El 16 de febrero nos despertamos con todos los medios de comunicación hablando de la absolución de Graciela Aguirre, acusada de asesinar, en junio de 2007, a su marido, Ricardo Avilas, quien sometía a ella y a sus hijos a diversos maltratos y golpizas.
Fue el fiscal Guillermo Bordenave, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de La Matanza , quien le imputó el delito de homicidio simple, con expectativas de pena entre 8 y 25 años de prisión.. Su detención no tardó y durante 6 meses tuvo que permanecer en un calabozo de la Comisaría de la Mujer , y por un año y medio bajo prisión domiciliaria, monitoreada con una tobillera electrónica. Finalmente Graciela pudo relatar ante la justicia y los medios el calvario que vivió durante años y cómo, en reiteradas oportunidades, había solicitado ayuda por los maltratos físicos y verbales de su marido, sin encontrar respuesta a sus denuncias.
La absolución de Graciela luego que el fiscal de juicio, Ariel Panzoni, retirara la acusación, y el pedido de los abogadores defensores para que se siente jurisprudencia en la Corte Suprema , pueden crear un precedente legal para el conjunto de las mujeres.
No podemos dejar de decir que esta absolución se logró después que el Tribunal a cargo se tomara 2 años en investigarla bajo la sospecha de "algo habrá hecho", criminalizando "como es costumbre- a las víctimas de esta situación. Graciela tuvo que soportar hasta el cinismo del fiscal, pidiéndole que le explique por qué no escapó esa noche de los golpes. El reclamo que presentó el tribunal ante la Corte Suprema bonaerense, por los organismos estatales que no actuaron ante las sucesivas denuncias de la mujer por los maltratos de su marido, aún no tiene respuesta, pero grafica claramente porqué se ha llegado a esta situación.
– ¡El de Graciela no es un "caso" aislado! Decenas de miles de mujeres viven cada año éstas y otras vejaciones mientras las instituciones del Estado sostienen esta situación! En Capital Federal se recibieron, en los últimos 4 meses, más de 2.000 denuncias por violencia en el hogar, pero esta cifra no refleja los miles de casos que se silencian a causa, justamente, del tratamiento que las víctimas reciben por parte de estas instituciones.
Bajo el gobierno de Cristina
Como muestra, bastan las recientes y cínicas palabras del Ministro de Justicia y Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien señaló respecto al caso que se trata "de una muerte que se podría haber evitado si esto hubiese funcionado como corresponde".
– ¡Cuánta hipocresía! Lo que silencia Fernández es que bajo el gobierno de Cristina, no se ha avanzado ni un ápice en revertir esta situación, y no precisamente por "falencias" en los organismos existentes. Ha sido una clara decisión política, y es una muestra de cómo el gobierno pretende "evitar" estos casos, manteniendo -por ejemplo- la vigencia de la ley 24.417 de "violencia familiar", que ni siquiera contempla políticas de asistencia y de prevención a las víctimas, limitándose prácticamente a un programa de -¡5! telefonistas que derivan las denuncias a la policía. -¡Es decir, a la misma institución que, como muestra la misma Graciela Aguirre, no hace más que silenciar y revictimizar a quienes se animan a denunciar esta terrible situación; que aparece involucrada en las redes de trata y prostitución; que nos reprime cuando salimos a luchar; que está acusada de gatillo fácil y violaciones a mujeres en las comisarías y que es responsable de la desaparición de miles de luchadores bajo la última dictadura militar, así como de la desaparición de Julio López!
No es un asunto privado
Aunque el proceso judicial evidenció la llamada violencia "doméstica", el caso fue presentado como una cuestión aislada e individual, propia más bien de lo que sucedería con los sectores más empobrecidos, con las personas con problemas psíquicos, etc. Pero, -¿qué nos dicen de los casos de abuso de menores y jóvenes violadas, como el de Maria Soledad en Catamarca, en las fiestas de la alta sociedad en la que participan números personajes del poder político y judicial? Pues nada, sobre ellos se mantiene el manto del silencio, de impunidad.
Estamos seguras que aquellos que ponen en el centro de su investigación a las mujeres de los sectores más vulnerables de la sociedad son los mismos que festejarían el asesinato por parte de la policía o por propia defensa, de algún joven que se atreva atentar con la tan inmaculada propiedad privada, incluso cuando los hechos muestren que no ha sido así.
En realidad la violencia hacia las mujeres tiene su raíz social y se asienta en el rol de subordinación impuesto a todas las mujeres frente a los varones, surgida con la propiedad privada, y mantenida hoy bajo diferentes formas en el sistema actual[1].
Las mujeres trabajadoras y pobres son las más vulnerables, como muestra el caso de Romina Tejerina o el de Valeria Pérez Aquino (que en estos días espera su sentencia, en un caso muy similar al de Graciela Aguirre), donde queda demostrado que hay una "justicia" para los ricos y los poderosos y otra para los y las que nada tienen.
Sostenemos que no podrá acabarse con la violencia hacia las mujeres en tanto persista este sistema basado en la miseria y en la explotación de millones de seres humanos por una minoría parasitaria. La salida no puede ser individual. Para terminar con la milenaria opresión de la mujer, de la cual se valió el capitalismo, tenemos que organizarnos y luchar, junto a nuestros compañeros varones, por arrancar nuestros derechos.
Este 8 de marzo te invitamos a movilizarte con nosotras para seguir organizándonos de manera independiente de quienes nos oprimen y decir: -¡no pedimos? EXIGIMOS, nuestro derecho al Pan pero también a las Rosas! |
