Pan y Rosas

Clarín miente… y el gobierno también

Sol Bajar — 2011-06-10T16:54:02Z

Docente de Escuela media y de la Facultad de Psicología - UBA y candidata comunal por Pan y Rosas y la Corriente Nacional 9 de Abril en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

El sábado 4 de junio, Sergio Dima publicó “Una noche amenazante junto a las estudiantes de Psicología”, nota en que atribuye a quienes denunciamos el intento de secuestro a estudiantes de la facultad, por parte de redes de trata, habernos lanzado “a la aventura de atravesar el barrio de Balvanera (…) acompañadas por Clarín”.

A raíz de la movilización de cientos de estudiantes y docentes, que el 31/5 culminó en el escrache a la Comisaría de la zona, la nota da curso a la campaña reaccionaria de quienes piden “más seguridad” y policías en las calles, ocultando que una de las principales denuncias que instalamos desde Pan y Rosas y la Juventud del PTS en Psicología y el IUNA fue, precisamente, que “no es un policía, sino toda la institución” la que está detrás de cada caso de mujeres desaparecidas por estas mafiosas redes.

Omitiendo nuestro reclamo de disolución de las fuerzas que garantizan este flagelo en todo el país, mientras silencian la desaparición abrumadora de jóvenes trabajadoras y pobres a manos de estas redes, el artículo sostiene que “el peligro” para las estudiantes está en las calles cercanas a la facultad, donde “hay vendedores y consumidores de droga a la vista de todos (…), bolsas de basura por doquier y gente que duerme en las calles”, para terminar concluyendo que “las luces rojas de un hotel alojamiento” son el “escenario perfecto” para “prostitutas esperando clientes” y “travestis casi desnudos” que “´cogotean´ la calle”.

No conformes con tanta xenofobia, discriminación, criminalización y machismo, entre los testimonios que destacan me adjudican los siguientes: “Nosotras tenemos que ir de una sede a la otra todo el tiempo. Y el problema no está necesariamente en la falta de Policía”, falseando la denuncia que desde la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas y la Corriente Nacional 9 de Abril/Lista Marrón venimos realizando hace ya tiempo.

Aunque no tuvimos respuesta a nuestro pedido de derecho a réplica, queremos reafirmar que detrás de este fogoneo al discurso de “orden” y “más seguridad” –del que pronto se hizo eco la decana alfonsinista de Psicología, Nélida Cervone-, se esconde la situación que viven miles de mujeres, de la cual el diario Clarín es en realidad un N oble interme D iario.

Nunca menos que un negocio millonario

Como respuesta al estado público que cobró la denuncia de las y los estudiantes, Aníbal Fernández dijo que el gobierno buscará la penalización del “cliente o consumidor” de mujeres (Página 12, 03/06/11). Sin embargo, admitió también poco antes que el Grupo Clarín percibe – ¡claro que sin Ley de trata o de medios que lo contemple!- “un millón de pesos por mes en el rubro 59” (Página 12, 08/04/11). Pero lo que omitió decir el Jefe de Gabinete K es que detrás de esos más de 300 avisos diarios de “servicios sexuales” promoviendo a “jóvenes ardientes y sumisas”, a “paraguayitas tímidas y completas” y otros aberrantes ofrecimientos de mujeres como si se tratara de cosas -a las hay que sumar innumerables pedidos de “jóvenes con buena presencia” para trabajar en empresas inexistentes-, se esconde un negocio millonario que no comienza ni termina con la penalización del “cliente”.

Es que, como señala la periodista mexicana Lydia Cacho en “Las esclavas del poder”, la Argentina se encuentra entre los ocho destinos principales marcados por la conexión y la protección política de estas mafias internacionales. Como señala, “unos crean el mercado de la esclavitud, otros lo protegen, lo promueven, lo alimentan y otros más renuevan la demanda de materia prima”, potenciando como nunca antes en la historia lo que muchos han dado en llamar “la industria del sexo”.

Tan grave es la situación que, en Argentina, se estima que al menos entre 700 y 800 mujeres y niñas, la mayoría de ellas provenientes de familias trabajadoras y pobres, han sido secuestradas para beneficio de uno de los negocios ilegales más grandes del mundo (1). La llave para este creciente negocio, como sucedió en muchos otros países, está en la sanción de la reaccionaria Ley de Trata que, junto a toda la oposición patronal, impulsó en 2008 el gobierno de Cristina Fernández.

Como venimos denunciando desde entonces, aunque dice combatirlos, la Ley no hace más que proteger y convertir en “empresarios” a proxenetas y tratantes. Por eso, más que Ley de trata ¡debería llamarse Ley que maltrata!, porque al mismo tiempo que revictimiza a las mujeres, despenaliza toda sospecha que pueda recaer en quienes sostienen este macabro negociado.

Mientras cada una de esas mujeres y niñas representa una ganancia sin costos de entre 10 y 20 mil pesos mensuales, la ley de los K y la oposición patronal define a la trata de personas como un delito federal sólo si la víctima mayor de 18 años denuncia y comprueba haber sido amenazada, coaccionada, raptada o extorsionada ¡sin su consentimiento! ¿Pero quién puede denunciar que está siendo obligada por otros bajo semejantes condiciones de esclavitud, violencia y amenaza?

Sólo la complicidad y la participación activa de las fuerzas represivas, los jueces, los funcionarios y los políticos patronales de todo orden pueden explicar la larga cadena de impunidad que recae sobre este flagelo con cara de mujer.

Al servicio de la “comunidad”… ¡de tratantes, regentes y proxenetas!

Un lugar que lo demuestra con claridad, es justamente la Ciudad de Buenos Aires, donde el gobierno kirchnerista y el del PRO –más allá de los enfrentamientos mediáticos- coinciden siempre en lo fundamental. Así lo reflejan, por ejemplo, organizaciones como La Alameda, que han registrado los operativos conjuntos de la Federal y la Metropolitana en los barrios de Liniers, Once o Barracas. Como denuncian, sin presencia judicial ¡y siempre ante los propios proxenetas!, las víctimas son indagadas por los agentes de ambas fuerzas sobre la existencia o no del mentado consentimiento. De más está decir que la Federal de Cristina y la Metropolitana de Macri no han hecho más que coincidir, después de cada “declaración” prestada bajo condiciones de amenazas y hostigamientos, que no hay trata de mujeres ¡porque son ellas mismas las que lo niegan! (Perfil, 27/03/10)

La connivencia y la cooperación societaria de gendarmes, policías y demás uniformados, siempre al servicio de la “comunidad” de tratantes, regentes y proxenetas, es el eslabón necesario para que el negocio funcione: son ellos los que permiten la entrada y la salida de mujeres de una localidad o de un país a otro sin documentación alguna; son ellos los que saben dónde funcionan los prostíbulos, las whiskerías, los boliches y departamentos privados en que son esclavizadas, vendidas y alquiladas las mujeres y niñas que nosotras buscamos… ¡son ellos los que garantizan la “seguridad” del “negocio”! Y es precisamente ésto lo que reflejan las mal llamadas “zonas liberadas” con las que cubren de impunidad a los captores las fuerzas represivas, como sucedió justamente ante el intento de secuestro de las jóvenes estudiantes de Psicología y el IUNA.

Pero, a su vez, estas fuerzas reaccionarias cuentan con la complicidad de intendentes, jueces, gobernantes y funcionarios que también se benefician de este negocio a cambio de participación o de silencio. ¿Cómo se explica sino que el gobierno de Macri haya tenido entre sus principales agentes de la Metropolitana a personajes como Miguel ángel Fausto Colombo, procesado desde 1999 por proteger prostíbulos desde la comisaría 15ª de la Federal, en la que –igual que el 70 % de la Policía PRO- solía prestar funciones? (Página 12, 14/05/10)

Detrás de las “alianzas de género”

Está claro que para el gobierno de Cristina, lo mismo que para el de Macri, la preocupación no está en desmantelar las redes que oprimen y esclavizan a cientos de mujeres y niñas. Sin embargo, ahora que estamos en elecciones, se pelean por ver cuál de los dos finge mejor su preocupación por nuestros postergados derechos.

