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Extorsión y abuso sexual a niñas y mujeres al amparo del régimen de excepción en El Salvador
31 de marzo, por Violencia de Estado — Internacional, Géneros y Sexualidades, Edición Estado Español, El Salvador, Edición México, Delitos sexuales, Edición Uruguay, Edición Venezuela, Punitivismo, Nayib Bukele, Represión estatal, Edición Costa Rica , Pandillas El Salvador, Internacional, Géneros y Sexualidades, Edición Estado Español, El Salvador, Edición México, Delitos sexuales, Edición Uruguay, Edición Venezuela, Punitivismo, Nayib Bukele, Represión estatal, Edición Costa Rica , Pandillas El SalvadorMilitares y policías en las calles de El Salvador amparados por el régimen de excepción, impuesto por Nayib Bukele hace dos años, dejan un rastro de abusos sexuales a niñas y mujeres, que pueden catalogarse como crímenes de lesa humanidad.
Se cumplieron dos años de un régimen de excepción (permanente) en El Salvador, prorrogado 24 veces, epicentro de la política punitiva de Nayib Bukele, con la suspensión indefinida de garantías individuales que ya deja un rastro de violaciones y extorsiones sexuales a niñas y mujeres por parte de militares y policías, que organizaciones de derechos humanos estiman como parte de los abusos cometidos a gran escala a la población.
Bukele ha convertido a El Salvador en laboratorio de ensayo centroamericano de políticas represivas y de control social a gran escala y formas de coerción de las extremas derechas de América.
Con la detención masiva de más de 75,000 personas, prácticamente desaparecieron de las calles la Mara Salvatrucha (MS13) y dos facciones del Barrio 18 que dominaban el escenario delictivo del país centroamericano; aunque cayeron en picada las tasas de homicidio y extorsión, generando la percepción pública de una drástica mejora de la seguridad, la organización Socorro Jurídico Humanitario estima que al menos el 35% son inocentes, una cifra no menor de 26,250 personas.
Un problema central es la evidente impunidad estatal en el marco del Plan de Control Territorial, que fue declarado en reserva por siete años por el Instituto de Acceso a la Información Pública, lo que impide conocer los detalles de las políticas de seguridad del gobierno y las consecuencias específicas del ataque masivo a los derechos humanos del pueblo salvadoreño y en este caso de las mujeres.
La militarización del país es medular, la transformación de la Policía Nacional Civil en una de corte militar, los mayores presupuestos a las Fuerza Armadas en su historia, el objetivo de Bukele de duplicar las tropas hasta llegar a 40,000 militares, avizoran un pésimo escenario para la clase trabajadora y las mujeres en El Salvador. El despliegue de fuerzas represivas ha sido de una desproporción tal que el gobierno ha movilizado a un soldado o policía por cada 24 habitantes, como en el municipio de Soyapango el 4 de diciembre de 2022, donde desplegó a 8,500 soldados y 1,500 policías para detener a 140 personas sin orden judicial, principalmente de jóvenes señalados de vínculos con las pandillas. Es en este escenario de empoderamiento total del Ejército donde ocurren los abusos sexuales de mujeres bajo el régimen de excepción.
La violencia sexual cometida por el Estado
“Las niñas no se violan, no se tocan, no se matan”, decía la manta de organizaciones feministas que en octubre pasado exigieron justicia frente al Estado mayor del Ejército por los abusos sexuales de militares que salieron a la luz, entre ellos, el de una menor de 13 años atacada por el sargento naval Héctor Ovidio Alvarado Rivera en complicidad con cinco militares de la Marina.
El caso ocurrió el 23 de septiembre cuando cuatro jóvenes, tres de ellos menores, volvían de playa Mizata en el departamento de La Libertad, fueron detenidos por la patrulla de la Fuerza Naval a cargo del sargento Alvarado, que los puso contra la pared con las manos en la nuca, los soldados Hilario Flores Cabezas, Vicente Gómez González, René Escobar Sánchez, Edgardo Pintín Martínez y Eder Salazar Molina separaron a las niñas y el sargento se llevó a una de ellas de 13 años, mientras golpearon a un joven que intentó impedirlo. Bajo amenaza de detenerlos bajo el régimen de excepción ella fue violada y los jóvenes pudieron encontrarla hasta que los militares abandonaron el lugar.
