Miles de denuncias por abuso sexual desvelan a la jerarquía de la Iglesia. La Santa Sede se muestra preocupada… y no es para menos . Ya son millones los que condenan el cinismo del Vaticano y otros tantos se alejan diariamente de la “casa del dios” porque más de 20.000 pederastas continúan vistiendo con sotanas, ofician misas, toman confesiones y albergan a cientos de niños y niñas en colegios religiosos, fundaciones y parroquias. Todos protegidos por el Derecho Canónico y la “justicia divina”, esa legislación interna que rige la conducta de la curia y la beneficia con el derecho especial a no ser sometida -como tantos otros poderosos- a la justicia “terrenal” que castiga a los/as mortales “comunes”, como sucede en nuestro país con Romina Tejerina.
“Campaña de odio” contra el Papa “por su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo y al aborto”, acusan desde el Vaticano, y otros representantes de la Iglesia hasta se animan a explicar que "no es querer culpar a la sociedad y quitarnos culpas, sino reconocer que la liberalidad sexual (…) ha disminuido las fuerzas morales con que queremos educar (…) es tanta la invasión de erotismo que no es fácil mantenerse en el celibato” (El Universal, 15/04/10)
La iglesia tiene dos caras y ya nadie puede negarlo. Pero lo que tampoco puede negarse es que, gracias a su pacto providencial con las instituciones del Estado, sigue imponiendo su moral sobre la vida de millones. Y si hay algo que en nuestro país lo muestra claramente es que, a pesar de las tibias críticas a la plana mayor de la curia, bajo el gobierno de los Kirchner esta reaccionaria institución no sólo ha acrecentado enormemente sus riquezas, sino también su poder de decisión sobre la educación de los niños y las niñas, penetrando en nuestras aulas y determinando qué debemos enseñar y cómo.
La ley de educación sexual: mentiras no tan piadosas
Bajo el pretexto de la defensa de “el niño por nacer” y con la “firme convicción” de que las mujeres y las niñas deben ser educadas con los valores de la maternidad y el sacrificio, la desprestigiada Iglesia Católica se lanzó al desafío que marcó, ni bien asumió, el Papa Benedicto XVI: emprender una “nueva evangelización en América Latina” para recuperar la fuerza de la tradición, la moral y la familia.
En Argentina, la misión celestial adquirió desde entonces los rasgos escandalosos de una activa campaña contra la incorporación de la educación sexual en las escuelas, la prevención y promoción de la salud sexual y reproductiva y el derecho de las mujeres, jóvenes y niñas a no morir por la clandestinidad del aborto. Es que, como resultado de años de lucha, estas históricas demandas del movimiento de mujeres comenzaron a conquistar alcance y apoyo nacional, despertando la simpatía cada vez mayor de un altísimo porcentaje de la población creyente y no creyente.
Presionado por la cúpula religiosa y lo más reaccionario del poder político, pero preocupado también por contener al movimiento que exigía en las calles “educación sexual para decidir, anticonceptivos gratuitos para no abortar y aborto legal para no morir”, el gobierno nacional sostuvo desde sus inicios un “doble discurso”. Mientras el Ministro de Salud Ginés González García se pronunciaba a favor de la despenalización del aborto, Cristina Fernández -entonces senadora y “primera dama”- garantizaba al Vaticano que jamás concedería ese derecho mientras durara su mandato.
Fue en ese marco que, poco antes de las elecciones, se sancionó la controvertida Ley 26.150, más conocida como “Programa Nacional de Educación Sexual Integral”. Pese a las renovadas expectativas que esto generó en importantes sectores, ni la sanción de la ley (que contó con el apoyo parlamentario de toda la oposición, incluida la entonces dirigente de CTERA y diputada Marta Maffei, por el partido de la clerical Elisa Carrió) ni mucho menos la asunción de Cristina, significaron que la iniciativa prosperara en los hechos . A casi cuatro años de su sanción, nada hizo el gobierno para efectivizar su aplicación, dejando en manos de la voluntad y el criterio de cada escuela y sus docentes la implementación del Programa. Con lo que sí nos encontramos es con una renovada ofensiva de la Iglesia para imponer su moral en los contenidos educativos.