Así, de la mano de Daniel Filmus -el creador de las “escuelas shoppings”- y de Carlos Tomada –el Ministro de Trabajo amigo del burócrata y asesino de Pedraza-, María Rachid, dirigente de Federación LGBT y ahora ex Vicepresidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), se postula para los próximos comicios como una de las figuras “de género” del Frente Para la Victoria en la Ciudad. Posa de representante de nuestros derechos, afirma que con el gobierno K “tenemos a una mujer (Nilda Garré) que puede responsabilizarse de cualquier tema” (2), dice que se acercó “a la política para luchar contra la discriminación y la desigualdad” (3) y nada hizo ¡ni dijo! desde ese Instituto ante la denuncia de las estudiantes a la impunidad de estas redes y de sus cómplices y participes activos, como las fuerzas represivas y de “seguridad”… ¡que dirige la mismísima Ministra Garré! No nos extraña, porque de la misma forma actuó, mientras ocupaba ese cargo, ante el reclamo de los hermanos Qom en Formosa: en lugar de defender sus legítimos derechos, avaló la represión a manos de la Policía del gobernador K Insfrán y !hasta destituyó a Félix Díaz, referente de esta lucha, de su cargo como delegado del Instituto en esa provincia!

Por supuesto, el derechista de Macri no se queda atrás. El también designó candidata a Vicejefa de gobierno a una mujer, la Ministra de Desarrollo Social María Eugenia Vidal –la misma que negoció con el gobierno de Cristina la represión y el asesinato de pobladores del Indoamericano e impulsó los desalojos de cientos de personas en situación de calle en la Ciudad-. Ahora la conservadora ministra se dedica a publicar libros sobre las mujeres y a repartir calcomanías contra la esclavitud sexual junto al misógino Rabino Bergman y el mismísimo Mauricio. Una verdadera afrenta para quienes luchamos por terminar con las redes de trata, porque ha sido bajo su gobierno que la Ciudad se convirtió en uno de los principales destinos del “turismo sexual infantil”, mientras no parar de proliferar figuras como Juliana Awada –la “primera dama” PRO-, acusadas de llenar sus cajas fuertes con la fortuna que aportan a la industria indumentaria los talleres clandestinos y la trata de personas para la esclavitud laboral. Por lo demás, ¡una real Tomada de pelo por parte del gobierno nacional, cuyo Ministro de Trabajo tampoco ha dicho ni hecho nada al respecto!

Una gran campaña junto al Frente de Izquierda para terminar con las redes de trata y toda forma de violencia hacia la mujer

Quienes luchamos por terminar con toda forma de violencia hacia las mujeres, no podemos depositar nuestra confianza en aquellos/as que garantizan nuestra situación de opresión. La mayor presencia en las calles de una institución criminal e irreformable como la policía, plagada de agentes genocidas e impunes que ejercieron funciones durante la última dictadura militar, dedicada a la protección de los ricos y poderosos y a la represión y hasta desaparición –como la de Jorge Julio López- de quienes luchamos por nuestros postergados derechos, que está implicada en cada caso de trata de mujeres, de jóvenes asesinados por el gatillo fácil, del negocio del juego clandestino, el narcotráfico o el crimen organizado, no es la salida. ¡No hay acertijo a descifrar: los responsables y los cómplices de las mafias de tratantes, regentes y proxenetas actúan y están a la vista de todos/as!

Por eso, ante la política de “más seguridad” –para su propio “orden” y ganancias- que promueven los sectores más reaccionarios y acomodados de la sociedad, y que pactaron recientemente la Ministra de Seguridad del gobierno K, el gobierno de la Ciudad y la decana de la UCR Nélida Cervone para los alrededores de la Facultad de Psicología, nosotras denunciamos que la hipocresía de la clase dominante no tiene límites, nos organizamos con nuestras compañeras de estudio y de trabajo en Comisiones de Mujeres independientes del gobierno, la Iglesia, las instituciones del estado y los partidos de la oposición patronal y clerical y nos ponemos de pie junto a nuestros compañeros varones para pelear porque nuestras federaciones y centros de estudiantes, así como nuestros sindicatos, comisiones internas, cuerpos de delegados, levanten como propia esta bandera de lucha, como lo venimos haciendo desde la Juventud del PTS o con el impulso del periódico militante del “sindicalismo de base” Nuestra Lucha (4).

Pero además, junto a reconocidas compañeras como la abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Myriam Bregman -integrante del colectivo Justicia YA! y querellante en la causa contra los genocidas de la ESMA, Etchecolatz y el cura Christian Von Wernich- y Andrea D´Atri, fundadora de la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas y destacada luchadora por los derechos de las mujeres, impulsamos con el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, del que las compañeras son candidatas a Jefa de Gobierno por la Ciudad de Buenos Aires y a Diputada Nacional, respectivamente.

Lo hacemos con la absoluta convicción de que sólo con nuestra organización y confiando nada más que en nuestras propias fuerzas, podremos acabar con la barbarie siniestra de las redes de trata y prostitución y todas las formas de violencia que impone este sistema capitalista y patriarcal sobre millones de mujeres.

Para terminar de raíz con las causas que la alimentan, para que seamos miles las que nos pongamos de pie para arrancar nuestras demandas, la estrategia de “presión parlamentaria” -que ha llevado a decenas de organizaciones y referentes del movimiento de mujeres y GLTTB a pasar de las calles a los pasillos estériles del Congreso-, se demuestra equivocada.

Hay que poner en pie una herramienta política propia, como la que aportamos a construir desde Pan y Rosas y el PTS en todos estos años. El impulso del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que realizamos junto al Partido Obrero e Izquierda Socialista, con el apoyo de cientos de intelectuales y organizaciones (5), y con candidatas como éstas y otras reconocidas estudiantes, trabajadoras y personalidades que no han cedido a los cantos de sirena del gobierno nacional y la centroizquierda (como la colectora K de Sabatella o la de las patronales sojeras que representan Binner, Margarita Stolbizer y el ahora primer defensor de la Metropolitana de Macri, Pino Solanas), es la fuerza que tenemos que desarrollar con una gran campaña militante, por todos nuestros derechos.

Para que se vete la ley de trata y conquistar la disolución de estas redes mafiosas. Para terminar con la impunidad y desmantelar el aparato represivo del estado, exigiendo que se vaya la policía de nuestras calles, escuelas y facultades. Para terminar con los estereotipos y la estigmatización de las mujeres que difunden los grandes medios de comunicación. Para que ninguna mujer se vea obligada a vender su cuerpo, como si fuera una mercancía, para poder sobrevivir. Para conquistar el salario igual a la canasta familiar y el derecho a la salud, la educación y la vivienda. Para que no haya ni una muerta más por aborto clandestino. Para separar definitivamente a la Iglesia del estado: invitamos a todas las estudiantes, trabajadoras, amas de casa, profesionales, intelectuales y a todas las organizaciones de mujeres que quieren terminar con esta situación a dar con nosotras esta importante pelea, impulsando comités de apoyo al Frente de Izquierda en cada lugar de estudio y de trabajo, con pronuniamientos, charlas, acciones callejeras, proyecciones, pintadas y toda otra iniciativa que fortalezca la voz de quienes luchamos por terminar definitivamente con toda forma de opresión y explotación. ¡Ahora es cuando. Manos a la obra!

(1) Aunque tomamos esta estimación como referencia, cabe aclarar que -como señala la Asociación Civil La Casa del Encuentro-, en nuestro país no existen datos oficiales, aunque se calcula que sólo en la Ciudad de Buenos Aires “hay 5 mil (…) whiskerías, night club, boliches clase c, privados, que son usados en muchos casos como prostíbulos”. Pese a que “no se conoce efectivamente cuántas víctimas hay en ellos”, la denuncia reciente de “la asociación civil Madres de Constitución informó que unas 8 mil jóvenes, en su gran mayoría niñas y adolescentes de entre 14 y 18 años, permanecen secuestradas en mil prostíbulos de la Ciudad de Buenos Aires” (Diario La Arena, 25/4/2011)

(2) Diario Z, 09/06/11.

(3) Declaraciones del 10/06/11 a través de su cuenta de Twitter, @mariarachid.

