Pan y Rosas

Pan y Rosas marchó contra la impunidad de ayer y de hoy

Virginia Gómez — 2008-03-25T10:06:22Z

Este 24 de marzo, a 32 años del golpe genocida, Pan y Rosas marchó junto al PTS, en la convocatoria del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Con una destacada bandera violeta donde podía leerse: "-¿Kristina donde están los bebés de las desaparecidas? Apertura de los archivos YA", las compañeras de Pan y Rosas marchamos denunciando la impunidad de ayer y de hoy. En la cabecera, las compañeras de Fresenius y otras trabajadoras de la zona norte del Gran Buenos Aires marcharon con su propia bandera: "Agrupación de Mujeres Trabajadoras en Pan y Rosas".

A pesar de todos los intentos del gobierno para que este 24 no sea un día de lucha, miles nos manifestamos ayer, denunciando la continuidad de la dictadura en la Ley Antiterrorista, la represión contra quienes luchan y la impunidad para los que hicieron desaparecer a Julio López. Hemos gritado en las calles, denunciado en cada pancarta y en cada bandera, quiénes son los responsables y cómplices de la dictadura, y quiénes son los que aún hoy se benefician con el plan económico que necesitó de un genocidio para imponerse. Le exigimos también, al gobierno de Cristina, la apertura inmediata de los archivos de la dictadura para saber qué hicieron con los 400 hijos e hijas de nuestras compañeras desaparecidas, que fueron apropiados ilegalmente.

Por eso, Pan y Rosas marchó cantando: "Pasaron 32 años/ y sigue la impunidad/ Cristina y los empresarios:/ un nuevo punto final/ Las mujeres combativas/ quieren saber donde están/ los bebés que se apropiaron/ -¡abran los archivos ya!"

Fue una extensa e intensiva jornada donde participamos de una contundente movilización opositora al gobierno, que rescató una "memoria" que intenta ser utilizada, una "verdad" que nos quieren ocultar, y la "justicia" por la que aún seguimos luchando.

Las mujeres del mundo se han movilizado por el derecho a decidir

Virginia Gómez — 2008-03-11T13:38:30Z

Este 8 de marzo hubo una demanda unificada en todas las manifestaciones que se realizaron en las distintas ciudades del mundo: las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Esta ha sido la consigna principal de las movilizaciones que protagonizaron las mujeres a nivel internacional.

En Roma, una de las ciudades del mundo más influidas por el Vaticano, se ha vivido una jornada histórica. Unas 30 mil mujeres marcharon exigiendo "Ni un paso atrás en nuestros derechos" y "Por el derecho a decidir". Esta ha sido una respuesta, por parte de las mujeres, a los sectores de la derecha ligados a la Iglesia Católica, con el ex presidente Berlusconi a la cabeza, que han empezado a cuestionar el legítimo derecho que las mujeres italianas tienen a la interrupción del embarazo, como lo permite la ley 194.

Pero la presión del Vaticano ha llegado más lejos en su cruzada contra las mujeres. Ha logrado hasta presionar al gobierno "socialista" del Estado Español, que tiene como titular al recientemente reelegido Rodríguez Zapatero, quien ha declarado que debe reabrirse el debate acerca del aborto, mientras la justicia investiga vigorosamente las clínicas abortivas e imputa a las mujeres que han declarado que han abortado. Desde las primeras declaraciones de Zapatero que ponen en duda el derecho a interrumpir sus embarazos, del que hoy gozan sólo en estrictos casos las mujeres españolas, hemos visto distintas instancias en que las mujeres han impulsado actividades y movilizaciones exigiendo el aborto libre.

El viernes 7 de marzo, 5 mil mujeres marcharon en Madrid bajo la consigna "Mi cuerpo, mi decisión, nuestro derecho: aborto libre y gratuito", a la vez que denunciaban la violencia doméstica, y exigían mejoras y equidad salarial para las mujeres, bajo la consigan: "Maltrato salarial, no". También denunciaron las imputaciones que cayeron sobre las mujeres que han presentado sus firmas en la Campaña "Yo aborté", que llevaron acabo en Madrid y Barcelona tiempo atrás. Por la veda electoral en la ciudad de Madrid y en Sevilla estaban prohibidas las manifestaciones el sábado 8, pero igualmente cientos de mujeres salieron a la calle nuevamente bajo la consigna: "Nosotras parimos, nosotras decidimos". También se movilizaron en Valencia 20 mil mujeres por la despenalización completa del aborto garantizado por la sanidad pública, y unas 4 mil en Barcelona, cerrando una intensa jornada de lucha en el Estado Español.

