del Peronismo Federal, y la de Acción Social y Salud Pública, integrada por la clerical Gabriela Michetti y presidida por el oficialista Antonio Morante, quien es coautor junto a Cynthia Hotton –secretaria de esta comisión- del polémico proyecto de ley de “libertad religiosa”, que cuenta con el beneplácito del cardenal Bergoglio y establece entre otras cosas penas de prisión de seis meses a dos años para quien se anime a criticar “de hecho o de palabra” a un religioso. Por si faltara aclararlo, en estas comisiones, a pesar que los bloques están profundamente divididos, la amplia mayoría de los y las legisladoras coinciden en lo fundamental: están en contra de la legalización y la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

No podemos dejar en manos del Congreso nuestra histórica lucha por el derecho al aborto. Mucho menos podemos permitir que nos impongan este cínico y brutal retroceso. La reciente absolución de Elizabeth Díaz, conquistada tras una incansable y persistente lucha, confirma lo que Pan y Rosas plantea hace tiempo: que nuestras demandas nunca han sido un regalo de las instituciones de este estado, sus políticos y gobiernos de turno y que sólo confiando en nuestras propias fuerzas podremos arrancar las reivindicaciones que nos corresponden.

Como recientemente declaró Leticia Celli, impulsora de Pan y Rosas en Córdoba y abogada del Ceprodh en la defensa de Eli, la valentía de esta joven debe servir de impulso a nuestra lucha. En los barrios y en lugares de estudio y de trabajo, las mujeres tenemos que comenzar a organizarnos, impulsando comisiones, foros y debates, juntando firmas, haciendo pintadas, jornadas, festivales y multiplicando las iniciativas para preparar la movilización de miles y miles de mujeres frente al Congreso nacional, para terminar con estos atropellos y arrancar nuestro derecho a que no muera una sola mujer más por la clandestinidad del aborto.

La CTA -que integra la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y la ha acompañado en la nueva presentación de su proyecto en el Congreso- y la centroizquierda de Pino Solanas y Martín Sabbatella –que además de apoyar este proyecto ha presentado otro similar-, si es que verdaderamente pretenden conquistar este derecho, deben llamar ya mismo y sin dilaciones a una gran movilización por el derecho al aborto, para que sean miles las que hagan escuchar su voz en todo el país.