Desde el pasado 9 de abril, los traficantes de personas, los que regentean redes de prostitución y sus cómplices pueden dormir en paz, porque en el Congreso de la Nación se votó la ley impulsada por el gobierno kirchnerista que, aunque aparentemente pretenda combatirlos, los protege con más impunidad. "La trampa "dice Sara Torres- está en el negocio: cada una de esas mujeres representa una ganancia de entre diez mil y quince mil pesos por mes." Por eso esta ley es cuestionada por numerosas agrupaciones de mujeres, feministas, organizaciones de derechos humanos y activistas.

Sara Torres, presidenta de la Coalición Internacional contra la Trata de Personas y una de las coordinadoras de la Red No a la Trata, explica su rechazo a la ley: "significa facilitar el comercio de los proxenetas, despenalizar toda posible sospecha que pueda pesar sobre ellos." La ley aprobada hace pocos días, define a la trata como un delito federal pero sólo si la víctima mayor de dieciocho años denuncia que ha sido amenazada, coaccionada, raptada o extorsionada. "Nadie que esté esclavizada y amenazada va a denunciar que está en ese lugar obligada por otros" sentencia Sara, por eso para ella, esta ley permite "mantener uno de los negocios más brillantes del mundo que genera ganancia sin costo; reducir a la esclavitud a una persona es pura ganancia."

Las organizaciones que repudiamos esta ley planteamos que toda definición de trata debe incluir, claramente, que el delito se configura aunque la víctima haya prestado su consentimiento y cualquiera sea su edad. Porque el delito de la trata debe definirse por la acción de los criminales y no por la edad o las condiciones de las víctimas.

Para la amiga de Florencia Pennacchi, la aprobación de esta ley es algo bochornoso: "Flor es mayor de edad y hace tres años está siendo explotada sexualmente. Los métodos con los cuales dominan y esclavizan a las mujeres son absolutamente violentos. No se le puede pedir a una chica que luego de tres años de drogas y violaciones diarias se anime a denunciar a su verdugo."

Dice que es "evidente la complicidad del poder legislativo con los proxenetas"; para ella, esta ley "deja agujeros que permitirán continuar con la impunidad." Si son las mujeres víctimas de la trata las que deben demostrar que no aceptaron ser violadas, apropiadas, sometidas y torturadas, es fácil deducir que los responsables de estos crímenes permanecerán impunes. Porque ya hubo algunos casos en que las mujeres que se atrevieron a denunciar a sus captores fueron nuevamente raptadas y no se tuvo más noticias de ellas. Además, esta ley estipula penas excarcelables para quienes trafican y tratan a personas mayores de edad.

La Red No a la Trata ya presentó una solicitud de veto en la que se plantea que, en esta ley, estaría contemplada una supuesta "trata legítima" cuando las víctimas mayores de dieciocho años no pudieran probar que fueron inducidas o coaccionadas contra su voluntad, aún cuando el delincuente haya lucrado con su explotación. Denuncian, además, que esta investigación de las víctimas incurre en una revictimización, además de dificultar el proceso probatorio del delito.

Sara Torres sostiene, también, que sus voces no fueron escuchadas porque el gobierno apoyaba este proyecto: "Aníbal Fernández estaba presente en el momento que salió la ley, él avaló el proyecto, el gobierno avaló el proyecto. No hay manera de interpretarlo de otra forma, esto es facilitar una explotación más de niveles inhumanos." Sólo nos resta agregar que si Aníbal Fernández estaba presente es porque el gobierno quiso asegurarse de "hacer bien los deberes" ante el imperialismo: es que los EE.UU. habían puesto a Argentina en la mira por no contar con esta ley federal que ahora el Congreso votó tal como se lo exigía el amo del mundo.