La noticia recorrió el país y en este caso los soldados enfrentan cargos, directos o en complicidad, por agresión sexual agravada y continuada en menor, violación agravada en menor y privación de libertad agravada. Es un caso aislado, dijo el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Monroy, mientras el vicepresidente Félix Ulloa ha opinado en diversas ocasiones que “en una guerra habrá víctimas inocentes”.
La violencia sexual estatal se convierte en un crimen “invisible” cuando el gobierno empodera a las fuerzas armadas y rige la misoginia en las instituciones de seguridad, además, por el fundado temor de las mujeres a denunciar cualquier tipo de violencia y más aún los abusos policiales y militares cuando carecen de garantías individuales.
No son casos aislados
Otra niña de 13 años fue detenida el 31 de octubre en Bosques del Río, Soyapango, por tres paracaidistas del Ejército e integrantes del Comando de Fuerzas Especiales, por la violación de uno de ellos, tuvo que ser internada siete días en el Hospital de la Mujer, donde agentes policiales la presionaron para desistir en su denuncia y que dijera que el soldado era su "esposo". El abuso ha sido negado por la Policía Nacional Civil y la prensa salvadoreña informó que la joven y su madre huyeron del municipio.
Según el Observatorio de la Política Internacional, el aumento de la violencia sexual que ocurre en el país corresponde a las agresiones de agentes estatales que extorsionan sexualmente a mujeres y niñas, los casos más conocidos ocurrieron en Puerto El Triunfo, donde fue detenido en abril de 2023 el jefe de la Fuerza Naval, José Edid Cortéz Henríquez, luego de muchos abusos y amenazas de detención a mujeres, sus esposos, padres o hermanos, sino accedían la extorsión.
Mientras que al noroeste del país, en las colonias La Militar, La Bolsa y Las Palmeras del Departamento de Santa Ana, con al menos dos denuncias, son un secreto a voces las extorsiones de policías y militares, que según pobladores ocurren más en menores y las familias temen denunciar por miedo.
Es incuantificable el número de víctimas o de sus familiares que han sido detenidos o están presos, acusados de colaborar con pandilleros por no aceptar extorsiones sexuales, aunque la Policía Nacional Civil registró 103 denuncias por diversos tipos de extorsión en 75 días de 2024, del 1 de enero al 15 de marzo. Y organizaciones de derechos humanos como Cristosal, identificaron un incremento del desplazamiento forzado interno a causa del acoso o la violencia de agentes estatales, lo que coincide con los testimonios que refieren que hay mujeres que decidieron huir de sus comunidades para no ceder o salir del abuso y algunas salieron del país.
El común denominador de estos crímenes de Estado es la pobreza en las comunidades y la impunidad de las fuerzas represivas por el régimen de excepción, a la extorsión sexual se suma la económica y los robos durante los allanamientos, que se convierten en un tema cada vez más común en medios locales. Hasta diciembre de 2023, únicamente 14 policías y soldados habían sido detenidos por cometer abusos diversos durante el estado de excepción.
Silenciar a las mujeres perpetua la violencia sexual estatal
Todas y todos los activistas de derechos humanos y por los derechos de las mujeres involucrados en la denuncia y esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos y de la violencia sexual estatal en El Salvador, enfrentan el silenciamiento de estos delitos en el marco de la “guerra contra las pandillas”, como una práctica de Estado que reduce todo a un “daño colateral” y busca invisibilizar lo que ocurre a las mujeres durante el régimen de excepción. Amordazar sus voces es también una estrategia para cometer y mantener la impunidad.
La cuestión es que cuando la violencia sexual estatal es sistemática, hablamos de un crímen de lesa humanidad [1] y eso enfrenta el gobierno de Bukele con las violaciones generalizadas de derechos humanos. Aún cuando la suspensión de garantías, la corrupción, el interés por mostrar como un éxito la política bonapartista punitiva del gobierno y el autoritarismo reaccionario institucional actual, dificultan la lucha por justicia ante los abusos del Estado.