Pero las grandes movilizaciones no fueron sólo vistas en las ciudades europeas. En Guatemala y El Salvador, cientos de mujeres se manifestaron en contra de la violencia y el racismo a las indígenas. En Nicaragua también se sumaron a estas demandas y exigieron la restitución del derecho al aborto terapéutico, que poco tiempo atrás fue anulado por el gobierno sandinista de Ortega. En Honduras reclamaron justicia por los femicidios de los últimos años, mejoras en las condiciones de trabajo y la respuesta concreta a los derechos que reclaman.

En Brasil hubo manifestaciones en Fortaleza, Río de Janeiro y San Pablo, entre otras ciudades, donde las mujeres reclamaron el derecho al aborto libre, la igualdad de salarios y la reforma agraria.

En Irak grupos de mujeres y niñas salieron a la calle para exigir el fin de la discriminación, el racismo, la violencia y denunciar en las condiciones en las que viven. Pero la sorpresa vino esta vez de las mil mujeres afganas, quienes en la ciudad de Kandahar luego de tres décadas de no realizar actos por el día de la mujer, desafiaron las convenciones que lo prohibían y salieron a la calle a pesar de que fueron desalojadas y perseguidas por las fuerzas de seguridad. Han sido un verdadero ejemplos estas valientes mujeres que se han atrevido a manifestarse, frente a una sociedad profundamente conservadora y patriarcal.

Pese la cruzada antiabortista que llevan adelante distintos gobiernos, y que es dirigida por la Iglesia Católica, las mujeres del mundo hemos una vez más convertido el 8 de marzo en otra gran jornada de lucha, exigiendo la real separación de la Iglesia del Estado, nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y el fin de la violencia hacia las mujeres. Es que a pesar de que las mujeres vivimos distintas realidades según los países, millones de mujeres trabajadoras y pobres, tenemos un mismo y cruel destino si no tomamos la historia en nuestras propias manos.

¿Quiénes están 'primeras' en Telecom?

Virginia Gómez — 2008-03-06T09:30:00Z

"Con Telecom-Personal estás primera", finaliza la publicidad de la empresa multinacional que obtiene ganancias anuales cercanas a los dos mil millones de pesos. Pero quisiéramos preguntarle a uno de sus gerentes en particular, Federico Pérez del área del servicio 112, y a la gerencia de RRHH en general, si las mujeres embarazadas que trabajan en Telecom -¿también "están primeras"? Es que a pesar de sus emocionantes publicidades que intentan darle a la empresa un perfil familiar, donde las mujeres tienen "prioridad" y lo único que "desean" son hijos (siempre muchos, claro), lo cierto es que al interior de esos monumentales edificios las mujeres trabajadoras no están primeras, ni siquiera cuando están embarazadas. -¿A quién le dicen entonces: "Con Telecom- Personal estás primera"? A las trabajadoras, no.

Recientemente, en el edificio Costanera de Telecom una trabajadora embarazada de 7 meses y medio fue sancionada luego de haber presentado los certificados necesarios que avalaban que necesitaba un cambio en la tarea que llevaba adelante, por una que sea menos estresante mientras transita uno de los periodos más delicado de su embarazo. Ella, claramente, no estaba "primera" para la empresa, como tantas otras mujeres. Pero más que "tantas otras", diría que son millones y millones las mujeres trabajadoras víctimas de la superexplotación laboral, de la precarización que alcanza niveles inhumanos, de los bajos salarios, víctimas de abusos, acosos, y violencia de todo tipo. -¿O acaso no es violencia la persecución patronal sobre una trabajadora embarazada que pide el legítimo cambio de su tarea? -¿Hasta dónde quieren, acaso, cercenar los derechos de las mujeres trabajadoras? -¿Hasta dónde es capaz de llegar la violencia patronal?

Es que en la sociedad actual la gran mayoría de las mujeres que decidimos ser madres nos vemos obligadas a subordinarnos a la dictadura del capital (muchas veces a cualquier precio), que no tiene más que un mar de penurias para el conjunto de las mujeres trabajadoras. Pero -¡atención! porque cuando decidimos no ser madres, ya sea por cuestiones económicas, sociales, o simplemente porque no queremos, somos condenadas al aborto clandestino, que se cobra alrededor de 500 víctimas anuales solamente en la Argentina.