Un pacto parlamentario con el oscurantismo clerical
Consultada sobre los puntos fundamentales que a su juicio establecía la ley, Marta Maffei señaló: “En primer lugar, establece la obligatoriedad del Programa de Educación Sexual Integral para todo el sistema educativo (…) En segundo lugar, se trata de un programa absolutamente democrático porque introduce la participación de toda la comunidad educativa. Por ejemplo, en relación a los contenidos, será el Consejo Federal el que convoque a una comisión de especialistas para desarrollarlos, pero cada jurisdicción y cada escuela tendrán que adaptarlos a sus propias necesidades socioculturales. Lo que se pretende con esto es que cada establecimiento encuentre la mejor forma de encarar la educación sexual” (CIPPEC: 2006)
Aunque es cierto que la norma establece que todos los y las estudiantes tienen el “derecho a recibir educación sexual integral”, la interpretación de sus defensores deja al descubierto que la ley escondía desde sus inicios un perverso pacto parlamentario con el oscurantismo clerical: al mismo tiempo que decía fomentar la promoción de conductas “responsables” para la prevención en salud sexual y reproductiva, disponía que los contenidos de enseñanza deberían ser armónicos con los “idearios” de cada comunidad educativa, abriendo paso a que las escuelas religiosas definieran sus programas y adaptaran “los lineamientos a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a (…) las convicciones de sus miembros” (artículo 5º). Junto con esto daba a las provincias el derecho a adecuar el Programa a sus propios intereses y certificaba a la Iglesia Católica ya no sólo en la posibilidad de adaptar los contenidos en las escuelas del clero sino también la de imponer su ideología sobre el conjunto de la educación, tal como sucedió –por ejemplo- en la provincia de Salta, donde en 2008 se impuso la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en todos los niveles educativos.
En otras palabras, el parlamento otorgó a la Iglesia Católica el derecho a transmitir en las escuelas confesionales lo que considere, es decir -por ejemplo-, a educar a miles de niños y niñas bajo la falsa idea de que los preservativos no son eficaces para evitar el contagio de HIV-SIDA, que la interrupción voluntaria del embarazo es un asesinato o que la homosexualidad y el lesbianismo constituyen un pecado y atentan contra la familia “normal”.
Por si algo faltaba, la ley estipuló que para garantizar estos contenidos el Ministerio de Educación de la Nación debía ser “asesorado por una comisión interdisciplinaria de especialistas en la temática” (Artículo 7º) conformada, entre otros, por los representantes de los principales instituciones religiosas. Como señala el oficialista Página 12, “La Comisión –plural y multidisciplinaria–“estuvo integrada, ¡no por las y los docentes que sostenemos la educación pública!, sino “por representantes de distintos credos y expertos en educación sexual, como el sacerdote Rubén Revello, el rabino Daniel Goldman, Myriam Andújar y María Inés Franck por el Consejo Nacional de Educación Católica (Consudec), la licenciada en Educación Graciela Morgade y la socióloga María del Carmen Feijoo, entre otros.” (Página 12, 07/08/09)
Detrás de “la perspectiva de género”, “la educación no sexista” y otros aspectos que pueden parecer progresivos en la ley, con el apoyo de la dirigencia de organizaciones como la CTERA, oficialistas y “opositores” escondieron con su sanción una de las concesiones más reaccionarias de los últimos tiempos en materia educativa. Un verdadero guiño por parte del Estado hacia la cúpula episcopal, votado prácticamente por unanimidad en la sala del Congreso. Veamos cuáles fueron, entonces, sus consecuencias.
No todo lo que brilla es oro
Como era de esperar, envalentonada por tan gratificantes licencias la curia no tardó en arremeter contra el sistema educativo. Buscando imponer ahora su concepción filosófica y sus dogmas de fe, cuando el Ministerio de Educación de la Nación (después de tomarse el más que considerable tiempo de casi tres años) decidió dar a conocer el “Manual de formación docente en educación sexual y prevención del HIV/ SIDA” –también estipulado por la ley-, el escándalo divino no tardó en estallar.