El pueblo de El Salvador conoce bien las consecuencias sociales por los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la guerra civil y el peso de la impunidad por la violencia y tortura sexual de militares y paramilitares contra niñas y mujeres. La reconciliación que amnistió a múltiples culpables de las aberraciones sufridas por la población, permitió la imagen de renovación de las Fuerzas Armadas de un nuevo régimen que mostró pronto su degradación política (durante tres décadas), misma que el Ejército ha mostrado pronto bajo el gobierno de Bukele.
A pesar de la hegemonía relativa que concentra la figura presidencial, los problemas estructurales de la población y las causas de la violencia que provocaron las pandillas no están resueltos y no se resolverán con la “guerra contra las pandillas”, al servicio de la casta política que se beneficia por la corrupción y abusos del régimen de excepción.
Detrás de esta “guerra” de Bukele también se exacerban las prácticas cotidianas que la cultura patriarcal normaliza (en tanto, él ataca toda perspectiva de género), a la par de un gobierno militarizado que niega derechos elementales a todo el pueblo y descarga su mayor violencia en las mujeres pobres, mientras que obstruye las investigaciones de la masacre del Mazonte de 1981 y niega el acceso judicial a los archivos militares del genocidio.
Las reflexiones y experiencias sobre las violaciones ocurridas en contextos de guerra, dictadura y represión política, llevadas a cabo por mujeres en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y en muchos otros casos, nos sirven a las mujeres que vivimos las violencias machistas y la violencia estatal en todas sus formas, para decir: nunca más. Y entender que la violencia sexual estatal es una práctica de represión y disciplinamiento social para imponer el silencio a todas las mujeres e impedir las luchas por nuestros derechos.
Más allá del silencio y el manto de impunidad que pretenden imponer es necesario que las mujeres indígenas, campesinas, obreras, jóvenes y mujeres de la clase trabajadora salvadoreña, tejan redes solidarias de reflexión, organización y acción contra los crímenes del Estado contra las mujeres.
Es necesario preservar la memoria colectiva y elevar la denuncia por justicia. La cárcel para todos los militares y policías abusadores amparados por el gobierno, debe ser motor de la resistencia y la organización de las mujeres, activistas y defensoras en El Salvador. Ni perdón, ni olvido a los crímenes estatales del pasado, memoria y justicia para los crímenes del presente (que ya son) de lesa humanidad del gobierno de Bukele. Abajo el régimen de excepción, la lucha por las libertades democráticas está más planeada que nunca en El Salvador.
[1] El artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional califica la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado y otros abusos sexuales, como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
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Día de la Visibilidad Travesti-Trans: la lucha por nuestros derechos sigue en pie
31 de marzo, por Tribuna abierta — Géneros y Sexualidades, LGTBIQ+, Transgénero, Día de la visibilidad trans, Géneros y Sexualidades, LGTBIQ+, Transgénero, Día de la visibilidad transCada 31 de marzo se remarca el valor de vida de las personas transgénero , sin ningún tipo de prejuicio y sin dejar de reconocer las peleas que, día a día, damos en todo el mundo contra los crímenes de odio.
La importancia de esta fecha es que, antiguamente, solo se conmemoraba el Día de la Memoria Trans cada 20 de noviembre para recordar a aquellas víctimas de trans-odio. Desde el 31 de marzo de 2009 celebramos nuestra visibilidad, luego de haber sido invisibilizadas tantos años por la sociedad, así como también por nuestra propia comunidad LGBTiQ+. Somos quienes nos proponemos cambiar esa historia y, por eso, la importancia de un día como éste.
Sin embargo, la realidad de muchos países de América Latina y del resto del mundo es otra. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que entre el 0,3% y el 0,5% de la población mundial es trans. La información que manejamos desde Urbana Trans indica que la discriminación, las violencias y los discursos políticos contra esta comunidad persisten.
¿Cómo están las trans a lo largo del mundo?
Argentina es un país con leyes pioneras, cual está siempre en la mira de todo el mundo por su normativa LGBTIQ+. Entre ellas, se encuentra la Ley de Identidad de género. Otros países de la región que han adoptado leyes para permitir a una persona cambiar de sexo y nombre en documentos oficiales son: Ecuador, Colombia, Bolivia, Panamá, Chile y Uruguay. En 2021, la Ciudad de México se sumó con una regulación local que reconoce formalmente a la comunidad trans, pero todavía faltan diecisiete estados para que se reconozca este derecho en ese país.