Próximamente se avecina un nuevo 8 de marzo, un nuevo día de la mujer, que debemos convertirlo en un nuevo día de lucha por los derechos de las mujeres trabajadoras, para que peleemos en las calles para que casos como éste, que se multiplican en millones de voces silenciadas (que sólo aún no se escuchan), no se repitan nunca más.

Reproducimos a continuación las resoluciones de la asamblea de trabajadoras y trabajadores del edificio Costanera de Telecom

La gerencia del 112 de Costanera y RR.HH de Telecom notificaron con una sanción de dos días a una compañera embarazada de 7 meses y medio quien ya había presentado certificados médicos donde se solicita que se le otorgen tareas menos estresantes.

En el día de mañana la Comision Directiva de FOETRA Bs. As. tratara el caso para retirar la sancion a la compañera. Mientras tanto en la Asamblea de Edificio Costanera se resolvio:

– Mantenernos en estado de alerta y movilización hasta concocer la resolucion de la discusión gremio - empresa

– Declarar persona no grata al Gerente del 112 BA - Federico Pérez por haber sido el firmante de la sanción y por haber perseguido contantemente a la compañera embarazada .

– Hacer publico en cada organizacion social, estudiantil, obrera y de derechos humanos la situacion a la que fue sometida nuestra compañera por parte de Telecom

– Declaranos en cuarto intermedio hasta la proxima asamblea del dia martes 19/02/2008 .

– En caso de no tener respuesta favorable se discutiran las medidas de accion directa a seguir.

Delegados del 112 y Back Office y Asamblea del Edificio Costanera

Las mujeres y la dictadura genocida en Argentina

Cecilia Mancuso, Virginia Gómez — 2008-03-06T09:25:00Z

El 24 de marzo de 1976 no es sólo la fecha en que comienza la última dictadura militar de la Argentina. Es también el símbolo del comienzo, con toda su fuerza y brutalidad, de un plan sistemático de exterminio, esencialmente de la clase obrera, que protagonizaba una etapa de ascenso revolucionario. -¿Y cuáles eran los objetivos de ese plan? Respondamos con las propias palabras que sus hacedores. Decía orgulloso Massera, en Julio del ´77: "Creemos que el Estado, además de aplicar el principio de subsidiariedad, debe proveer los servicios y la legislación adecuados, para que el empresariado pueda desenvolverse con eficiencia y rigor competitivo, cumpliendo con su papel en la modernización de la república. Creemos en que debemos promover una dirigencia sindical moderna y joven, que se ocupe de defender cabalmente los derechos de los que trabajan, sin buscar otro aliado que la justicia de sus aspiraciones."(1)

Este "credo" significó la desaparición de 30.000 personas, la expropiación de sus hijos e hijas, la puesta en marcha de un plan económico salvaje al servicio del gran capital, la desarticulación de las organizaciones obreras emergentes desde los años ´60, concretando así la máxima derrota de la clase trabajadora argentina.

Un aspecto del plan: "recuperarlas" o desaparecerlas

Cuando se intenta explicar qué fue el genocidio, pocas veces se tiene en cuenta que uno de sus aspectos característicos fue el tipo especial de violencia ejercida contra las mujeres detenidas. Pero menos aún se explica cuál era su objetivo y el por qué de sus particularidades. Es menester entonces desmenuzar inicialmente las características propias de ese tipo de violencia como parte integrante de un plan sistemático llevado adelante durante la última dictadura militar.

Según el Informe Nacional sobre Desaparición de Personas, las mujeres constituyeron un 33% del total de los desaparecidos, de las cuales el 10% estaban embarazadas (un 3% del total).

A raíz de los testimonios recopilados pudimos evidenciar que la violencia específica hacia las mujeres fue sistemática, previamente planificada y aplicada reiteradamente sobre la mayoría de las detenidas en los diversos Centros Clandestinos de Detención (CDD) que funcionaron en el país. Conformaban la larga cadena de establecimientos que fueron utilizados para desplegar las técnicas que los militares habían aprendido en las escuelas de guerra del exterior. Cada una tenía sus fundamentos, sus objetivos, sus pasos específicos, premeditados. Nada quedaba librado al azar, ni siquiera el hecho de que estos centros fueran comisarías, locales, hospitales, fábricas emblemáticas, todos ellos "escondidos" y a la vez visibles, para amedrentar a la población que intentara resistir.

Entre las modalidades de tortura se encontraban las violaciones reiteradas y llevadas a cabo, muchas veces, por más de un represor, en la mesa de torturas o cuando las detenidas querían ir al baño. Por lo que la violación, además de constituir una forma de sometimiento y extorsión, buscaba también el dolor y castigo de las detenidas: disciplinar y "corregir", destruir la integridad física y psíquica de esas mujeres. "Recuperarlas", como decían los oficiales en su jerga.

