Al cierre de esta edición de Pan y Rosas, un muro era destruido por los vecinos de un populoso barrio del conurbano bonaerense. Era la respuesta a una de las medidas más reaccionarias que el intendente de San Isidro, el ex- radical K y actual cobista Gustavo Posse, proponía para resguardar la "seguridad" de sus vecinos ricos: levantar una pared en plena calle, para separarlos de las familias trabajadoras, vecinos pobres de la localidad vecina. Mientras la descomposición social se incrementa de la mano de la crisis, ya contamos con 15 millones de pobres, 6,5 millones de indigentes y 3,1 millones de menores que pasan hambre: una verdadera exclusión que empuja a algunos sectores a la violencia social (ver "No queremos muros ni policía", pág. 7).
"Sin trabajo, con gente mal paga, con empleo informal, no hay plan de seguridad, ni GPS, ni patrulleros que alcancen". De esta manera, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner respondía, en un discurso de fines de marzo, a los pedidos de mano dura de la "fachándula" y la oposición derechista. Parecía reconocer que en esa exclusión social es donde se origina la violencia.
Después de semejante acto de "sensatez", se podría haber pensado que iba a anunciar una ley para prohibir los despidos y las suspensiones en las fábricas o un plan de obras públicas para dar trabajo a miles de desocupadas y desocupados. -¡Muy por el contrario! Lo que siguió fue el anuncio del nuevo "Plan de Seguridad" que reasigna 400 millones de pesos del presupuesto nacional para incrementar el aparato represivo del Estado con 4.000 mil policías y 1.500 gendarmes retirados que se sumarían a los 5.900 que ya están "colaborando" con la Policía Bonaerense desde el 2003.
Incluso, en los últimos días, Cristina agregó que "el problema de la inseguridad no se puede arreglar con palos", pero la única respuesta a la marginación y el hambre generadas por este sistema capitalista, que se profundiza cada vez más con la crisis económica mundial, es darle libre accionar a la policía que maneja la trata de personas, el narcotráfico, el juego clandestino, los desarmaderos, la misma policía del gatillo fácil que, en las calles y las comisarías, secuestra, tortura y mata a los jóvenes de los barrios humildes, como acaba de hacerlo en Lomas del Mirador, con Luciano Arruga (ver "Nada ni nadie nos va a parar en esta pelea", pág. 2)
El ministro Aníbal Fernández admitió, además, que la convocatoria incluía al personal exonerado de la fuerza policial, una gran noticia para los que se conocen como los "sin gorra", es decir, los 2.500 policías exonerados por el ex ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, quien, tras sucesivas "purgas" de la fuerza, los mantuvo finalmente alejados pero impunes, de todos los delitos que habían cometido.
Por si no quedó claro: toda una artillería de medidas represivas para aplicar contra los barrios populares y ninguna medida para terminar con la miseria, el hambre y la desocupación.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mientras le responde a la derecha, diferenciándose en el discurso, toma y hace efectivas casi todas sus demandas. No es una mera casualidad: ante la profundización de la crisis económica mundial, los capitalistas y su Estado se montan en el miedo y los hechos de violencia social, para legitimar la militarización de las barriadas obreras y populares y, de esta manera, dejar preparado el camino para usar a la policía y la gendarmería en la represión de las luchas que protagonice la clase trabajadora para enfrentar la crisis que ya están descargando sobre nuestras espaldas.
Ellas, nosotras y "la seguridad"
Mientras Susana Giménez ocupó todos los espacios de televisión reclamando mano dura, pena de muerte y acabar con los derechos humanos, Pan y Rosas se movilizó en el 33-º aniversario del golpe genocida de 1976 a Plaza de Mayo, con pancartas que señalaban: "Su" seguridad no es la nuestra. Al coro de Susana Giménez se sumaron todos los políticos derechistas de la oposición y, como ya señalamos, el gobierno kirchnerista, que habló de la pobreza, pero militarizó los barrios pobres. -¡La seguridad de ninguna de ellas es la nuestra!
Las mujeres y las niñas somos el 70% de la población más pobre, un tercio de las mujeres de entre 18 y 24 años no tiene trabajo y el 54% de las que "tienen la suerte" de trabajar, lo hacen bajo brutales condiciones de precarización.
"Su" seguridad no es la nuestra, porque más policías y gendarmes en las calles, sólo significa más hijos nuestros asesinados. -¡Ya son más de veinte los casos de gatillo fácil en lo que va del año! (ver "Entrevista a Mabel Maidana", pág. 7).
"Su" seguridad no es la nuestra porque, darle más poder a las fuerzas represivas es fortalecer a los que amparan las redes de trata en las que, hasta el día de hoy, se encuentran esclavizadas más de 600 mujeres jóvenes (Ver "-¡Por el desmantelamiento de las redes de trata y prostitución", pag. 3). Las mismas fuerzas represivas que apañan violadores o directamente, cuentan con ellos entre sus filas (ver "Genadrme violador en San Miguel", pág. 7).
"Su" seguridad no es la nuestra tampoco puertas adentro: el 60 % de los casos de violencia contra las mujeres, en el interior del hogar, son protagonizados por integrantes de las fuerzas represivas (Ver "Calendario Sangriento 2008").
"Su" seguridad no es la nuestra, porque mientras esos mismos policías amparan y se enriquecen con las coimas de las clínicas donde se practican abortos clandestinos, el gobierno nos sigue negando el derecho al aborto libre y gratuito, realizado en los hospitales públicos, condenando a más de 400 mujeres pobres a morir por hemorragias, infecciones y perforaciones uterinas (ver "Pongamos en pie una gran campaña en toda América Latina", contratapa)
-¡Que la crisis la paguen los capitalistas!
Pero, como lo señalé en el número anterior de Pan y Rosas, en estos ocho años que llevo luchando contra el gatillo fácil, contra la represión y la impunidad, pude ver que las mujeres no sólo somos las primeras en movilizarnos contra la brutalidad policial, sino también que no han podido doblegar nuestras fuerzas ni siquiera con las balas.
Hoy, cuando nos quieren rodear de policías y gendarmes, volvemos a repetir que "su" seguridad no es la nuestra. No sólo hay que derribar ese muro de la discriminación, sino también organizarnos para luchar por la expulsión de la policía y la gendarmería de nuestros barrios, en el camino de la disolución de estas fuerzas represivas.
Sólo un auténtico plan de obras públicas, controlado por las organizaciones de la clase trabajadora, que provea de vivienda digna, agua potable, cloacas, hospitales, escuelas y todas las necesidades de nuestras familias, puede empezar a sentar las condiciones materiales para erradicar las causas de la pobreza y acabar con la violencia social; mientras luchamos para que la crisis la paguen los que la generaron, los capitalistas.
En todos los lugares de trabajo y en los barrios, tenemos que organizarnos para impedir las suspensiones, los despidos, rodeando de solidaridad las luchas de quienes ya empiezan a rebelarse, negándose a que descarguen su crisis sobre nuestras espaldas, con más hambre y más miseria. |