Tras considerar que el texto “neomarxista” apuntaba a “descalificar” la educación en el amor, que desde hace años se imparte en las escuelas confesionales”, uno de los principales voceros de esta campaña, el arzobispo de La Plata Héctor Aguer, denunciaba que “se procura desprestigiar a la Iglesia en el campo de la educación de los niños; se quiere negarle autoridad para orientar el sentido moral de la sociedad”, sentenciando “la guerra entre el laicismo y el cristianismo” (Impulso Baires, 05/04/10).
Confirmando la pretensión de volver a la moral religiosa en las escuelas, el arzobispo afirmó que el material promueve “la reivindicación del derecho de fornicar lo más temprano posible”, cuestión que –agregó- es “ajena a la tradición nacional y a los sentimientos cristianos de la mayoría de nuestro pueblo.” (Clarín, 29/07/09)
No contento con esto, y ocultando que en nuestro país sólo el 23% de la población frecuenta alguna iglesia o lugar de culto, el aguerrido representante de la Comisión de Educación del Episcopado Argentino insistió en que debe prohibirse a los niños, niñas y adolescentes acceder a su derecho a informarse y vivir plenamente su sexualidad, pues esto atentaría contra “el amor, la responsabilidad, el matrimonio y la familia como proyecto de vida”, promoviendo la homosexualidad y el libertinaje entre la población.
Para que no quedaran dudas sobre la posición de la jerarquía de la Iglesia, este obispo tan cercano al gobernador kirchnerista Daniel Scioli –y tan alejado de la realidad que viven millones de mujeres en Argentina- agregó que, por sobre todo, la educación sexual en las escuelas debe ser prohibida porque atenta contra las “leyes de la naturaleza”, es decir, porque “desconoce la vocación maternal que es propia de la condición femenina.” (Diario Textual, 30/07/09) Acto seguido explicó que, por el contrario, "se debe exigir una educación de la castidad y la virginidad, como virtudes que desarrollan la auténtica madurez" (ACI Prensa, 07/09)
Fortaleciendo los dichos del obispo, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina Jorge Bergoglio no tardó en dar a conocer su folleto alternativo. Fiel reflejo de la moral que la Iglesia pretende que inculquemos en las aulas, “El manual para el amor” postula que la concepción es una obra mística y que “la feminidad se manifiesta y se revela (…) mediante la maternidad”. Insistiendo sobre el mandato de “la familia normal” y el sufrimiento, necesario para ganarse la bendición del más allá, el material de la curia impone a las y los docentes que “a los 6 años se hable de los principios religiosos acerca de la persona humana y la familia (…) El matrimonio y las `desviaciones sexuales´ serán tema a los 13, y a los 14 se hablará a los chicos de paternidad responsable, métodos naturales de planificación familiar (…) El manual contempla que a los 15 se estudie el `noviazgo digno y feliz´, el `significado y valor de la virginidad´, la homosexualidad, el sida y `los peligros de los métodos anticonceptivos y el aborto´” (Perfil, 07/09)
Pero este aparente enfrentamiento entre la Iglesia y el gobierno nacional, que los medios salieron a avivar prontamente, no tardó en demostrarse payasesco. Alberto Sileone, el ministro de Educación K, se apresuró en reafirmar aquello que en sus inicios ya escondía la ley. Consultado por el diario Perfil aclaró, con tono acongojado, que jamás podría estar en contra de que una comunidad enseñe a sus hijos de acuerdo a su visión religiosa (Perfil, 01/08/09) Y para reafirmarlo, Cristina Kirchner no dudó en sostener al mismo tiempo a Graciela Ocaña como Ministra de Salud. Así, mientras el Ministerio de Educación frenaba la implementación de la ley, esta ministra amiga de la cúpula episcopal afirmaba que para el gobierno el aborto es un tema de “política criminal”, obstaculizaba la difusión de la Guía para la atención de los abortos no punibles y sumía al ya limitado Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en una de sus peores crisis. Y para que no quedaran dudas que ésta era “una política de estado”, tras la renuncia de Ocaña por el escándalo de la gripe A, Cristina nombró como Ministro a un hombre aun más clerical: Juan Manzur, ex ministro de Salud de Tucumán acusado de manipular las cifras de mortalidad infantil para bajar los escandalosos índices de la provincia.