Los abusos sexuales cometidos contra las detenidas consistieron también en otra forma de denigración. Cuenta Miriam Lewin, detenida en la ESMA, que mientras se encontraba en la mesa de torturas: "Había gritos, insultos, uno de los tipos me levantó el antifaz. Yo estaba desnuda y atada. Me acercó el pene, mientras los demás me amenazaban: "te vamos a pasar uno por uno, hija de puta". La verdad es que yo hubiera preferido una violación, la hubiese sentido como algo más humano y comprensible que la tortura".(2) Este es un testimonio que se multiplica a lo largo de las fojas de cada una de las causas abiertas. La violencia se vistió de todas las formas posibles: desde la desnudez de las detenidas a la hora de las torturas, hasta la colocación de ratas en sus vaginas o, como en el caso de Adriana Calvo y otras parturientas, la obligación de limpiar la sala donde habían parido y hacerlas recoger la placenta, instantes después de dar a luz en cautiverio.

Comprender la dimensión de los "castigos" aplicados a las mujeres detenidas, su significado y sus intereses, es vital no sólo para tener en cuenta el plan sistemático sobre aquellas que vivieron semejante horror, sino también la intención disciplinadora sobre el conjunto de las mujeres que intentaran o pretendieran enfrentarse contra el orden social imperante. Así es como la dictadura ha logrado imprimir un estereotipo de mujer "santa", ligado exclusivamente a su función procreadora, siempre y cuando no procreara "subversivos". La mujer es en tanto madre. Y su papel principal lo ocupa dentro de la familia, ncleo fundamental del orden.

La "salvación" que se convirtió en condena

La ESMA, el Hospital Naval y el Hospital Militar fueron tres de los más importantes centros equipados para desarrollar las tareas de parto de las detenidas embarazadas.

A partir de diversos testimonios de mujeres que dieron a luz en los CCD y recuperaron su libertad, o de aquellas que compartieron celda con mujeres que esperaban un bebe y darían a luz en el centro, es posible reconstruir una lógica de tratamiento y posterior expropiación de estos bebés de las manos de sus madres y/o padres.

Casi la totalidad de las embarazadas secuestradas eran mujeres de no más de treinta años, que eran encerradas con otros compañeros y compañeras bajo pésimas condiciones de higiene, salubridad y alimentación. El ingreso de estas detenidas en las maternidades clandestinas que operaban dentro de algunos CCD no era registrado: las mujeres eran NN que, alrededor de los siete meses de embarazo, eran inducidas al parto, practicado generalmente por cesárea.

La "sala de parto" contaba, en cada centro, con un médico que supervisaba el proceso, parteras y enfermeras (algunas de las cuales eran monjas), mientras que los nacimientos eran realizados en presencia de oficiales uniformados y de civiles armados. Aún así, muchas veces las detenidas entraban en trabajo de parto y como nadie se acercaba a asistirlas eran los propios compañeros y compañeras los que oficiaban de médicos. Pero como si fuera poco, las detenidas embarazadas previamente recorrían un largo camino de padecimiento hasta el momento de dar a luz, ya que ellas también eran torturadas durante el período de gestación, que en muchos casos les provocó abortos o malformaciones en los bebés.

Durante el cautiverio, a la agresión física hay que añadirle la incertidumbre que cada una de ellas tenía acerca del destino de sus hijos e hijas, la sensación de que serían separadas de ellos y la incógnita de saber si alguna vez saldrían en libertad para ir en su búsqueda.

A lo largo de los testimonios de las embarazadas en libertad y de las compañeras de celda de otras tantas que aún continúan desaparecidas, se puede identificar una de las prácticas sistemáticas hacia las detenidas: eran "invitadas" a redactar una carta a sus familiares bajo la falsa promesa de que sería entregada a ellos junto con la criatura. Pero esas cartas nunca llegaban a salir de los CCD y esos niños y niñas tenían un claro destino desde un principio: la ESMA contaba con un listado de matrimonios militares y civiles afines, dispuestos a criarlos, en algunos casos por la imposibilidad de tener hijos, en muchos otros por la convicción ideológica de que esos bebés debían ser "salvados" de las ideas subversivas de sus padres. Una de las detenidas cuenta acerca de su compañera Graciela: "?la llevaron al baño por error, mientras yo me estaba bañando. Pudimos hablar unas palabras. Ella fue trasladada el 23 de abril. Unos días antes le habían sacado el nene. Pregunté mucho por él y uno de los guardias me confió que se lo había llevado uno de los torturadores que no tenía hijos. Que ya le había comprado la ropita, y que no le habían dicho nada a Graciela?"(3)
Inclusive, muchas de las detenidas vieron interrumpido el curso de sus embarazos, no porque ellas lo decidieran, sino por la decisión arbitraria de otros sobre sus cuerpos: "Ya en diciembre de 1976, un documento firmado por detenidas políticas de Córdoba, que habían pasado un período en el campo de "La Perla", daba cuenta de la suerte corrida por Isabel G. de Negrotti, quien perdió su criatura a consecuencia de las torturas recibidas".(4)