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En los Estados Unidos es una fecha que busca generar conciencia sobre las situaciones diarias de vulneración de derechos, estigmatización, discriminación, violencia, discursos y crímenes de odio que sufre este colectivo. Según estudios, hay al menos 700.000 personas transgénero en ese país. Representan cerca del 0.3% de la población total y un 3.5% de la comunidad LGBTQ+ norteamericana.
Una pionera de la lucha en este país fue Marsha P. Johnson. Era una activista popular en el ambiente gay y artístico de Nueva York entre las décadas de 1960 a 1990 y formó parte del Movimiento de liberación LGBT. Sin embargo, él mismo nunca se identificó con el término transgénero.
Por su parte, Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria, Arabia Saudita y Yemen dictaron leyes que establecen la pena capital como castigo para los actos sexuales consensuados entre personas del mismo sexo.
Qatar, Afganistán, Pakistán, Somalía y Emiratos Árabes Unidos no se quedaron atrás: la pena de muerte solo por ser trans u homosexual es una posibilidad según interpretaciones de la Ley Islámica o “Sharía”. El informe "Homofobia de Estado" , redactado por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), aclará que esta normativa no tiene certeza legal y puede ser contestada.
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Más visibles y con derechos
Necesitamos ser más visibles en todas las áreas, desarrollarnos como el resto de la sociedad y no ser expulsadas, marginadas o impulsadas al trabajo sexual como único medio de subsistencia. Por eso, las personas trans necesitamos derechos que nos protejan y ayuden a cumplir nuestro rol como ciudadanos en el país que estemos.
Visibilidad también es recordar aquellas grandes pioneras de la lucha que lleva cada comunidad trans en su país. Aquí en Argentina fueron Lohana Berkins , Nadia Echazu , Claudia Pía Baudracco , Cris Miro, entre otras. Cada una, desde su lugar, fueron eslabones importantes para conquistar leyes de vanguardia a nivel mundial en identidad de género.
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Feminicidio de Rosa Elvira Flores, activista por los de derechos de la mujer en El Salvador
29 de marzo, por Violencia hacia las mujeres — Internacional, Géneros y Sexualidades, El Salvador, Centroamérica, Edición México, Edición Venezuela, feminicidios, Nayib Bukele, Internacional, Géneros y Sexualidades, El Salvador, Centroamérica, Edición México, Edición Venezuela, feminicidios, Nayib BukeleRosa Elvira Flores era activista por los derechos de la mujer en El Salvador y fue encontrada muerta luego de estar 8 días desaparecida.
La activista feminista salvadoreña Rosa Elvira Flores de 47 años, integrante del Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM), fue reportada como desaparecida ante la fiscalía el 20 de marzo, sus familiares y compañeros la buscaban y exigían a las autoridades de El Salvador su localización con vida.
Fue vista por última vez en el municipio San Julián del departamento Sonsonate y tuvo comunicación con sus familiares cuando se dirigía a su domicilio el 19 de marzo, pero nunca llegó.
El 27 de marzo, fue encontrado su cuerpo sin vida en un cañaveral del cantón Los Lagartos, del municipio San Julián, ahora su compañera y directora del MSM, Ana Isabel López, denuncia su asesinato y alerta que esto constituye una amenaza y riesgo hacia las mujeres defensoras de derechos humanos, exige su esclarecimiento y justicia para encontrar a los culpables. Aún se esperan resultados de la autopsia al cuerpo de la activista para determinar la causa de muerte.
El Movimiento Salvadoreño de Mujeres es una organización creada en 1988 por la defensa de los derechos humanos y en solidaridad con las mujeres que sufrían la violencia policial y militar en el marco de la guerra civil, de la semiclandestinidad por la dura represión inicial a su conformación legal y consolidación feminista actual, la organización mantiene alianzas con docenas de organizaciones de mujeres y derechos humanos en El Salvador y a nivel internacional, actualmente realizan trabajo comunitario y político bajo el régimen de excepción, por los derechos de las infancias, de las mujeres y en contra de la desigualdad social y económica que viven las comunidades pobres en El Salvador, a la vez que participan en acciones coordinadas de protesta como la Marcha Mundial de las Mujeres.