(4) www.nuestralucha.org.ar

(5) www.ips.org.ar/?p=1743

El santo matrimonio… entre la Iglesia y el Estado

Sol Bajar — 2010-05-13T16:17:00Z

Pedi tu Cuestionando desde el Marxismo escribiendo a corrientenuevedeabril@gmail.com

Miles de denuncias por abuso sexual desvelan a la jerarquía de la Iglesia. La Santa Sede se muestra preocupada… y no es para menos . Ya son millones los que condenan el cinismo del Vaticano y otros tantos se alejan diariamente de la “casa del dios” porque más de 20.000 pederastas continúan vistiendo con sotanas, ofician misas, toman confesiones y albergan a cientos de niños y niñas en colegios religiosos, fundaciones y parroquias. Todos protegidos por el Derecho Canónico y la “justicia divina”, esa legislación interna que rige la conducta de la curia y la beneficia con el derecho especial a no ser sometida -como tantos otros poderosos- a la justicia “terrenal” que castiga a los/as mortales “comunes”, como sucede en nuestro país con Romina Tejerina.

“Campaña de odio” contra el Papa “por su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo y al aborto”, acusan desde el Vaticano, y otros representantes de la Iglesia hasta se animan a explicar que "no es querer culpar a la sociedad y quitarnos culpas, sino reconocer que la liberalidad sexual (…) ha disminuido las fuerzas morales con que queremos educar (…) es tanta la invasión de erotismo que no es fácil mantenerse en el celibato” (El Universal, 15/04/10)

La iglesia tiene dos caras y ya nadie puede negarlo. Pero lo que tampoco puede negarse es que, gracias a su pacto providencial con las instituciones del Estado, sigue imponiendo su moral sobre la vida de millones. Y si hay algo que en nuestro país lo muestra claramente es que, a pesar de las tibias críticas a la plana mayor de la curia, bajo el gobierno de los Kirchner esta reaccionaria institución no sólo ha acrecentado enormemente sus riquezas, sino también su poder de decisión sobre la educación de los niños y las niñas, penetrando en nuestras aulas y determinando qué debemos enseñar y cómo.

La ley de educación sexual: mentiras no tan piadosas

Bajo el pretexto de la defensa de “el niño por nacer” y con la “firme convicción” de que las mujeres y las niñas deben ser educadas con los valores de la maternidad y el sacrificio, la desprestigiada Iglesia Católica se lanzó al desafío que marcó, ni bien asumió, el Papa Benedicto XVI: emprender una “nueva evangelización en América Latina” para recuperar la fuerza de la tradición, la moral y la familia.
En Argentina, la misión celestial adquirió desde entonces los rasgos escandalosos de una activa campaña contra la incorporación de la educación sexual en las escuelas, la prevención y promoción de la salud sexual y reproductiva y el derecho de las mujeres, jóvenes y niñas a no morir por la clandestinidad del aborto. Es que, como resultado de años de lucha, estas históricas demandas del movimiento de mujeres comenzaron a conquistar alcance y apoyo nacional, despertando la simpatía cada vez mayor de un altísimo porcentaje de la población creyente y no creyente.

Presionado por la cúpula religiosa y lo más reaccionario del poder político, pero preocupado también por contener al movimiento que exigía en las calles “educación sexual para decidir, anticonceptivos gratuitos para no abortar y aborto legal para no morir”, el gobierno nacional sostuvo desde sus inicios un “doble discurso”. Mientras el Ministro de Salud Ginés González García se pronunciaba a favor de la despenalización del aborto, Cristina Fernández -entonces senadora y “primera dama”- garantizaba al Vaticano que jamás concedería ese derecho mientras durara su mandato.

Fue en ese marco que, poco antes de las elecciones, se sancionó la controvertida Ley 26.150, más conocida como “Programa Nacional de Educación Sexual Integral”. Pese a las renovadas expectativas que esto generó en importantes sectores, ni la sanción de la ley (que contó con el apoyo parlamentario de toda la oposición, incluida la entonces dirigente de CTERA y diputada Marta Maffei, por el partido de la clerical Elisa Carrió) ni mucho menos la asunción de Cristina, significaron que la iniciativa prosperara en los hechos . A casi cuatro años de su sanción, nada hizo el gobierno para efectivizar su aplicación, dejando en manos de la voluntad y el criterio de cada escuela y sus docentes la implementación del Programa. Con lo que sí nos encontramos es con una renovada ofensiva de la Iglesia para imponer su moral en los contenidos educativos.

Un pacto parlamentario con el oscurantismo clerical

Consultada sobre los puntos fundamentales que a su juicio establecía la ley, Marta Maffei señaló: “En primer lugar, establece la obligatoriedad del Programa de Educación Sexual Integral para todo el sistema educativo (…) En segundo lugar, se trata de un programa absolutamente democrático porque introduce la participación de toda la comunidad educativa. Por ejemplo, en relación a los contenidos, será el Consejo Federal el que convoque a una comisión de especialistas para desarrollarlos, pero cada jurisdicción y cada escuela tendrán que adaptarlos a sus propias necesidades socioculturales. Lo que se pretende con esto es que cada establecimiento encuentre la mejor forma de encarar la educación sexual” (CIPPEC: 2006)

Aunque es cierto que la norma establece que todos los y las estudiantes tienen el “derecho a recibir educación sexual integral”, la interpretación de sus defensores deja al descubierto que la ley escondía desde sus inicios un perverso pacto parlamentario con el oscurantismo clerical: al mismo tiempo que decía fomentar la promoción de conductas “responsables” para la prevención en salud sexual y reproductiva, disponía que los contenidos de enseñanza deberían ser armónicos con los “idearios” de cada comunidad educativa, abriendo paso a que las escuelas religiosas definieran sus programas y adaptaran “los lineamientos a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a (…) las convicciones de sus miembros” (artículo 5º). Junto con esto daba a las provincias el derecho a adecuar el Programa a sus propios intereses y certificaba a la Iglesia Católica ya no sólo en la posibilidad de adaptar los contenidos en las escuelas del clero sino también la de imponer su ideología sobre el conjunto de la educación, tal como sucedió –por ejemplo- en la provincia de Salta, donde en 2008 se impuso la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en todos los niveles educativos.

En otras palabras, el parlamento otorgó a la Iglesia Católica el derecho a transmitir en las escuelas confesionales lo que considere, es decir -por ejemplo-, a educar a miles de niños y niñas bajo la falsa idea de que los preservativos no son eficaces para evitar el contagio de HIV-SIDA, que la interrupción voluntaria del embarazo es un asesinato o que la homosexualidad y el lesbianismo constituyen un pecado y atentan contra la familia “normal”.

Por si algo faltaba, la ley estipuló que para garantizar estos contenidos el Ministerio de Educación de la Nación debía ser “asesorado por una comisión interdisciplinaria de especialistas en la temática” (Artículo 7º) conformada, entre otros, por los representantes de los principales instituciones religiosas. Como señala el oficialista Página 12, “La Comisión –plural y multidisciplinaria–“estuvo integrada, ¡no por las y los docentes que sostenemos la educación pública!, sino “por representantes de distintos credos y expertos en educación sexual, como el sacerdote Rubén Revello, el rabino Daniel Goldman, Myriam Andújar y María Inés Franck por el Consejo Nacional de Educación Católica (Consudec), la licenciada en Educación Graciela Morgade y la socióloga María del Carmen Feijoo, entre otros.” (Página 12, 07/08/09)

Detrás de “la perspectiva de género”, “la educación no sexista” y otros aspectos que pueden parecer progresivos en la ley, con el apoyo de la dirigencia de organizaciones como la CTERA, oficialistas y “opositores” escondieron con su sanción una de las concesiones más reaccionarias de los últimos tiempos en materia educativa. Un verdadero guiño por parte del Estado hacia la cúpula episcopal, votado prácticamente por unanimidad en la sala del Congreso. Veamos cuáles fueron, entonces, sus consecuencias.

No todo lo que brilla es oro

Como era de esperar, envalentonada por tan gratificantes licencias la curia no tardó en arremeter contra el sistema educativo. Buscando imponer ahora su concepción filosófica y sus dogmas de fe, cuando el Ministerio de Educación de la Nación (después de tomarse el más que considerable tiempo de casi tres años) decidió dar a conocer el “Manual de formación docente en educación sexual y prevención del HIV/ SIDA” –también estipulado por la ley-, el escándalo divino no tardó en estallar.