Febres, emblema de impunidad

El genocida Héctor Antonio Febres, subprefecto durante la dictadura, era conocido dentro de la ESMA como "Selva" o "Daniel". En ese CCD fue donde estuvo encargado de las detenidas que estaban embarazadas y del destino de sus hijos e hijas. Él mismo era el nexo entre los recién nacidos y las familias apropiadoras. Pero no dejemos pasar el dato. Nombramos una "lista" de futuros apropiadores, -¿puede haber una lista sin que antes exista una planificación del robo de bebes? Creemos que no, y éste es uno de los aspectos más macabros que tuvo el plan.

Hasta las esposas de los oficiales, como consta en actas, visitaban los CCD, para elegir los bebés a expropiar según el aspecto de sus padres detenidos.(5) Se apropiaron de sus hijos e hijas, y también de su identidad, de su historia y de su futuro. -¡Los elegían acordes a los rasgos de sus apropiadores, para que en el futuro no sospecharan! Era la eliminación del "otro" no sólo a través de la figura macabra de "desaparecido/a" sino también la eliminación de su descendencia, de sus deseos de ser padres y/o madres, de sus elecciones, de una nueva vida. La desubjetivización absoluta, la negación del sujeto y de sus potencialidades.

Se calculan que 400 bebés nacieron en cautiverio, de los cuales sólo 80 han recobrado su identidad gracias a la lucha de las organizaciones de derechos humanos y la amplia movilización popular. Por el silencio de los partícipes y cómplices, por la impunidad de la que son responsables los distintos gobiernos "democráticos" que se sucedieron, nada se sabe del destino de esos niños y niñas, hoy adultos que rondan los treinta años.

Pero como si fuera poco, Febres no sólo estaba acusado de esa brutal tarea, sino que ha sido partícipe de violaciones reiteradas a las detenidas-desaparecidas. La abogada Myriam Bregman, miembro del CeProDH y partícipe de la querella unificada de Justicia Ya!, ha denunciado que Febres "Violaba a las detenidas y también a las esposas y parejas de los detenidos, las amenazaba con matar a sus compañeros. También era un genocida y el delito de genocidio, que es el que le imputaba el Colectivo Justicia YA, entre otras causales implicaba un ejercicio sistematizado de la violencia sexual. En todos los genocidios hay violaciones masivas. La violación es otra manera de humillar y someter. No es lo mismo violencia sexual y tortura, tal como suele entenderlo la justicia. En mi opinión, la violencia sexual compone el delito de genocidio. Creemos que si logramos instalar ese criterio, las mujeres víctimas de esos sucesos aberrantes encontrarán el marco necesario para declarar quién las violó y cómo fueron violadas."(6) Tengamos en cuenta que gran parte de las detenidas que sobrevivieron no se atrevieron a declarar las violaciones que sufrieron en los CCD, frente al aparato judicial reaccionario y machista al que se han enfrentado.

Hace semanas se publicaron las fotos que demuestran, como se viene denunciando desde que comenzó la causa contra Febres, los privilegios a los que accedía el prefecto genocida. Los mismos privilegios que garantizaron la impunidad. No solamente porque Febres debía haber estado preso en una cárcel común y de forma efectiva, sino porque esos privilegios fueron los que permitieron que se lo asesinara para que no declarase todo lo que sabía. -¿Y qué sabía Febres? Todo acerca de los bebés nacidos en cautiverio y apropiados ilegalmente en la ESMA, donde se produjeron la mayor parte de los nacimientos. -¿Qué iba a decir de todo lo que sabía? No lo sabemos y la incógnita permanecerá sin responder.

