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Pan y Rosas
6 de marzo de 2008 Twitter Faceboock

Tribunales contra las mujeres

Por Leticia Celli, abogada querellante en la causa contra el violador de Elizabeth Díaz (CeProDH) y Romina Sckmunck, abogada querellante en la causa contra el violador Anzaldo (CeProDH)

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La jujeña Romina Tejerina, la cordobesa Elizabeth Díaz y la niña neuquina conocida como "REM" son sólo algunos casos emblemáticos de la violencia que este sistema genera, legitima y naturaliza contra las mujeres. Las tres sufrieron violaciones y fueron revictimizadas por los tribunales, como suele suceder cada vez que las mujeres, en esta situación, llegan a los estrados de una justicia para ricos y poderosos.

-¡Cárcel al violador!

En Córdoba, Elizabeth vivía en un pueblo de no más de 2000 habitantes. Trabajaba desde niña como empleada doméstica en la casa de un empresario, que la abusó sistemáticamente por más de nueve años. Eli quedó embarazada, situación que negó y ocultó, sin asistir a un médico. Cuando la encontraron desmayada y ensangrentada, el 8 de febrero de 2006, la detuvieron en una cárcel de máxima seguridad, a 200 km de su familia. Por su caso, similar al de Romina, el fiscal pidió una condena de 8 años. Su sentencia se encuentra, actualmente, en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y su resultado dependerá en gran parte, de cómo se falle contra su violador. Pero Eli fue excarcelada porque el pueblo se movilizó exigiendo su libertad, mientras ella se atrevía a relatar el horror del que había sido víctima durante casi una década.

Lo que le ocurrió expresa la terrible opresión que sufren las mujeres pobres. Estos casos se caratulan como "homicidios agravados por el vínculo", pero los jueces nada dicen de las condiciones de esos embarazos forzados, las violaciones, la vergüenza social, la pobreza y la violencia sistemática de la que son víctimas estas jóvenes. La absolución de Elizabeth en primera instancia significó un pequeño paso adelante. Ahora tenemos que lograr que condenen al violador.

Un fallo contra la víctima

En Neuquén, la Cámara Criminal Primera hizo historia: en un fallo sin antecedentes (por lo burdo), condenó al comisario que violó a una niña como autor responsable "sólo" de abuso sexual. Esto se fundó en la suposición de que no hubo acceso carnal. Sostuvieron, incluso, que la menor de 11 años asistía a la casa del imputado por propia voluntad, desconociendo la relación de control y dominación que éste ejercía sobre la víctima.

Aquí también se repite lo mismo: las víctimas son niñas, adolescentes, jóvenes pobres. Del lado de los imputados nos encontramos con empresarios, patrones, comisarios y policías retirados. Gente que goza del beneficio de la duda, de la "prisión domiciliaria", de la influencia entre jueces y funcionarios. Para esta "justicia" para ricos, las víctimas son las victimarias y los que debieran ser culpables se benefician del privilegio de la duda.

 ¿Por qué esto se repite en todos los tribunales del país? La respuesta es sencilla: la violencia contra las mujeres no se considera delito, es algo "privado", algo que la justicia se encarga de legitimar y reproducir, amparando con la impunidad a sus perpetradores. Quien violó a Romina Tejerina está libre. No es el único: el 95% de los abusadores queda impune. Sin la movilización popular y la lucha de las mujeres, no será posible acabar con la violencia ni tampoco con la revictimización que los tribunales de esta justicia para ricos hacen recaer sobre las verdaderas víctimas, las más pobres de entre los pobres, las niñas y adolescentes de la clase trabajadora y el pueblo.

 
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