Tras considerar que el texto “neomarxista” apuntaba a “descalificar” la educación en el amor, que desde hace años se imparte en las escuelas confesionales”, uno de los principales voceros de esta campaña, el arzobispo de La Plata Héctor Aguer, denunciaba que “se procura desprestigiar a la Iglesia en el campo de la educación de los niños; se quiere negarle autoridad para orientar el sentido moral de la sociedad”, sentenciando “la guerra entre el laicismo y el cristianismo” (Impulso Baires, 05/04/10).

Confirmando la pretensión de volver a la moral religiosa en las escuelas, el arzobispo afirmó que el material promueve “la reivindicación del derecho de fornicar lo más temprano posible”, cuestión que –agregó- es “ajena a la tradición nacional y a los sentimientos cristianos de la mayoría de nuestro pueblo.” (Clarín, 29/07/09)

No contento con esto, y ocultando que en nuestro país sólo el 23% de la población frecuenta alguna iglesia o lugar de culto, el aguerrido representante de la Comisión de Educación del Episcopado Argentino insistió en que debe prohibirse a los niños, niñas y adolescentes acceder a su derecho a informarse y vivir plenamente su sexualidad, pues esto atentaría contra “el amor, la responsabilidad, el matrimonio y la familia como proyecto de vida”, promoviendo la homosexualidad y el libertinaje entre la población.

Para que no quedaran dudas sobre la posición de la jerarquía de la Iglesia, este obispo tan cercano al gobernador kirchnerista Daniel Scioli –y tan alejado de la realidad que viven millones de mujeres en Argentina- agregó que, por sobre todo, la educación sexual en las escuelas debe ser prohibida porque atenta contra las “leyes de la naturaleza”, es decir, porque “desconoce la vocación maternal que es propia de la condición femenina.” (Diario Textual, 30/07/09) Acto seguido explicó que, por el contrario, "se debe exigir una educación de la castidad y la virginidad, como virtudes que desarrollan la auténtica madurez" (ACI Prensa, 07/09)

Fortaleciendo los dichos del obispo, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina Jorge Bergoglio no tardó en dar a conocer su folleto alternativo. Fiel reflejo de la moral que la Iglesia pretende que inculquemos en las aulas, “El manual para el amor” postula que la concepción es una obra mística y que “la feminidad se manifiesta y se revela (…) mediante la maternidad”. Insistiendo sobre el mandato de “la familia normal” y el sufrimiento, necesario para ganarse la bendición del más allá, el material de la curia impone a las y los docentes que “a los 6 años se hable de los principios religiosos acerca de la persona humana y la familia (…) El matrimonio y las desviaciones sexuales´ serán tema a los 13, y a los 14 se hablará a los chicos de paternidad responsable, métodos naturales de planificación familiar (…) El manual contempla que a los 15 se estudie elnoviazgo digno y feliz´, el significado y valor de la virginidad´, la homosexualidad, el sida ylos peligros de los métodos anticonceptivos y el aborto´” (Perfil, 07/09)

Pero este aparente enfrentamiento entre la Iglesia y el gobierno nacional, que los medios salieron a avivar prontamente, no tardó en demostrarse payasesco. Alberto Sileone, el ministro de Educación K, se apresuró en reafirmar aquello que en sus inicios ya escondía la ley. Consultado por el diario Perfil aclaró, con tono acongojado, que jamás podría estar en contra de que una comunidad enseñe a sus hijos de acuerdo a su visión religiosa (Perfil, 01/08/09) Y para reafirmarlo, Cristina Kirchner no dudó en sostener al mismo tiempo a Graciela Ocaña como Ministra de Salud. Así, mientras el Ministerio de Educación frenaba la implementación de la ley, esta ministra amiga de la cúpula episcopal afirmaba que para el gobierno el aborto es un tema de “política criminal”, obstaculizaba la difusión de la Guía para la atención de los abortos no punibles y sumía al ya limitado Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en una de sus peores crisis. Y para que no quedaran dudas que ésta era “una política de estado”, tras la renuncia de Ocaña por el escándalo de la gripe A, Cristina nombró como Ministro a un hombre aun más clerical: Juan Manzur, ex ministro de Salud de Tucumán acusado de manipular las cifras de mortalidad infantil para bajar los escandalosos índices de la provincia.

Tras semejantes gestos, el candidato a reemplazar a Bergoglio ante al Vaticano Monseñor Aguer, y sus apóstoles, se lanzaron a imponer sus condiciones e incluso fueron por más. Apoyándose en el guiño de una ley que sólo indica el derecho de los y las niñas a recibir educación sexual (¡pero no lo garantiza!), la Iglesia logró finalmente que los gobiernos de varias provincias -como los de Santiago del Estero, Córdoba, Jujuy, Salta, Corrientes y Mendoza- demoraran aún más su adhesión al proyecto, para tratar de conseguir -como finalmente lo hicieron en varias de ellas- una ley todavía más afín a sus santos mandamientos…

El país de la precocidad

Aunque ha creado enormes ilusiones, la llegada de una mujer a la presidencia no ha significado un cambio sustancial en la vida de las mujeres. Los hechos hablan por sí mismos y las consecuencias de ese perverso pacto entre gobierno e Iglesia son cada vez más alarmantes, a tal punto que ya se habla de Argentina como “el país de la precocidad”, porque más de 3 mil niñas menores de 14 años y más de 100 mil jóvenes de entre 15 y 19 años, que desconocen la existencia de métodos anticonceptivos y no tienen acceso a la educación sexual, se convierten en madres anualmente (Pagina 12, 26/09/09).

La otra cara de esta realidad es que la criminalización del aborto pasó a ser una de las principales causas de muerte de mujeres gestantes y, aunque dada su ilegalidad no contamos con cifras precisas, se estima que por cada 700.000 nacimientos que se registran cada año, entre 500.000 y 700.000 mujeres interrumpen un embarazo en condiciones de clandestinidad. Tan grave es la situación que en los hospitales públicos se internan –según cifras oficiales- unas 80.000 mujeres al año por complicaciones post abortivas, aunque se calcula que por cada caso registrado ya son 7 las mujeres que no acuden al hospital. Un dato aún más escandaloso si se considera que por cada mujer que muere otras 20 mujeres (también niñas, jóvenes, trabajadoras y pobres) padecen enfermedades o lesiones que acarrean graves y permanentes secuelas para su vida.

Sin embargo, para el gobierno de los K estas cifras no se traducen más que en frías estadísticas. ¡Así es como pretenden esconder que en lo que va de su mandato han muerto aproximadamente unas 3000 mujeres por no contar con los 4000 pesos que sale un aborto en una clínica privada!

Junto con esto, la creciente judicialización de las mujeres que abortan en clandestinidad, incluso cuando han sido violadas y embarazadas, es una de las caras más cínicas de esta brutal regresión. Aunque el Código Penal concede el aborto terapéutico ante la “excepción” de riesgo de vida o cuando el embarazo es producto de una violación “a una mujer idiota o demente”, lo verdaderamente excepcional en Argentina es el cumplimiento de esta norma, ya de por sí limitada.

Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago

Lejos de estar dirigida exclusivamente contra la educación sexual en las escuelas, la campaña de la Iglesia apunta contra toda conquista de derechos para las mujeres. ¡Una verdadera hipocresía por parte de quienes son capaces de sostener las atrocidades más grandes, como las que acaba de proferir el arzobispo de Granada, quien afirmó que acceder a este derecho -también sexual y reproductivo- “da a los varones la licencia absoluta, sin límites, de abusar del cuerpo de la mujer"! (Arzobispo de Granada, 23/12/09)

Y no es todo. Al mismo tiempo que este amigo personal del Papa Ratzinger pronunciaba esas afirmaciones “celestiales”, estallaba en todo el mundo el escándalo que –esta vez- tiene como principal protagonista al jefe del Vaticano, acusado de esconder las denuncias a sacerdotes alemanes por maltrato físico, pedofilia y abuso sexual a más de 300 niños y niñas en colegios religiosos, por los que están implicados hasta el propio hermano del Papa, Georg Ratzinger, y el prelado Josef Obermaier, segundo de Benedicto XVI cuando éste dirigía la congregación de ese país. (BBC Mundo, 16/03/10)