Pero tenemos un dato y una certeza. El dato: se le encontró una nota en la que aparecía el nombre de una detenida-desaparecida que tuvo a su hijo/a en cautiverio, y al lado de su nombre la palabra "hablar". La certeza: si lo asesinaron a pesar del escándalo que se podía desatar, es porque el costo a pagar por dejarlo con vida hubiera sido muchísimo más alto.

Y aunque el gobierno trató de sacarse de encima el costo político del asesinato de Febres con el desplazamiento del Jefe de la Prefectura, a los pocos días esa misma fuerza de "seguridad", reprimía salvajemente a los trabajadores y trabajadoras del Casino Flotante de Puerto Madero. -¿Acoso no hay un hilo conductor entre la Prefectura que actuó bajo la dictadura militar para disciplinar a los trabajadores y trabajadoras en una etapa de ascenso revolucionario, con el disciplinamiento que ejerce hoy como fuerza represiva del Estado capitalista, sobre sectores de trabajadores que se enfrentan al gobierno, la patronal y las burocracias sindicales?

-¿Otro caso Febres?

Paul Alberto Navone gozaba del privilegio de la libertad cuando decidió suicidarse o alguien decidió asesinarlo. Es que a pesar de estar investigado por el destino de los hijos mellizos de la detenida-desaparecida Raquel Negro, había obtenido el beneficio de disfrutar de uno de los hoteles cordobeses de la Fuerza Aérea.

Fue justamente en el parque de ese alojamiento de lujo donde se lo encontró sin vida. La justicia nunca consideró que debía estar detenido y tampoco consideró su aprehensión cuando no se presentó a declarar en la causa, alegando estar enfermo.

Si realmente fue un suicidio, la justicia no hizo lo necesario para evitarlo y garantizar que declarase. Si lo mataron, el aparato judicial tampoco garantizó las medidas necesarias para que ello no sucediera. Las dos hipótesis son posibles, más teniendo en cuenta las enseñanzas que nos dejó el asesinato de Febres. Los represores genocidas y apropiadores de bebés no dudan en llevarse la verdad silenciada hasta la tumba. Y los "camaradas de armas" no dudan en matarse entre ellos si de confesar, y avanzar en el camino de la justicia y contra la impunidad, se trata.

Las tareas pendientes contra la impunidad

María Eugenia Sampallo Barragán contesta "no sé" ante la pregunta del Juez acerca de su día y lugar de nacimiento. Pero sí sabe, desde el 2001, que su verdadera madre es Mirta Mabel Barragán, quien posiblemente la haya parido en el Hospital Militar. Mirta era obrera, militante del PC y delegada gremial de la SIAP (Sociedad Industrial de Aparatos de Precisión) hasta que fue detenida por los militares mientras cursaba sus primeros meses de embarazo. Su compañero de militancia y de la vida era Leonardo Sampallo, obrero y subdelegado del Astillero Río Santiago. Ambos hoy continúan desaparecidos, y su hija María Eugenia es la primera en querellar a sus apropiadores. Ella es un ejemplo de fortaleza y convicción, para el resto de los hijos e hijas a los que se les restituyó su identidad, y para todos aquellos y aquellas que están convencidos de seguir luchando contra la impunidad.

Casi 32 años después desde el comienzo de la dictadura, aún quedan varias cuestiones por las que luchar. Las fuerzas represivas siguen cubiertas por los mantos de la impunidad que le han cedido gobierno tras gobierno. Aquellos oficiales formados bajo la implementación del siniestro plan sistemático de exterminio de una clase son quienes hoy forman parte de un aparato represivo que debe seguir disciplinando. Son esas mismas fuerzas las que reprimen en el Casino, ocupan Mafissa en beneficio de un empresario como Jorge Curi, quién colaboró con la dictadura. Y las mismas fuerzas que cada 40 horas fusila con su gatillo fácil a un joven.

Es que el Estado capitalista necesita de esas fuerzas represivas, no puede prescindir de ellas. Hoy ese Estado se viste con el ropaje de un régimen "democrático", pero cuando la burguesía local o extranjera lo necesite utilizará los ropajes de la dictadura, desnudando más brutalmente su carácter de clase.

Por otro lado tampoco se ha avanzado en los juicios, donde sólo se han juzgado casos emblemáticos, pero ni por lejos al conjunto de los partícipes y responsables del genocidio. Y en esto el gobierno es directamente responsable, ya que el aparato judicial ha puesto obstáculo tras obstáculo, en el camino hacia la verdadera justicia.

