A una niña entrerriana de 11 años que fue abusada, la justicia y el gobierno le negaron el acceso a un aborto no punible. El ministro de Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour, declaró que la niña podía “seguir el embarazo como muchísimas adolescentes”, lo que provocó una ola de indignación que recorrió los medios y las redes sociales. El ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, tomó cartas en el asunto, ¡pero fue para ordenar que ningún funcionario nacional emitiera declaraciones sobre el caso! Mientras tanto, la Iglesia y otros sectores presionaron e intimidaron a la madre de la niña, quien terminó retirando su pedido a la justicia para que se garantice el derecho de su hija a un aborto no punible. El deseo de la niña de “volver a ser como antes” –como declaró ante la justicia-, no encontró eco. Nuevamente, una niña de 11 años, violada, será obligada a la maternidad compulsiva, si es que sobrevive al embarazo y el parto.

Todas las organizaciones de mujeres que defienden el derecho al aborto –incluyendo sectores kirchneristas-, organizaciones de los derechos de la infancia, integrantes de la Corte Suprema, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la CTA, profesionales de la salud y otros expertos se han pronunciado a favor de que el gobierno kirchnerista de Sergio Urribarri exija la aplicación del artículo 86 del Código Penal que indica que un aborto no es punible –por tanto, no es asunto judicial- si corre riesgo la vida o la salud de la gestante. También señalaron que, de no hacerlo, se estarían violando las leyes 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar las violencias Contra las Mujeres. Pero nada de esto fue suficiente para torcer el brazo de una decisión oscurantista, reaccionaria y violatoria de los derechos humanos más elementales.

Lo que nadie quiere nombrar es que si los propios médicos intervinientes, el ministro de Salud entrerriano, el gobernador provincial, el ministro de Salud de la Nación y la justicia no actuaron como lo establecen las leyes y el sentido común es porque el gobierno nacional ha expresado claramente su tajante negativa a la despenalización y legalización del aborto en Argentina. Incluso, fue decisión de Cristina Kirchner que no se diera rango de resolución a la Guía Técnica de Atención Integral de los Abortos No Punibles, creada por el propio ministerio de Salud, causando un escándalo cuando Manzur terminó acatando la orden presidencial. ¿Y cuál fue la actuación del kirchnerismo en la comisión parlamentaria donde, el año pasado, se inició el debate por el derecho al aborto? Hasta los legisladores y legisladoras K que apoyan la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, hicieron mutis por el foro, obedeciendo las órdenes provenientes de Casa Rosada. “Es verdad también que este no es un debate que esté en la agenda del Poder Ejecutivo nacional. Tenemos un Poder Ejecutivo fuerte: cuando quiere poner un tema en la agenda envía su propio proyecto, y no es éste el caso.”, señaló la diputada kirchnerista Diana Conti, en esa ocasión.

Ya no se puede ocultar lo inocultable. Cuando se inicia el tercer mandato kirchnerista, ya no se puede hablar de “asignatura pendiente”: este gobierno está en contra de avanzar en un derecho democrático tan elemental como es el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y a no morir por las consecuencias de los abortos clandestinos. Sólo con la manifestación activa y contundente de un gran movimiento nacional de lucha, con todas las organizaciones, activistas y personalidades que apoyan este derecho, podremos arrancarle al Congreso la despenalización y legalización del aborto.