Y aunque hubo quienes esperaron que esta Semana Santa el máximo padre de la Iglesia se pronunciara contra estas vejaciones, tras el tradicional “baño de pies” que exige el protocolo del clero el Papa aprovechó también para lavarse las manos. No sólo pretendió silenciar la tormenta de acusaciones que asola al Vaticano, y en la que ya figuran más de 20.000 pederastas que visten con sotana, sino que perversamente dedicó su sermón a condenar el derecho de las mujeres a no morir por aborto clandestino, afirmando que “los católicos no pueden aceptar las injusticias elevadas a derechos por las leyes, como los asesinatos de niños inocentes aún no nacidos.” (Página 12, 02/04/10)

Por si quedaban dudas sobre la posición oficial de la iglesia, el obispo Bernardo Álvarez, máximo responsable de la Iglesia en Tenerife, afirmó: "Puede haber menores que sí lo consientan y, de hecho, los hay. Hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo y, además, deseándolo. Incluso si te descuidas te provocan" (La opinión, 27/03/07) A confesión de partes… (y el resto, todos cómplices)

Para no ser menos, en una verdadera muestra de homofobia (pero también de impunidad), el cardenal Tarciso Bertone no tardó en apuntar contra los “verdaderos culpables”, agregando que “han demostrado muchos psicólogos, muchos psiquiatras, que no hay relación entre celibato y pedofilia, pero muchos otros han demostrado, y me han dicho recientemente, que hay relación entre homosexualidad y pedofilia. Esto es verdad, este es el problema”. Y adelantó que por estos días se conocerán las “nuevas” y “sorprendentes” medidas que planean respecto al escándalo episcopal (Terra, 10/04/10).

Pero no nos sorprenden las medidas que pueda tomar la curia. Ya vimos cómo en Argentina la jerarquía de la Iglesia ha hecho “lo humano y lo divino” por encubrir y proteger al sacerdote Julio César Grassi, enjuiciado por los abusos sexuales a los niños en situación de calle que alojaba en su mediática fundación. Y mucho menos nos sorprende el accionar del gobierno y la instituciones del Estado, como la justicia, que siempre complaciente con la curia y sus fundamentalistas “pro vida”, sigue negando a las niñas violadas y embarazadas su derecho a al aborto terapéutico mientras beneficia y protege a los curas pederastas. La impunidad se sostiene y se financia… si no ¿cómo se explica el subsidio de 1,9 millones de pesos anuales que, según el diario Perfil, el gobierno K destina todavía a la Fundación del padre Grassi?

Está claro: la Iglesia, verdadera heredera de la inquisición, no está sola en su cruzada contra las mujeres. Cuenta con la complicidad del gobierno nacional, de los políticos derechistas y clericales y de las instituciones del Estado, que han permitido que el oscurantismo clerical siga imponiendo su moral sobre millones.

No nos extraña tanta hipocresía. Con la complicidad de estos sectores, es la Iglesia la que sigue defendiendo a los curas genocidas, como Von Wernich y otros tantos jerarcas del clero que dieron su bendición a la tortura y el asesinato de miles de luchadoras y luchadores durante la última dictadura militar. ¡Cuánto cinismo! La Iglesia habla del derecho a la vida pero sigue ocultando, junto al Estado, quiénes son y donde están los/as hijos/as de nuestras compañeras detenidas desaparecidas.

El santo matrimonio… entre la Iglesia y el Estado

La iglesia se consolidó como una de las principales instituciones al servicio de las clases dominantes. Sobre la base de la esclavitud, ya en tiempos del Imperio Romano, consiguió alejarse de las comunidades cristianas creando –siempre por “mandato divino”- una burocracia dedicada a administrar las propiedades del clero. De ahí –entre otras cosas- la ingeniosa medida del celibato, con la que buscó garantizar la continuidad de su estirpe: si los curas tenían hijos y esposas, ¿a dónde irían a parar los aportes del Estado, las relucientes propiedades donadas por la fe burguesa y los humildes diezmos de millones que –sumados- representan mucho más que un valioso tesoro? Previsora, nadie puede negarlo, la Iglesia siempre fue una institución al servicio de las clases dominantes para el control ideológico y social. ¿Cómo explicar sino que en casi todo el mundo, después de más de 2000 años de historia, no se haya dado un sólo paso en separar al Estado de esta decadente y reaccionaria institución?

Haciendo un poco más de historia vemos que Argentina es uno de los pocos países que desde la constitución del sistema educativo separó a la Iglesia de la función educadora. A fines del siglo XIX estableció la laicidad en su ley orgánica, la 1420. Este cambio, junto a la masificación de la educación elemental, fue en su momento relativamente progresivo en relación a los proyectos de educación confesional. Pero en 1943 el golpe militar reimpuso la enseñanza religiosa en las escuelas públicas de todo el país, contra las leyes argentinas. En 1947 el primer gobierno de Juan Domingo Perón le daba a esta realidad “fuerza de ley” y, aunque en 1954 -durante su segundo mandato- él mismo anuló la norma, la “ruptura” con la cúpula eclesiástica dejó incólume otra ley promulgada por el General: el otorgamiento de subsidios a la educación privada.

Como si esto fuera poco, la Iglesia fue recompensada más tarde por esos penosos momentos. Gracias al decreto del 7 de marzo de 1979, firmado por el genocida general Videla y el ministro oligarca José Martínez de Hoz, se dispuso que el Estado debía pagar “una asignación mensual a arzobispos y obispos que equivale al 80 por ciento del ingreso de un juez nacional (…) y a los obispos auxiliares, se les paga un 70 por ciento”. También por fuerza de ley la dictadura aseguró a la iglesia becas económicas para los seminaristas y párrocos en zonas “de frontera”, jubilaciones graciables, pasaportes diplomáticos y subsidios de viajes al Vaticano de los miembros de la curia, ¿cómo no iban a apoyar a “tan generosa” dictadura?

Más tarde, y a pesar que la Iglesia Católica mantuvo siempre el control sobre una parte del sistema educativo, y que el estado la subsidió históricamente, la Ley Federal de Educación sancionada en 1993 bajo el gobierno de Menem (con la Ministra de Educación Susana Decibe y “la pluma” de Filmus) implicó un salto en la definición de la educación pública como un sistema con dos tipos de gestiones: privada y estatal. Esto permitió no sólo un gran avance de la educación privada en general, si no particularmente de las escuelas confesionales.
En la actualidad se sigue sosteniendo económicamente a la iglesia con los impuestos que pagan católicos, judíos, musulmanes ¡y hasta quienes no profesamos ninguna religión! ¡Cuánto doble discurso por parte del gobierno de los “derechos humanos”! No sólo beneficia con más impunidad a los curas genocidas y violadores, sino que mantiene intactas todas estas medidas impuestas por la dictadura militar y los gobiernos neoliberales. Basta mirar los aumentos presupuestarios para el financiamiento de la curia, otorgados por el gobierno “nacional y popular” con el apoyo de toda la oposición: ¡casi 18 millones de pesos para el sostenimiento de la iglesia y subsidios millonarios para la educación confesional!

La religión -que pertenece al “ámbito privado”- es considerada por el Estado como parte de la educación; por eso las escuelas confesionales dejan de tener jurídicamente un fin privado para tener un “fin social” que no sólo justifica su existencia, sino también su financiamiento estatal, y por que no, que la religión sea parte de la educación pública.
No quedan dudas: mientras las escuelas se caen a pedazos y las maestras y maestros cobran salarios de miseria, la Iglesia Católica sigue gozando en Argentina de los más variados aportes y beneficios estatales: subsidios, salarios millonarios, jubilaciones de privilegio, exenciones impositivas y hasta centenares de cesiones inmobiliarias son parte de los “aportes” que los K han mantenido para beneplácito de la Iglesia. ¡Con este dinero hasta se sigue manteniendo a los curas acusados de abuso y violación!

Cada vez más cerca del rosario que de la ciencia

La escuela moderna, que permitió la masificación de la lecto-escritura y las operaciones matemáticas básicas, también tiene la función de reproducir la ideología dominante y, con ello, los preceptos, roles y estereotipos de género (Ver “Una historia al servicio de las clases dominantes”). Si hasta el siglo XX no era obligatorio enseñar a las niñas a leer y escribir y sí formarlas según el mandato de la maternidad, hoy la educación masiva y extendida (aunque no universal) reproduce esos roles en sus rutinas didácticas. Cambiar el lenguaje por uno no sexista, modificar algunas viejas rutinas escolares, transgredir algunas pautas que impone la burocracia de las currículas... no es suficiente. Hay que desnaturalizar lo que está dado "por hecho” y arrancar la educación pública de manos del oscurantismo clerical y la burocracia del Estado para ponerla al servicio de las necesidades de las grandes mayorías trabajadoras y pobres. ¡Queremos debatir y planificar el contenido de lo que se enseña y se aprende con el conjunto de la docencia, los y las estudiantes, padres y organizaciones sociales, de mujeres, obreras y populares!

