Jueces y gobernadores le sostienen la vela a la presidenta y a la Iglesia
En la misma tónica fueron las declaraciones prepotentes del gobernador de Salta, el clerical y kirchnerista Juan Manuel Urtubey que impuso la educación religiosa en las escuelas públicas de la provincia, quien provocó un escándalo al decir que “cuando los jueces sean legisladores, podrán cambiar la ley”, pero que mientras tanto no se aplicaría el fallo de la Corte Suprema. Cinco días después tuvo que anunciar que el aborto no punible podría practicarse en caso de violación; pero agregó como requisito la necesidad de que la víctima presentara una denuncia penal, algo que contraría el fallo de la Corte que postula que no se judicialice el cumplimiento del aborto no punible.
Por otra parte, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de San Luis, Lilia Novillo, dijo -también contrariando el fallo de la Corte- que no está a favor de que “con la sola declaración de la mujer se puede solicitar a un médico un aborto. Esto merece un debate más profundo.” Y en La Pampa, el gobierno que también se manifestó contrario al fallo de la Corte, demora el dictamen sobre la Guía para Abortos No Punibles. Similares declaraciones hicieron el gobernador y el ministro de Salud de Mendoza y otras provincias.
Puro cinismo de jueces, gobernadores y ministros de salud oscurantistas y chupacirios. Pero, además, un verdadero “alineamiento” con Cristina Kirchner, quien volvió a ratificar que la despenalización del aborto NO está en la agenda de este gobierno.
Mientras tanto, según cifras del propio Ministerio de Salud de la Nación, solo en 2010, se registraron más de tres mil casos de embarazos de niñas y adolescentes menores de 15 años, muchas de las cuales no terminaron sus estudios primarios. ¿Cuáles son, verdaderamente, los derechos de la infancia, bajo el dominio capitalista que sostiene esta brutal hipocresía? Estos datos desnudan desgarradoras contradicciones sociales que el kirchnerismo es incapaz de contemplar: en los últimos tres años, se incrementaron un 10% los embarazos adolescentes y aumenta, también, el número de muertes por causas relacionadas con el embarazo y el parto, incluyendo el aborto clandestino.
El femicidio que comete el Estado
Las complicaciones que provocan los abortos realizados en condiciones de clandestinidad son la primera causa de muerte de mujeres gestantes en el país y su número es elevadísimo. En América Latina y el Caribe, sólo Trinidad y Tobago y Jamaica comparten esta dramática estadística con Argentina. Pero hace dos años, fue decisión de Cristina Kirchner que no se diera rango de resolución a la Guía Técnica de Atención Integral de los Abortos No Punibles, creada por el propio Ministerio de Salud nacional. El año pasado, cuando en comisión parlamentaria se empezó a debatir la legalización del aborto, el kirchnerismo brilló por su ausencia. Y este año, aunque hay algunas diputadas y diputados del Frente Para la Victoria que firmaron el proyecto de la Campaña por el Derecho al Aborto, lo cierto es que habrá una gran negativa en el bloque para aprobarlo, ya que la orden presidencial es mantener firmemente su promesa al Vaticano de no avanzar con este tema.
El Congreso acaba de aprobar penas más gravosas en el Código Penal para quien cometiere femicidio. El gobierno se llena la boca con discursos contra la violencia hacia la mujer, pero el propio Estado es un femicida serial. ¿Quién sino es responsable de la muerte de miles de mujeres pobres, jóvenes de los barrios populares, trabajadoras inmigrantes, niñas y adolescentes abusadas que no tienen otra posibilidad que someterse a las horripilantes condiciones de un aborto clandestino? El kirchnerismo está absolutamente en contra de hacer prosperar alguna medida tendiente a despenalizar o legalizar el aborto, siquiera parcialmente, como lo muestra la negativa oficial para que prospere el aborto no punible en casos de violación.
Nosotras, en cambio, decimos que solo con la manifestación activa y contundente de un gran movimiento nacional de lucha, con todas las organizaciones, activistas y personalidades que apoyan este derecho, podremos arrancarle al Congreso la legalización del aborto. Esto sería apenas un paso en la lucha por conquistar una vida libre de toda violencia contra las mujeres. Pero un paso muy importante para evitar que niñas y mujeres sean obligadas a ser madres contra su voluntad y para evitar que sigan muriendo más de 300 mujeres pobres, cada año, por las consecuencias de los abortos clandestinos. |