El gobierno de los derechos humanos ha demostrado a lo largo de estos años, qué decíamos cuando denunciábamos el doble discurso K. Solamente el hecho de no haber avanzado en un solo paso en la apertura de los archivos de aquellos años que se encuentran en manos del Estado y sus fuerzas, es un claro ejemplo del límite que se autoimpone el gobierno para avanzar en ese camino hacia la justicia.

El caso Febres ha demostrado fehacientemente qué son los privilegios de los cuales hacen uso los genocidas y qué consecuencias traen aparejados: la impunidad. Con Febres asesinado, las posibilidades de saber hasta el final qué pasó con esos hijos e hijas apropiados es mucho más complicado, y el mensaje para cualquiera que pretenda declarar es aún más desalentador.

Debemos seguir exigiendo justicia, que no significa otra cosa que el encarcelamiento efectivo en cárceles comunes al conjunto de los cómplices, responsables y partícipes del genocidio; debemos seguir exigiendo la restitución de la identidad para todos los hijos e hijas apropiados, y el castigo a sus apropiadores e involucrados en los planes de apropiación ilegal; que citen a indagatoria a todos aquellos que hayan cumplido funciones en CCD donde funcionaban maternidades; e investigar el verdadero origen de todos los jóvenes e ntre 30 y 35 años inscriptos como hijos e hijas de miembros de las fuerzas represivas y de inteligencia. Exigimos también la aparición con vida de nuestro compañero Julio López, otro símbolo de la impunidad con la que operan los hacedores de la dictadura. Aún falta avanzar en el castigo a los empresarios que se beneficiaron directamente con el nuevo plan económico que necesitó de un genocidio para ser aplicado. La Iglesia, institución emblema de la opresión hacia las mujeres, debe ser juzgada como cómplice de la dictadura y separada definitivamente del Estado.

Este próximo 24 de marzo las mujeres tenemos la tarea principal de volver a ser las primeras en exigir justicia y luchar contra la impunidad, denunciando el carácter de clase de un Estado que no ha dudado en aplicar el genocidio contra una generación, cuando los negocios de los capitalistas se vieron amenazados por la lucha de los explotados y que hoy, mantiene un manto de impunidad sobre sus perpetradores.

(1) Alte. Emilio E. Massera: Discurso próximo al 9 de Julio de 1977, aniversario de la declaración de la Independencia, en una comida de camadería, habla en nombre de la Junta Militar. En El camino a la democracia, El Cid Editor, Buenos Aires, 1979.

(2) Lewin, M: Ese Infierno, testimonios de 5 mujeres detenidas en la ESMA, pág. 68.

(3) Nunca Más, CONADEP, Eudeba, Buenos Aires, 1984

(4) Informe del CELS

(5) Juicio Oral en el caso del Capitán de Corbeta Adolfo Scilingo. Acta del Juicio Oral. Sesión 20º.

(6) Myriam Bregman, Artemisa Noticias

Un genocida que torturó embarazadas y se apropió de sus hijos

Virginia Gómez — 2007-11-03T09:43:00Z

El mismo día en que se cumplían 13 meses de la desaparición de Julio López, el pasado 18 de Octubre, el prefecto Héctor Febres comenzó a ser juzgado sólo por delitos menores que llevó a cabo en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), durante la última dictadura militar iniciada en 1976. Increíblemente sólo será juzgado por 4 casos, pese a que 5 mil detenidos-desaparecidos pasaron por ese centro clandestino de detención, de los cuales muchos tuvieron como destino final los conocidos "vuelos de la muerte".

Desde la querella unificada de "Justicia YA!", donde participan nuestras compañeras y compañeros del Ce.Pro.D.H., se vienen denunciando las irregularidades y obstáculos a los que se tienen que enfrentar en cada juicio, que tienen como objetivo condenar solamente a ciertos represores "emblemáticos", y no al conjunto de los responsables y partícipes del genocidio que terminó con la vida de 30 mil de nuestros compañeros y compañeras. La denuncia sobre la ESMA fue hecha hace 20 años, y aunque hace 4 fueron anuladas las leyes de "Obediencia Debida y Punto Final" sólo se consiguieron 3 condenas, y en este caso particular, donde se ve implicada la Armada, sólo se acusa a un miembro que no pertenece a esa fuerza, si no a la Prefectura.