Rosa Elvira era una integrante activa del MSM, también fue madre de seis hijos y se encontraba realizando trabajo en diversas comunidades en promoción de los derechos de la mujer y contra la violencia de género.
A dos años de régimen de excepción en El Salvador, la ausencia permanente de garantías constitucionales de la población, bajo el bonapartismo reaccionario de Bukele, mantiene en riesgo latente de abusos de fuerzas estatales a todas y todos los defensores de derechos humanos en el país.
Precisamente esta misma semana fue informada la familia del activista sindical de trabajadores de la Terminal Oriente, Hever Chacón, que murió en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de Santa Ana, al noreste de El Salvador. Asesinado por negligencia criminal penitenciaria, siendo preso político inocente y sin vínculo con pandillas, que tras ser criminalizado y encarcelado sin ningún derecho, había recibido su orden de libertad.
Aunque no existe un lugar seguro en El Salvador para activistas, sindicalistas, defensoras, ni para nadie del pueblo bajo el Plan de Control Territorial de Bukele, han sido fundamentales las protestas de organizaciones sociales, feministas y de derechos humanos en denuncia por los crímenes y abusos cometidos por agentes del Estado durante los operativos en zonas populares. Gracias a las denuncias y protestas, se han conocido los casos de extorsión y violación sexual de militares y policías a mujeres y niñas, los ataques y abusos cometidos durante los allanamientos a domicilios y en las calles contra la juventud y se comienza a conocerse las consecuencias de la pérdida de garantías dentro y fuera de las cárceles del país.
Por ello, es necesario que se extienda la exigencia de justicia para Rosa Elvira Flores y se garantice la protección de su familia, su crimen ocurrió mientras Bukele enviaba a más de 6,000 militares y policías al norte del país a cercar la zona en su “guerra contra las pandillas”. No existen cero homicidios en un país donde los feminicidios no paran y quienes mueren son activistas.
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Trans peruanas realizan colectas para repatriar a sus compañeras fallecidas en Europa
28 de marzo, por Tribuna abierta — Internacional, Géneros y Sexualidades, LGTBIQ+, Europa, Perú, Transfobia, Transgénero, Edición México, Internacional, Géneros y Sexualidades, LGTBIQ+, Europa, Perú, Transfobia, Transgénero, Edición MéxicoAnte la negación del gobierno peruano de costear las repatriciones, la comunidad trans peruana residente en Europa se organiza para que las familias de las víctimas de transfobia puedan enterrar a sus seres queridos en su país de origen.
Al igual que muchas de sus pares latinoamericanas, las trans peruanas migran hacia Europa no solo para buscar un cambio económico en sus vidas, sino también para ayudar a sus familias que residen en su país de origen. Cabe destacar que la gran mayoría de ellas se dedica al trabajo sexual en países de la comunidad europea, exponiéndose así a violencias que han provocado muchas muertes en el camino.
Aunque el porcentaje de transfemicidios y muertes por ETS durante el ejercicio del trabajo más viejo del mundo es alto, las cifras no muestra qué sucede con los cuerpos. En este caso, la comunidad trans peruana expandida en la mayoría de los países europeos y ramificada en redes sociales, ha sido un ejemplo de unión a la hora de enfrentar estas situaciones.
Hablamos de la repatriación de los cuerpos. El Estado peruano no se hace responsable en absoluto y deja en el olvido total a esta comunidad. No podemos olvidar que Perú es un país que todavía no cuenta con ninguna ley de derechos con la comunidad trans.
Ante esto, las trans provenientes de Perú se vieron en la obligación de organizarse y formar grupos como "Comunidad Trans Italo-Peruviana Nell Mondo" para comenzar a repatriar los cuerpos ya sin vida de sus propias compañeras. Contra la falta de atención del gobierno peruano, ellas conformaron asociaciones y grupos de redes sociales donde realizan rifas y eventos solidarios ("polladas”) para juntar dinero y, así, poder devolverle a las familias el derecho de despedir a sus muertas.
