La Corte Suprema de la Nación falló sobre el pedido de autorización de un aborto no punible para una niña violada por su padrastro -un policía de Chubut que aún permanece libre y ni siquiera fue exonerado de su cargo- en 2009. Claro que el aborto ya fue practicado hace casi tres años, cuando la niña dijo a los jueces que si no la autorizaban, se quitaría la vida. Pero el caso llegó hasta la Corte Suprema, que decidió fallar para que este criterio pueda ser tenido en cuenta en la solución de casos similares que se presenten en el futuro.

Con este fallo, el tribunal pretende terminar con las interpretaciones a piacere del Código Penal que rige desde 1921, que hacía cada abogado y cada médico, impidiendo el acceso al aborto que, como está señalado en la ley, no es punible en estos casos. ¡Tuvo que pasar casi un siglo para que pongamos fin a tantas atrocidades cometidas contra la vida de mujeres y niñas abusadas, obligadas violentamente a una maternidad no deseada o empujadas a abortar clandestinamente poniendo en riesgo su salud y su vida! Un fallo oportuno que aparece cuando se está por cumplir el plazo que fijara el Comité de Derechos Humanos de la ONU para tomar medidas tendientes a eliminar los obstáculos que impedían el acceso al aborto no punible estipulado por ley. Al actuar de este modo, la Corte Suprema también le permite al gobierno distender la contradicción que existe entre las expectativas de vastos sectores en conseguir derechos democráticos, como el derecho al aborto y, por otro lado, su persistente negativa a avanzar en serio con la aprobación de un proyecto de ley en el Congreso.

Evidentemente, los casos contemplados bajo esta normativa son apenas un ínfimo porcentaje del medio millón de abortos que se practica cada año en Argentina, mayoritariamente realizados en condiciones deplorables, con graves consecuencias para la salud y riesgo de vida para las mujeres más pobres, aquellas que no pueden acceder a las clínicas privadas donde la “clandestinidad VIP” es un negocio de cuantiosas ganancias para médicos, funcionarios y policías.

Pero es una conquista, sin duda, de la pelea de miles de mujeres que por décadas venimos luchando por el derecho al aborto. De ninguna manera podemos aceptar que el gobierno pretenda utilizar este fallo de la Corte Suprema como el “techo” de nuestras aspiraciones, repitiendo que no tratarán la cuestión de fondo otro año más en el Congreso. Por el contrario, debemos redoblar esfuerzos para conseguir la legalización sin excepciones del aborto libre, seguro y gratuito. Porque tenemos derecho a decidir y porque no queremos ni una mujer muerta más por abortos clandestinos.