Mientras estábamos preparándonos para viajar a Bariloche, excarcelaron a Rubén “Pollo” Sobrero –delegado antiburocrático del Ferrocarril Sarmiento-, que había sido detenido por una causa armada con pruebas falsas y la complicidad del gobierno nacional. ¡Aníbal Fernández tiene que renunciar y el juez Yalj debe ser destituido! Deben abrirse inmediatamente los archivos de inteligencia a los que hizo alusión este juez: no podemos soportar que sigan espiando impunemente a los luchadores obreros y populares. ¡Basta de persecución a los que luchan contra las patronales y contra la burocracia sindical! Tenemos que poner en pie una comisión investigadora independiente con plenos poderes, que investigue hasta el final quién y cómo se armó esta causa y las relaciones del gobierno con la empresa concesionaria del ferrocarril Sarmiento.

Son 4 mil causas

Sobrero no es el único caso. En estos ocho años, el gobierno kirchnerista cargó con decenas de presos políticos y miles de encausados por luchar. Desde petroleros de Las Heras hasta campesinos de Santiago del Estero, pasando por decenas de ceramistas de Neuquén, fileteros de Mar del Plata, trabajadores del Subte, ferroviarios, metalúrgicos, de las automotrices, docentes y estatales de todo el país, y muchos más.

También se persigue a dirigentes de partidos de izquierda y hasta a organismos de derechos humanos, como el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), cuya abogada neuquina Natalia Hormazábal –hoy presente en este Encuentro Nacional de Mujeres junto a las compañeras de Pan y Rosas de Neuquén- está procesada por participar de un corte de ruta junto a los trabajadores de la Cerámica Stefani.

Lorena Gentile y otros obreros de Kraft están procesados penalmente por haber realizado varios cortes en la Panamericana, contra los 160 despidos de 2009 y en repudio al crimen de Mariano Ferreyra, de octubre pasado. Los casos de persecución penal contra luchadores obreros y populares se multiplican. Frente a cualquier conflicto la Justicia acude rápidamente, asistiendo a empresarios y funcionarios con todos los recursos que tiene a su alcance. Así, el mito kirchnerista de la “no represión” tiene una contracara: la judicialización de la protesta. En situaciones similares se encuentran las obreras y delegadas Pamela Bulacio, de Kraft y Catalina Balaguer, de Pepsico Snacks, entre otras.
A las causas penales abiertas por acciones en calles y rutas deben sumarse procesos judiciales por desafuero y quite de tutela sindical iniciados por las patronales contra delegados de base, con el objetivo de despedirlos y así sacarse de encima un importante freno a sus objetivos de mayor explotación a menor costo.

Hagamos una gran campaña en defensa de las procesadas y procesados

La defensa incondicional de todas y todos los delegados de base, activistas, estudiantes y luchadores que sufren los ataques del Estado, las patronales y las burocracias sindicales se está transformando en una necesidad de primer orden. Es necesario impulsar una gran campaña por el desprocesamiento de las luchadoras y luchadores populares. Hay que exigirle a los sindicatos y en particular a la CTA, que se pongan a la cabeza de esta lucha. Es necesario responder con nuestros métodos, el paro y la movilización popular, porque aunque se manifiesta en causas individuales, es una ataque a toda la clase trabajadora.