En una histórica demanda, seis trabajadoras iniciaron una acción judicial contra el gigante de las ventas minoristas en EEUU. Famosos por sus bajos costos y sus modernos mecanismos de gerenciamiento descentralizados, a los patrones de la empresa Wal-Mart no le alcanzan las manos para rezar que se acabe este año. La empresa declaró sólo el año pasado ganancias por 256 mil millones de dólares, opera con casi 3.600 tiendas, que emplean a más de 1,2 millones de trabajadores en Estados Unidos1.

El 2004 empezó con las denuncias y posterior confirmación de que Wal-Mart contrataba inmigrantes ilegales como empleados "más baratos", obligándolos a trabajar durante jornadas interminables por salarios más miserables de los que cobran sus trabajadores y trabajadoras norteamericanos.

Wal-Mart es conocida (y envidiada por otras empresas) por pagar los salarios más bajos del sector, el salario de un cajero es de 8 dólares, mientras que un cajero en Ralphs cobra 182 la hora. Justamente este año, trabajadores y trabajadoras de varias cadenas de supermercados enfrentaron los intentos de los patrones de bajar los salarios para competir con el gigante Wal-Mart3 .

Ahora son las trabajadoras de este supermercado las que arremetieron contra los atropellos patronales. Y no es casual que sean ellas el principal blanco de la discriminación en el ambiente de trabajo, ya que representan una gran porción de los sectores más explotados de la clase obrera, sobre todo en los servicios. Una importante porción de las mujeres que trabajan en EE.UU., lo hacen en el sector de comercio y servicios4 , mientras sólo una pequeña parte accede a puestos gerenciales, que son ocupados por varones.

La incorporación masiva de mano de obra femenina es, desde aproximadamente la segunda guerra mundial, una de las grandes fuentes de mano de obra barata, que tendía a bajar los salarios del conjunto de la clase obrera.

Las mujeres de Wal-Mart, que han logrado el reconocimiento de su demanda como caso colectivo hace una semana, decidieron enfrentar las prácticas discriminatorias que las obligan a ocupar los puestos peores pagos y sufrir las humillaciones de los gerentes (en su gran mayoría varones). La causa comenzó el 19 de junio del 2001, cuando seis trabajadoras presentaron el expediente en un tribunal de San Francisco, repleto de pruebas de las prácticas discriminatorias que sufren las mujeres, sin importar su puesto de trabajo.

Sin embargo, la magnitud no pasa por la acción en sí misma que, aunque afectaría a más de 1,5 millones de trabajadoras y ex trabajadoras de la empresa, es una herramienta limitada en la lucha porque deposita la confianza en la justicia burguesa en vez de en la propia fuerza de las trabajadoras. Su magnitud, sin embargo, debe ser medida en un contexto de profunda reacción contra las conquistas que a lo largo de décadas han logrado las mujeres, en lo que hace a los derechos civiles y democráticos, vitales como el aborto legal, y las conquistas obreras. George W. Bush no arremete sólo contra los pueblos oprimidos, sino que dentro de sus fronteras esa política exterior tiene su contraparte. Durante el 2004 se está llevando a cabo la misión más exigida por la derecha religiosa que apoya al partido republicano: declarar ilegal un proceso médico absolutamente seguro y utilizado por las mujeres para interrumpir embarazos.

En medio de este clima es evidente que en las fábricas, los establecimientos de trabajo y los supermercados, donde trabajan millones de mujeres, la opresión sea ley. No sólo son las mujeres afectadas por la desocupación que se cuenta por millones, a pesar de la renombrada recuperación económica, sino que las que trabajan lo hacen en condiciones terribles y absolutamente dispares a las de sus compañeros varones.

Las trabajadoras que impulsan la demanda demostraron que durante años las mujeres han recibido salarios más bajos que sus compañeros con educación, experiencia y desempeño inferiores. Así lo entendió el Juez federal Jenkins, quien reconoció las pruebas como argumentos suficientes para llevar a juicio a la empresa.

En nuestro país son conocidas las prácticas de esta empresa. Para lo único que Wal-Mart no discrimina es para humillar a las trabajadoras, no importa si viven en EE.UU. o Argentina. Hace varios años, en junio de 1998 la empresa obligó a un grupo de cajeras de una sucursal de la provincia de Córdoba a desnudarse y las hizo saltar con las piernas abiertas para detectar si habían ocultado el dinero que faltaba.

Las trabajadoras y trabajadores de Wal-Mart de ambos países conocen de cerca las prácticas discriminatorias y explotadoras de los grandes supermercados. Por eso son ellos y ellas los que deben desconocer esas mismas fronteras y enfrentar al gigante "de los precios bajos", la explotación y la humillación patronal.