Una de las propuestas de la querella es la de realizar los juicios por centro clandestino de detención, lo que permitiría avanzar con mayor rapidez, incluyendo a todos los responsables y partícipes de los homicidios, privaciones de la libertad, desapariciones, torturas y apropiaciones de bebes. Pero la política de Kirchner se muestra nuevamente incapaz de enfrentar la impunidad hasta el final, como lo evidencia la desaparición de Julio López, hace ya 13 meses, el hecho de seguir manteniendo en servicio a miles de policías que cumplieron funciones en la dictadura, además de los cuantiosos subsidios que recibe la Iglesia Católica, institución a la que pertenece el genocida Von Wernich. El mismo gobierno necesita de esa impunidad para no socavar las bases de su propio poder.

Entre otras tareas, Febres en la ESMA era "responsable" de las mujeres embarazadas que se encontraban detenidas. Indicaba también el destino de sus hijos e hijas que nacían en cautiverio, que eran apropiados ilegalmente y de los cuales en su mayoría todavía hoy no sabemos dónde están. Por último, decidía qué hacer con la vida de esas madres después de parir, quienes en su gran mayoría fueron finalmente desaparecidas.

Mientras tanto, los sectores más conservadores de la sociedad que apoyaron, implícita o explícitamente, la dictadura militar en pos de defender sus propios intereses se cubren con el manto de la impunidad que el Gobierno garantiza. La Iglesia Católica que a pesar de que ha quedado demostrado en el juicio a Von Wernich que fue parte del plan sistemático de exterminio de 1976, se interpone nuevamente en nuestra lucha por el derecho que tenemos las mujeres al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Nos niegan al conjunto de las mujeres nuestro derecho a poder decidir sobre nuestros propios cuerpos y condenan a 400 mujeres por año a la muerte por aborto clandestino. Pero nada dicen acerca de las torturas y abusos sexuales que se les practicaban a las mujeres en general, y a las embarazadas en particular, en los centros clandestinos de detención como la ESMA, lo que les provocaba abortos inmediatos e involuntarios, a pesar de que en esos casos ellas sí habían decidido ser madres. La hipocresía es tal que se autoproclaman los "defensores de la vida" cuando poco les importó, y les importa, la vida de esas mujeres finalmente desaparecidas, y menos aún cuando arbitrariamente les negaron y les siguen negando el derecho a la identidad a los cientos de niños apropiados en forma ilegal. Los mismos "defensores de la vida" que hoy son responsables de obstaculizar nuestro camino en la conquista de nuestros derechos, y que silencian las 400 muertes anuales como consecuencia de la ilegalidad del aborto.

Esa misma hipocresía e impunidad impera sobre los empresarios que ayer se beneficiaron con el plan sistemático de exterminio de la clase trabajadora como forma de disciplinamiento en pos de garantizar sus ganacias. De sus responsabilidad y participación tampoco nada se dice mientras muchos centros de detención funcionaban en las mismas fábricas gracias a su colaboración. Y hoy, aunque también se proclaman fieles "defensores de la vida" junto con la complicidad del Gobierno y la cúpula eclesiástica, someten diariamente a maltratos a las mujeres trabajadoras en las fábricas, las echan cuando quedan embarazadas, las condenan al trabajo precario en condiciones insalubres para ellas y sus familias, o las discriminan cuando tienen muchos hijos o deciden ser madres.

Pan y Rosas se suma a la exigencia de las distintas organizaciones de derechos humanos que reclaman que Febres sea acusado como responsable y partícipe del genocidio iniciado en 1976. Exigimos que declare todo lo que sabe acerca del genocidio del cual fue parte, que confiese qué hicieron con los detenidos-desaparecidos y dónde están los hijos e hijas apropiados ilegalmente. Exigimos también la cárcel común y efectiva para este y todos los represores genocidas, sin ningún tipo de privilegios. Denunciamos asimismo la responsabilidad del Gobierno nacional por los obstáculos y negativas que interpone en cada juicio, por ejemplo cuando se niega a la apertura de los archivos de la época, cuando silencia el rol fundamental de los empresarios o cuando permite los juicios sólo sobre unos pocos genocidas. Todas éstas medidas claramente son para no enfrentarse de lleno a los miles de policías que aún hoy continúan en servicio (como parte de su propio aparato represivo), ni a los militares represores, ni a los empresarios a los que les suplica "inversiones", y ni siquiera a la Iglesia Católica genocida.

– Exigimos la aparición con vida de Julio López YA. El Gobierno es responsable.

– Basta de impunidad y encubrimiento para los genocidas.

– Que se abran todos los archivos que están en poder del Estado.

– Que los genocidas confiesen todo lo que saben sobre los detenidos-desaparecidos y sus hijos apropiados ilegalmente.

– Cárcel común y efectiva para todos los genocidas, sin ningún tipo de privilegios.