Las trabas por la legalización del aborto nos llevan a las mujeres a la encrucijada de someternos arriesgando nuestras vidas a abortos clandestinos o a embarazos forzosos negándonos inclusive el derecho del aborto no punible.

La familia de una menor discapacitada que esta embarazada recurrió a la justicia para pedir un aborto terapéutico, lo grave del caso es que había denuncia por abuso sexual desde el 2006. La adolescente de 15 años fue internada en el hospital Paroissien en medio de una crisis de convulsiones ya que padece epilepsia. Durante la internación se le diagnosticó un embarazo de 17 semanas. Las autoridades se negaron a reconocer el tema como un claro caso de aborto no punible encuadrado en el articulo 86 del código penal, condenando a la joven y a su familia a un embarazo no deseado.

Hace días se dio a conocer el estado de salud critico de una niña de 12 años a la que se debió extirpar el útero y un ovario producto de un aborto clandestino hecho en condiciones peligrosísimas, de lo que todavía hoy lucha por reponerse. Ante este hecho, el Ministro de Salud de Mendoza Sergio Saracco dijo que se había llegado a estas consecuencias por no recurrir a la debida autorización para que el aborto se realizase en un hospital público. En el último año y medio 4 pedidos de aborto que debieron enfrentar una maquinaria perversa que pone trabas y una negativa permanente. Quien no considere como un problema de salud las violaciones sobre mujeres y niñas, las muertes y secuelas por abortos clandestinos, el creciente aumento del embarazo adolescente y de niñas, no puede estar al frente de un Ministerio de Salud. Que renuncie Saracco!!

Desde Pan y Rosas denunciamos que el Estado y sus instituciones junto con la Iglesia católica están desplegando una campaña intimidatoria que criminaliza a la victimas y culpabiliza familiares, cubriendo de un silencio cómplice el abuso sexual al que son sometidas miles de mujeres y niñas. En Mendoza existe una dictadura clerical que nos impone lo que tenemos que hacer con nuestros cuerpos y pretende decidir cuando debemos o no ser madres, sin importar si los embarazos son producto de violaciones y si las embarazadas son apenas niñas o discapacitadas.

A nivel nacional es el gobierno de Cristina Kirchner y su ministra de Salud Graciela Ocaña quienes sostienen que el aborto es un tema de política criminal y no de salud, negando que se trata de un derecho básico.

Es necesario conformar un gran movimiento de mujeres en Mendoza que se organice en su lugar de trabajo, de estudio, en el barrio y salga a luchar por conquistar sus derechos.

– ¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir!

– ¡Separación de la iglesia del estado!

– ¡Castigo a los violadores!

– ¡Ni una muerta más por abortos clandestinos!