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Radiografía de la comunidad trans peruana
El porcentaje de mujeres trans peruanas en Europa es altísimo y casi su totalidad se dedica al trabajo sexual de manera ilegal. Esto ocurre por la falta de papeles para muchas y otras por elección propia. En los países europeos donde el trabajo sexual no está regulado, terminan siendo víctimas de abusos de todo tipo y sus vidas pueden ser arrebatadas en los lugares donde ejercen la prostitución.
Otra problemática son las patologías y enfermedades de transmisión sexual que hacen que estas mujeres trans no puedan recibir un tratamiento adecuado y fallecen en el viejo continente. Ellas son víctimas de un estado ausente, tanto del peruano como de los europeos.
Recordamos el caso de Vanesa Campos, una inmigrante y trabajadora transexual peruana. Fue asesinada a los 36 años en el bosque de Boulogne Sur Mer, en París, después de haberse opuesto a un grupo de hombres armados con una pistola robada a un policía. Este caso convirtió en un símbolo de los riesgos de la prostitución en París. Pero no solo sucede en Francia sino también en casi todos los países de Europa.
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Unión entre pares
La realidad que estamos describiendo es la misma que las trans peruanas viven en su propio país, lo que las lleva a migrar. Sin embargo, se encuentran al llegar con una situación peor donde ellas tienen que hacerse cargo de esta problemática. Debido a un estado que las margina, discrimina y conduce a buscar soluciones fuera de su país, terminan impulsadas a su propia muerte lejos de sus familias.
Muchas veces buscan derechos dentro y fuera del Perú, pero los esfuerzos siguen sin resolver esta problemática. Es admirable ver esa unión entre pares que, frente al abandono estatal, permite resolver esta situación con una actitud de respeto hacia sus compañeras que perdieron la vida.
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Ministerio Fiscal publica efeméride del “día del niño por nacer”
26 de marzo, por Preocupante — Géneros y Sexualidades, La Plata, Berisso y Ensenada, Aborto, Mujeres, Reforma ley del aborto, Géneros y Sexualidades, La Plata, Berisso y Ensenada, Aborto, Mujeres, Reforma ley del abortoEste 26 de marzo, quienes consultaron la web del Ministerio Público - Procuración General de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, se encontraron con una efeméride del “Día del niño por nacer”, con fecha del 26/3/2024 y acompañado de una leyenda que plantea “El Ministerio Público ratifica el compromiso de defender la vida humana desde su inicio, en el momento de la concepción". La agrupación Pan y Rosas y la lista Marrón declararon su rechazo.
Este 26 de marzo, quienes consultaron la web del Ministerio Público - Procuración General de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires se encontraron con una “sorpresa”. Entre sus banners de novedades, hay una publicación con una efeméride del “Día del niño por nacer”, con la fecha del 26/3/2024 y acompañado de una leyenda que plantea “El Ministerio Público ratifica el compromiso de defender la vida humana desde su inicio, en el momento de la concepción".
El rechazo no se hizo esperar. Las agrupaciones Pan y Rosas y la agrupación Marrón Clasista Judicial declararon su repudio a esta nueva provocación en esta ocasión de parte del Ministerio Público, que aprovecha para subirse a la ola anti derechos que quiere imponer el gobierno de Milei. Julia Peñalba, trabajadora judicial y militante de dichas agrupaciones dijo: "Se trata de una provocación que viene por parte del procurador Julio Conte Grand, reconocido miembro del Opus Dei, que una vez mas ataca el derecho a decidir de quienes tenemos cuerpos gestantes" y luego agregó " La Comisión Directiva de nuestro gremio, la AJB, debería sumar su repudio ante semejante mensaje anti derecho"
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Pero además, esto se da en el mes en el que las mujeres se movilizaron masivamente en las calles de todo el país para defender sus derechos y denunciar el ajuste.
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En ese sentido, las agrupaciones Pan y Rosas y la Marrón hicieron un fuerte repudio a esta nueva provocación.
“Sabemos que cada derecho conquistado lo tenemos que defender una y otra vez. Frente a un gobierno que amenaza con derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que conquistamos después de décadas de lucha. Frente a estas provocaciones decimos: no nos van a callar.” plantean en sus redes.
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