La escuela es un potente agente socializador, transmisora de creencias, ideologías y valores esencialmente de la clase dominante. Lejos de la neutralidad es formadora de subjetividades y reproductora de las relaciones sociales existentes. Para ello se vale también de los valores y la ideología que la iglesia pregona. Es el Estado el que sigue avalando la censura impuesta por la curia, considerada como un "agente educador" por las mismas leyes argentinas. Y si hay algo que lo demuestra es la Ley de Educación Sexual Integral. Después de tantos años de la lucha por la educación laica el Estado no sólo sigue subsidiando la educación privada a costa de la pauperización de la educación pública, sino que permite que las grandes decisiones estratégicas que conciernen a los contenidos programáticos pasen por el filtro aprobatorio o condenatorio de los monseñores. La discusión sobre educación laica del siglo XIX todavía es un área en disputa, porque a inicios del siglo XXI la Iglesia aún no está separada del Estado.

Las y los docentes tenemos que tomar en nuestras manos esta importante tarea, porque no podemos permitir que la educación de nuestros/as niños/as siga en manos de quienes los condenan a un futuro de miseria. Tenemos que exigir a nuestras organizaciones sindicales que se pongan al frente de esta pelea. ¡No alcanza con los pronunciamientos formales, las declaraciones abstractas y las mediáticas fotos parlamentarias para apoyar tal o cual iniciativa de ley! Si es que verdaderamente pretenden dar un paso en la lucha por nuestros derechos, la CTA y la CTERA deben ponerse al servicio ¡ya mismo! de preparar una gran movilización por estas elementales demandas, para que sean miles de docentes, padres y estudiantes los que hagan oír su voz en todo el país.

Desde la Corriente Nacional 9 de Abril y la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas te invitamos a organizarte con nosotras/os para impulsar una gran campaña por estos derechos. En los barrios y en las escuelas, tenemos que comenzar a organizarnos impulsando comisiones, foros y debates, juntando firmas, haciendo pintadas, jornadas, festivales y multiplicando las iniciativas para poner en pie un gran movimiento, independiente de la Iglesia, el Estado, la justicia y los partidos patronales, para terminar con tantos atropellos y exigir:

– Fuera la Iglesia de nuestras vidas. Exigimos la separación de la Iglesia del Estado. ¡Fuera la Iglesia de la educación!

– Sistema público único de educación financiado por el Estado, pero gobernado y planificado por los y las docentes, estudiantes, padres y organizaciones obreras y populares.

– Aumento del presupuesto educativo en base al no pago de la deuda externa, impuestos progresivos a las grandes fortunas y eliminación de los subsidios a las escuelas privadas. ¡Ni un peso para los curas abusadores y genocidas! ¡Con esa plata exigimos becas, comedores y nuevas escuelas y colegios para que ningún/a joven o niño/a se quede sin estudiar!

– Hay que expropiar a la Iglesia (principal terrateniente urbano) para garantizar vivienda a miles de familias sin techo y convertirlas en hogares, escuelas y casas para las mujeres y niños/as víctimas de la violencia y el abuso sexual, controladas y administradas por las organizaciones sindicales combativas y de mujeres, sin injerencia del gobierno, el Estado y sus instituciones. ¡Y qué los curas vayan a trabajar!

– Derecho a la educación sexual laica en todos los niveles educativos. Capacitación gratuita y de calidad en servicio a cargo de docentes y profesionales de la salud que accedan a los mismos por concursos, y garantizados por el estado.

– Anticoncepción gratuita en todas las salas y centros de salud y aborto legal, seguro y gratuito en todos los hospitales públicos y ante la sola decisión de la mujer.

Una historia al servicio de las clases dominantes

Durante mas de mil ochocientos años la decisión de interrumpir un embarazo -aun en la clandestinidad- fue un asunto privado, porque ni el cuerpo de la mujer ni lo que allí dentro creciera interesaba a los religiosos, legisladores o médicos de la época. Por eso lo que hoy llamamos aborto no se consideraba un crimen. Cuando en el siglo XVIII, para aumentar la cantidad de súbditos al servicio del rey, se establecieron las primeras leyes “pro vida”, la Iglesia -que siempre sirvió a los intereses de las clases dominantes- no tardó en revertir sus concepciones de fe.

Más tarde, cuando los capitalistas necesitaron evitar la alta mortalidad provocada por las epidemias y las guerras y aumentar la fuerza de trabajo para acrecentar sus ganancias, volvió a auxiliar al Estado colaborando en pensar los nuevos “problemas demográficos” en términos de “protección de la vida”. Es así como en 1869, el Papa Pío IX reprueba -por primera vez- el derecho al aborto desde el momento de la concepción, al mismo tiempo que impone el criterio de “infalibilidad papal” por el que todo lo que dice un Papa ¡es cierto e indiscutible!

Lejos de enterrar el pasado oscurantista el capitalismo reavivó desde sus inicios el fuego inquisidor sobre las niñas y los niños. Basada en la explotación de millones de seres humanos por parte de una pequeña minoría, la burguesía encontró en la educación pública también incontables beneficios: destinada en sus orígenes a formar a los hijos varones de las capas más adineradas, la escuela prometía reveladores resultados a la hora de formar a las futuras generaciones obreras, garantizando al mismo tiempo la reproducción de la ideología y los valores de la nueva sociedad. La Iglesia no dudó en prestar al Estado, nuevamente, su inestimable colaboración para esta nueva empresa, asumiendo ella misma la “instrucción” de los niños de los sectores populares.

Con la incorporación de las mujeres a la educación pública, el debate sobre el “deber ser” de la mujer, por mandato biológico y divino destinada hasta entonces a la reproducción de la familia, actualizó la preocupación episcopal sobre la calidad de la formación de varones y mujeres.

Hoy, bajo el pretexto de la “defensa del niño por nacer”, la Iglesia es una de las instituciones que más se opone a que las mujeres y las niñas accedan a sus derechos sexuales y reproductivos, pero calla ante la pérdida de embarazos provocada por las terribles condiciones de trabajo y las extenuantes jornadas laborales impuestas a gran parte de las mujeres obreras. Las docentes lo sabemos muy bien, porque el estrés y las dolencias del trabajo son causas, no reconocidas por el Estado, de cientos de abortos espontáneos.

Tampoco emite una sola palabra misericordiosa por las cientos de mujeres y jóvenes que mueren por abortos clandestinos. Pero lo más hipócrita es que sea esta reaccionaria institución la que hable de la defensa de la vida, cuando sabido es que su historia está escrita con sangre. ¿Acaso la Inquisición que se cobró miles de vidas, especialmente de mujeres que se sospechaban “sin fe”, no fue una verdadera organización criminal? ¿Y no fue la Iglesia la que presenció los “vuelos de la muerte”, los secuestros y las torturas durante la última dictadura en Argentina? Si dice defender la vida, ¿por qué se opone a la educación sexual y el uso de métodos anticonceptivos que no sólo evitarían muchos embarazos no deseados sino que, también, impedirían la transmisión de enfermedades como el HIV-SIDA? Todo indica que su defensa es más bien de la propia tradición cristiana, que no es más que la de sus intereses.

Pero entonces, ¿es justo que “la palabra santa” siga imponiéndose sobre las mujeres? ¡No! El derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos no tiene que ver con el credo se profese, ¡mucho menos cuando lo que está en juego es la salud y la vida de las mujeres! Además, ¿por qué la fe de algunos debe ser un imperativo para todos? Por otra parte, si hay casi tantos abortos como nacimientos, eso significa que aún las mujeres católicas recurren a la interrupción voluntaria del embarazo. La prohibición del derecho al aborto sólo garantiza la clandestinidad, condenando a la muerte a miles de mujeres y niñas.

El útero ¿legislado?

