Hace ya dos años que el gobierno nacional anunció la elaboración de un nuevo Código Civil, encargada a una comisión de expertos regida por Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, de la Corte Suprema. Inmediatamente, la Conferencia Episcopal condenó algunos de los puntos que contemplaba esta reforma: la fecundación artificial, especialmente la negación de la condición jurídica de “persona” a los embriones no implantados; la posibilidad de concebir para parejas que no estén casadas; la fecundación artificial con óvulos o espermatozoides congelados de una persona que ya haya muerto; el alquiler de vientres y algunas cuestiones del llamado “divorcio express”, como la eliminación de la infidelidad como motivo válido para su solicitud.

Estas objeciones de la Iglesia parecía que no iban a tener mayor eco en el gobierno, hasta que el cardenal Bergoglio se convirtió en jefe del Vaticano. En un santiamén, el pasado de silencio y complicidad con la dictadura del amigo de Lilita y Macri, quedó sepultado en el olvido. Su enorme y creciente popularidad hicieron que Cristina lo viera con nuevos ojos y, al volver de la ceremonia de su asunción de como Papa, la presidenta ordenó invitar a las autoridades de la Iglesia argentina a interferir, a su antojo, en la reforma del Código Civil.

Fue por esto que, el pasado 10 de junio, Cristina, acompañada por el diputado ultracatólico Julián Domínguez, se entrevistó con el rector de la Universidad Católica Argentina y, acto seguido, diputado y obispo comenzaron a reelaborar el texto del nuevo Código Civil.

“Con Francisco no habrá ninguna controversia”, dijo Domínguez. No sólo la oposición derechista de Macri, Carrió y el PJ, sino también el kirchnerismo se alineó con el Vaticano y los preceptos reaccionarios con los que pretende seguir metiéndose en la vida de millones de personas, a través de su alianza con el Estado. Con esta injerencia de la Iglesia, no sólo se aprobará un Código Civil hecho a medida de sus intereses, sino que con la afirmación de que hay “persona” jurídica desde el momento mismo de la concepción, se reafirma un peligroso antecedente para impedir cualquier avance en la legalización del aborto (para lo que sería necesaria la modificación del Código Penal).

Por eso, denunciamos esta reforma reaccionaria escrita de puño y letra por la jerarquía de la Iglesia patriarcal, misógina y homofóbica. Y seguimos levantando la bandera de la separación de la Iglesia del Estado. ¡No a la injerencia de la Iglesia en la legislación civil, en la educación estatal, laica y pública y en nuestras vidas! ¡Basta de subsidios al clero!