Sol Bajar — 2010-03-26T12:49:00Z

En un acto de arrojo e hipocresía, diputados/as nacionales del Frente Cívico por Santiago del Estero dieron a conocer por estos días un proyecto de resolución que, encabezado por la firma del legislador Cristian Oliva, pretende limitar más aun el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Afirmando que el útero es el “primer medio ambiente natural de la persona por nacer”, el proyecto explica que nuestro órgano debe “gozar de la máxima protección” ya que –dice- “de su sana conservación, dependerá principalmente el éxito en la procreación humana, en la salud de la persona por nacer y en el neonato, y en la salud posterior de la madre, que tendrá a su cargo su crianza”.

Así, la iniciativa que busca convertir “al útero femenino” en el único órgano humano con legislación propia no escatima esfuerzos para adornar de científico al retrógrado mandato episcopal según el cual las mujeres estamos llamadas a ser incubadoras sumisas. De nuestros deseos, aspiraciones y proyectos; de los riesgos psíquicos y físicos de las niñas violadas y embarazadas y de los abortos practicados en pésimas condiciones cuando no se puede pagar una clínica privada; de los despidos y maltratos que sufren las trabajadoras cuando los patrones se enteran del embarazo; de los abortos espontáneos y partos prematuros provocados por las terribles condiciones laborales; o de la imposibilidad de soportar un embarazo cuando no se tiene trabajo, ni casa, ni alimento, nada dicen estos fieles representantes de la Iglesia en el Congreso.

Muy por el contrario, los diputados y diputadas del Frente “CÃ NICO” por Santiago del Estero desarrollan una repudiable fundamentación que abunda en citas de fervientes religiosos disfrazados de antropólogos y médicos, para finalizar proponiendo que se declare “al útero de la mujer y a sus órganos reproductivos, ambiente protegido´” y se desarrolle “una campaña de prevención de la integridad del útero de las mujeres y de sus órganos reproductores (…) para mejorar la salud reproductiva y la de la persona por nacer.” Esconden así que lo que verdaderamente atenta contra la integridad y la salud de las mujeres es la ilegalidad del derecho al aborto, a la que hace años nos condenan la Iglesia, los funcionarios y políticos patronales, los gobiernos de turno y las instituciones del Estado. Como muestra, bastan las palabras de Miguel Curioni, profesor adjunto de Obstetricia de la Universidad Nacional de Santiago del Estero e integrante del Comité Provincial de Monitoreo de la Mortalidad Materna, quien hace poco denunció que las muertes por aborto clandestino crecieron de manera escalofriante desde que el gobierno nacional cercenó -aún más- el Programa de Salud Sexual y Reproductiva: “Estamos viendo los efectos de la falta de anticonceptivos que hubo en el último año, por el corte del suministro desde la Nación y la ausencia de una respuesta adecuada en la provincia”, dijo ante Página 12. Mientras tanto, según cifras oficiales del servicio de Maternidad del Hospital Regional de Santiago del Estero, en la provincia hay un aborto registrado por cada cuatro nacimientos, lo que explica por qué -a escala nacional- la clandestinidad de esta práctica se ha convertido en la principal causa de muerte de mujeres gestantes y de las más de 80 mil hospitalizaciones que se suceden cada año. Pero no conformes con esto, y desestimando la enorme adhesión al reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito, los/as legisladores/as santiagueños insisten en la necesidad de regular nuestro útero como si se tratara de un ente autónomo, ajeno a nuestro cuerpo. Apoyándose en el decreto menemista que instauró en nuestro país el “Día del niño por nacer” (1), no ahorran palabras para explicarnos cómo nuestro organismo, “fuente de bienestar y de procreación”, debe comportarse “frente a ´un inquilino”. En nada ajenos al mensaje que este 25 de marzo difundían los representantes de la curia en distintos puntos del país, llamándonos a retomar el camino de la postergación y el sacrificio, pretenden colaborar con el relanzamiento de la cruzada episcopal contra el derecho al aborto, emprendida “en defensa" -por supuesto- del “orden instituido por Dios”.

Es así como, envalentonados por la nueva composición del Congreso Nacional y la recurrente negativa del gobierno de Cristina Fernández a dar un solo paso para que no haya una sola muerta más, los/as legisladores/as esperan que su proyecto sea tratado y aprobado en dos comisiones: la de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, que preside la derechista Claudia Rucci del Peronismo Federal, y la de Acción Social y Salud Pública, integrada por la clerical Gabriela Michetti y presidida por el oficialista Antonio Morante, quien es coautor junto a Cynthia Hotton –secretaria de esta comisión- del polémico proyecto de ley de “libertad religiosa”, que cuenta con el beneplácito del cardenal Bergoglio y establece entre otras cosas penas de prisión de seis meses a dos años para quien se anime a criticar “de hecho o de palabra” a un religioso. Por si faltara aclararlo, en estas comisiones, a pesar que los bloques están profundamente divididos, la amplia mayoría de los y las legisladoras coinciden en lo fundamental: están en contra de la legalización y la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

No podemos dejar en manos del Congreso nuestra histórica lucha por el derecho al aborto. Mucho menos podemos permitir que nos impongan este cínico y brutal retroceso. La reciente absolución de Elizabeth Díaz, conquistada tras una incansable y persistente lucha, confirma lo que Pan y Rosas plantea hace tiempo: que nuestras demandas nunca han sido un regalo de las instituciones de este estado, sus políticos y gobiernos de turno y que sólo confiando en nuestras propias fuerzas podremos arrancar las reivindicaciones que nos corresponden.

Como recientemente declaró Leticia Celli, impulsora de Pan y Rosas en Córdoba y abogada del Ceprodh en la defensa de Eli, la valentía de esta joven debe servir de impulso a nuestra lucha. En los barrios y en lugares de estudio y de trabajo, las mujeres tenemos que comenzar a organizarnos, impulsando comisiones, foros y debates, juntando firmas, haciendo pintadas, jornadas, festivales y multiplicando las iniciativas para preparar la movilización de miles y miles de mujeres frente al Congreso nacional, para terminar con estos atropellos y arrancar nuestro derecho a que no muera una sola mujer más por la clandestinidad del aborto.

La CTA -que integra la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y la ha acompañado en la nueva presentación de su proyecto en el Congreso- y la centroizquierda de Pino Solanas y Martín Sabbatella –que además de apoyar este proyecto ha presentado otro similar-, si es que verdaderamente pretenden conquistar este derecho, deben llamar ya mismo y sin dilaciones a una gran movilización por el derecho al aborto, para que sean miles las que hagan escuchar su voz en todo el país.

(1) En 1994, tras el fallido intento de agregar a la Constitución Nacional la consideración del inicio de la vida desde la concepción, Carlos Menem sancionó –decreto mediante- la Ley que establece al 24 de marzo como “Día del niño por nacer”, que valió al entonces presidente el apoyo incondicional del Vaticano. De más está decir que todos los gobiernos posteriores mantuvieron la medida de su antecesor.

Vidas robadas para un negocio siniestro

Sol Bajar — 2008-03-06T09:27:10Z

Así como con la telenovela Montecristo millones de espectadores se interiorizaron sobre el secuestro de bebés de la dictadura, con la nueva tira de TELEFÉ, Vidas Robadas, se espera destapar el siniestro mundo del tráfico de mujeres. ¿Será un éxito igual que el anterior? No lo sabemos, pero sí está descontado que en este sucio negocio, la oscura realidad supera cualquier ficción.

En todo el mundo, 400 millones de personas, fundamentalmente mujeres y niñas, son víctimas de redes de trata de personas con fines de prostitución. Engañadas con la promesa de trabajo frente a la creciente "feminización" de la pobreza o secuestradas a sabiendas de la impunidad que gozarán los negociantes, son reclutadas, transportadas, vendidas y alquiladas dentro y fuera del país, como si fueran mercancías. Un negocio que, se estima, ronda los 32 mil millones de dólares anuales, el tercer puesto después de la venta de armas y drogas, y casi sin peligro para los delincuentes, porque el dinero es suficiente para comprar el silencio y la complicidad de jueces, policías, religiosos, gobernadores y funcionarios municipales, provinciales y nacionales.

Un negocio basado en la explotación de mujeres puestas en cautiverio, sin vías de comunicación, documento de identidad o dinero, obligadas a tener sexo con "clientes" bajo amenazas, violaciones, torturas psicológicas y físicas que generalmente terminan en la muerte cuando la víctima se niega a prestar "servicios" para prostíbulos, filmaciones o para el gran negocio del turismo sexual. En Argentina, Marita Verón, Paulina Lebbos, Florencia Penacchi, Fernanda Aguirre y Otoño Uriarte son sólo los nombres más conocidos de los casi 500 casos que ya existen.

Sed de ganancias

La OIT, interesada en el gran movimiento económico de estas redes, sugirió a los gobiernos, cínicamente, regular la prostitución como actividad comercial, es decir, convertir a los proxenetas en empresarios, promoviendo el tráfico y ampliando las recaudaciones del Estado con cargas impositivas y licencias.

En Argentina, donde la prostitución está prohibida desde 1949, el gobierno presentó un proyecto de ley para tipificar la trata como delito federal, que establece que en el caso en que las víctimas sean mayores de 18 años deben comprobar que no prestaron "consentimiento". Sara Torres de la Red No a la Trata señaló que este delito debe configurarse aunque la víctima haya prestado su consentimiento, cualquiera sea su edad, porque los explotadores son delincuentes más allá de las condiciones de la víctima. Mientras Cristina Fernández plantea que "es vital" recuperar la confianza en la reaccionaria policía, está claro que sin la complicidad de las fuerzas represivas del Estado, los funcionarios, los jueces y otras instituciones, estas redes no podrían operar con total impunidad como lo hacen.

Exigimos el desmantelamiento de las redes de tráfico de personas y el castigo a los proxenetas, pero denunciamos también que no serán los jueces, funcionarios y fuerzas represivas del Estado, cómplices o partícipes de este truculento negocio, quienes puedan hacer, como en las telenovelas, que las trágicas historias de las víctimas tengan un final feliz.

'Nosotras también tenemos que organizarnos y hacer política'

Sol Bajar — 2008-01-10T11:21:00Z

El aumento de los ritmos, mayor productividad; los contratos basura, los bajos salarios, las largas jornadas es una constante. Es la cruda cara del mapa que en Medicina Laboral llaman "perfil de daños", ocultando su origen: sobreesfuerzo físico y psíquico, daños reproductivos, enfermedades traumatológicas, alimenticias, respiratorias. Les dicen "enfermedades silenciosas" porque son lentas e invisibles, pero son una cara de la violencia laboral, que afecta más a las mujeres, el 56% entre los/as precarizados/as. Las trabajadoras del Casino denunciaron esas condiciones y salieron a pelear por reducción de la jornada y mejoras en salubridad, recibiendo el ataque de la patronal, la burocracia y el gobierno. Las trabajadoras de Fresenius, que tras el incendio de la planta luchan por la reapertura y reincorporación, denuncian que para la empresa son material descartable. A costa de nuestra salud, en todos lados, los capitalistas ganan millones. Entrevistamos a Mónica (MO) y Marisol (MS) de la Comisión Interna de Fresenius y a Macarena (MA), trabajadora del Casino Puerto Madero.

– ¿Cómo surge la denuncia sobre las condiciones de trabajo?

MO: Fresenius empezó a controlar la producción y todas se mataban por miedo a perder el trabajo. Tenés un minuto por hora de descanso, los ritmos generan cada vez más enfermedades y con la evaluación íbamos a terminar destruidas.

MS: Además si te dan licencia, -¿quién hace las tareas de la casa? Te dan antinflamatorios y el estómago se destruye; volvés y las condiciones son iguales; la ART no se hace cargo y afecta al bolsillo. Por eso llamamos a una Campaña por los Derechos de las Trabajadoras. Estábamos en eso cuando fue el incendio. -¡Hay chicas de 26 años con la columna desviada, destruidas las manos, inflamaciones, tendinitis, no pueden ni retorcer un trapo y no las van a tomar en otro lado!

MA: Al traumatólogo del Casino iban 100 trabajadores al día, pero decían que lo de mis cervicales era un problema mío. Ahí una de cada seis trabajadoras embarazadas perdió su bebé y 1 de cada 4 tuvo parto prematuro. Y cuando salimos por la reducción, viene la patota, nos golpean y despiden acusándonos de violentos. Es que, si avanzás buscan romper la organización y quebrarte.

– ¿Cuál es el rol de las mujeres en estas luchas?

MA: Fuimos impulsadas por la situación, porque no importa si hay días del mes que estás mal, si estás embarazada y trabajás llena de humo, con la mesa que te golpea la panza. Además hay una presidenta mujer que habla de los derechos humanos, de las mujeres, pero nos da vuelta la cara. Es un gran contrasentido: por más que sea mujer, se lava las manos igual.

MS:. Las chicas me explicaban que nosotras también teníamos que organizarnos y hacer política, pero yo nada? hasta que quisieron tocarme y salieron al paro y dije "es el momento". Yo sabía que iba a haber un momento. Como dice Celia de Brukman: "es el momento y ahora que empecé no pienso parar". Las trabajadoras tenemos que ocupar nuevos puestos, organizarnos, salir a pelear, porque nosotras también tenemos derechos. Eso es algo que yo quiero decir a todas las trabajadoras.

¡Derecho al aborto libre y gratuito!

María Chaves, Sol Bajar — 2007-03-08T18:47:00Z

El caso de V.O 'quien recientemente solicitara interrumpir el embarazo producto de la violación que sufrió por parte de su padrastro-, pone nuevamente en evidencia que el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos sigue siendo objeto de interposición del Estado con su justicia, el gobierno, la Iglesia y ciertas ONG´s ligadas a esta archirreaccionaria institución. Víctima de una violación primero y de las manipulaciones de la justicia después, la historia de V.O. es la de miles de mujeres que sufren las secuelas de la violencia, la opresión y la ilegalidad del aborto, doblemente fatales para las mujeres trabajadoras y de los sectores populares. La adolescente de 14 años, tras semanas de espera, sufrió finalmente un aborto espontáneo provocado por el estrés de la terrible situación a la que se vio sometida en las últimas semanas.

Aunque casi la mitad de la población está a favor de la despenalización, y este apoyo asciende al 80% cuando median situaciones como la violación, seguimos sin poder acceder al aborto legal, libre, seguro y gratuito. -¿Cómo se explica que, por ceder a la presión de un pequeño sector de retrógrados se siga impidiendo que se legalice el aborto en Argentina?
Habiéndole garantizado ya hace tiempo al Vaticano que no se avanzará en este terreno, el gobierno de Kirchner intenta confundirnos con su doble discurso: mientras en su reciente discurso al Congreso afirma que se han dado "pasos de madurez" en salud sexual y reproductiva, omite decir que, desde su asunción, se pueden calcular en más de 1.200 las mujeres muertas por las consecuencias de los abortos clandestinos.

La legalización y despenalización del aborto en todos los casos "para acceder a él gratuitamente, en hospitales públicos y preservando nuestra salud psicofísica-, junto a la efectiva aplicación de una ley de salud sexual y reproductiva que garantice información, educación sexual y acceso gratuito a los distintos métodos anticonceptivos a todas las mujeres sin distinciones, son la única manera de dar los primeros pasos para garantizar los plenos derechos de las mujeres sobre nuestros propios cuerpos.

El caso de V.O. muestra, nuevamente, que "a pesar de existir contradicciones que pueden aprovecharse en beneficio de alguna particular damnificada-, en la lucha por nuestros derechos, no podemos depositar confianza en las instituciones de este régimen de democracia para ricos. Además, para avanzar efectivamente en el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, debemos enfrentar la dictadura clerical que interpone sus recursos legales y amenaza de muerte a los médicos y las mujeres que necesitan interrumpir su embarazo. Por eso, mientras el gobierno se arrodilla ante las exigencias vaticanas y sigue sosteniendo a la millonaria Iglesia con salarios de 5.000 pesos para los obispos, subsidios a la educación privada confesional y otras prebendas, nosotras exigimos la separación de la Iglesia del Estado. -¡Saquen sus rosarios de nuestros ovarios! -¡Y que los curas vayan a laburar!
Es necesario desarrollar un gran movimiento de lucha, encabezado por las mujeres trabajadoras y de los sectores populares, independiente de la Iglesia, el Estado, el gobierno y los partidos patronales, para arrancarle a este régimen el derecho democrático que nos corresponde: -¡Educación sexual, para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Derecho al aborto legal, seguro y gratuito para no morir!