Tras semejantes gestos, el candidato a reemplazar a Bergoglio ante al Vaticano Monseñor Aguer, y sus apóstoles, se lanzaron a imponer sus condiciones e incluso fueron por más. Apoyándose en el guiño de una ley que sólo indica el derecho de los y las niñas a recibir educación sexual (¡pero no lo garantiza!), la Iglesia logró finalmente que los gobiernos de varias provincias -como los de Santiago del Estero, Córdoba, Jujuy, Salta, Corrientes y Mendoza- demoraran aún más su adhesión al proyecto, para tratar de conseguir -como finalmente lo hicieron en varias de ellas- una ley todavía más afín a sus santos mandamientos…
El país de la precocidad
Aunque ha creado enormes ilusiones, la llegada de una mujer a la presidencia no ha significado un cambio sustancial en la vida de las mujeres. Los hechos hablan por sí mismos y las consecuencias de ese perverso pacto entre gobierno e Iglesia son cada vez más alarmantes, a tal punto que ya se habla de Argentina como “el país de la precocidad”, porque más de 3 mil niñas menores de 14 años y más de 100 mil jóvenes de entre 15 y 19 años, que desconocen la existencia de métodos anticonceptivos y no tienen acceso a la educación sexual, se convierten en madres anualmente (Pagina 12, 26/09/09).
La otra cara de esta realidad es que la criminalización del aborto pasó a ser una de las principales causas de muerte de mujeres gestantes y, aunque dada su ilegalidad no contamos con cifras precisas, se estima que por cada 700.000 nacimientos que se registran cada año, entre 500.000 y 700.000 mujeres interrumpen un embarazo en condiciones de clandestinidad. Tan grave es la situación que en los hospitales públicos se internan –según cifras oficiales- unas 80.000 mujeres al año por complicaciones post abortivas, aunque se calcula que por cada caso registrado ya son 7 las mujeres que no acuden al hospital. Un dato aún más escandaloso si se considera que por cada mujer que muere otras 20 mujeres (también niñas, jóvenes, trabajadoras y pobres) padecen enfermedades o lesiones que acarrean graves y permanentes secuelas para su vida.
Sin embargo, para el gobierno de los K estas cifras no se traducen más que en frías estadísticas. ¡Así es como pretenden esconder que en lo que va de su mandato han muerto aproximadamente unas 3000 mujeres por no contar con los 4000 pesos que sale un aborto en una clínica privada!
Junto con esto, la creciente judicialización de las mujeres que abortan en clandestinidad, incluso cuando han sido violadas y embarazadas, es una de las caras más cínicas de esta brutal regresión. Aunque el Código Penal concede el aborto terapéutico ante la “excepción” de riesgo de vida o cuando el embarazo es producto de una violación “a una mujer idiota o demente”, lo verdaderamente excepcional en Argentina es el cumplimiento de esta norma, ya de por sí limitada.
Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago
Lejos de estar dirigida exclusivamente contra la educación sexual en las escuelas, la campaña de la Iglesia apunta contra toda conquista de derechos para las mujeres. ¡Una verdadera hipocresía por parte de quienes son capaces de sostener las atrocidades más grandes, como las que acaba de proferir el arzobispo de Granada, quien afirmó que acceder a este derecho -también sexual y reproductivo- “da a los varones la licencia absoluta, sin límites, de abusar del cuerpo de la mujer"! (Arzobispo de Granada, 23/12/09)
Y no es todo. Al mismo tiempo que este amigo personal del Papa Ratzinger pronunciaba esas afirmaciones “celestiales”, estallaba en todo el mundo el escándalo que –esta vez- tiene como principal protagonista al jefe del Vaticano, acusado de esconder las denuncias a sacerdotes alemanes por maltrato físico, pedofilia y abuso sexual a más de 300 niños y niñas en colegios religiosos, por los que están implicados hasta el propio hermano del Papa, Georg Ratzinger, y el prelado Josef Obermaier, segundo de Benedicto XVI cuando éste dirigía la congregación de ese país. (BBC Mundo, 16/03/10)
Y aunque hubo quienes esperaron que esta Semana Santa el máximo padre de la Iglesia se pronunciara contra estas vejaciones, tras el tradicional “baño de pies” que exige el protocolo del clero el Papa aprovechó también para lavarse las manos. No sólo pretendió silenciar la tormenta de acusaciones que asola al Vaticano, y en la que ya figuran más de 20.000 pederastas que visten con sotana, sino que perversamente dedicó su sermón a condenar el derecho de las mujeres a no morir por aborto clandestino, afirmando que “los católicos no pueden aceptar las injusticias elevadas a derechos por las leyes, como los asesinatos de niños inocentes aún no nacidos.” (Página 12, 02/04/10)
Por si quedaban dudas sobre la posición oficial de la iglesia, el obispo Bernardo Álvarez, máximo responsable de la Iglesia en Tenerife, afirmó: "Puede haber menores que sí lo consientan y, de hecho, los hay. Hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo y, además, deseándolo. Incluso si te descuidas te provocan" (La opinión, 27/03/07) A confesión de partes… (y el resto, todos cómplices)
Para no ser menos, en una verdadera muestra de homofobia (pero también de impunidad), el cardenal Tarciso Bertone no tardó en apuntar contra los “verdaderos culpables”, agregando que “han demostrado muchos psicólogos, muchos psiquiatras, que no hay relación entre celibato y pedofilia, pero muchos otros han demostrado, y me han dicho recientemente, que hay relación entre homosexualidad y pedofilia. Esto es verdad, este es el problema”. Y adelantó que por estos días se conocerán las “nuevas” y “sorprendentes” medidas que planean respecto al escándalo episcopal (Terra, 10/04/10).
Pero no nos sorprenden las medidas que pueda tomar la curia. Ya vimos cómo en Argentina la jerarquía de la Iglesia ha hecho “lo humano y lo divino” por encubrir y proteger al sacerdote Julio César Grassi, enjuiciado por los abusos sexuales a los niños en situación de calle que alojaba en su mediática fundación. Y mucho menos nos sorprende el accionar del gobierno y la instituciones del Estado, como la justicia, que siempre complaciente con la curia y sus fundamentalistas “pro vida”, sigue negando a las niñas violadas y embarazadas su derecho a al aborto terapéutico mientras beneficia y protege a los curas pederastas. La impunidad se sostiene y se financia… si no ¿cómo se explica el subsidio de 1,9 millones de pesos anuales que, según el diario Perfil, el gobierno K destina todavía a la Fundación del padre Grassi?
Está claro: la Iglesia, verdadera heredera de la inquisición, no está sola en su cruzada contra las mujeres. Cuenta con la complicidad del gobierno nacional, de los políticos derechistas y clericales y de las instituciones del Estado, que han permitido que el oscurantismo clerical siga imponiendo su moral sobre millones.
No nos extraña tanta hipocresía. Con la complicidad de estos sectores, es la Iglesia la que sigue defendiendo a los curas genocidas, como Von Wernich y otros tantos jerarcas del clero que dieron su bendición a la tortura y el asesinato de miles de luchadoras y luchadores durante la última dictadura militar. ¡Cuánto cinismo! La Iglesia habla del derecho a la vida pero sigue ocultando, junto al Estado, quiénes son y donde están los/as hijos/as de nuestras compañeras detenidas desaparecidas.
El santo matrimonio… entre la Iglesia y el Estado
La iglesia se consolidó como una de las principales instituciones al servicio de las clases dominantes. Sobre la base de la esclavitud, ya en tiempos del Imperio Romano, consiguió alejarse de las comunidades cristianas creando –siempre por “mandato divino”- una burocracia dedicada a administrar las propiedades del clero. De ahí –entre otras cosas- la ingeniosa medida del celibato, con la que buscó garantizar la continuidad de su estirpe: si los curas tenían hijos y esposas, ¿a dónde irían a parar los aportes del Estado, las relucientes propiedades donadas por la fe burguesa y los humildes diezmos de millones que –sumados- representan mucho más que un valioso tesoro? Previsora, nadie puede negarlo, la Iglesia siempre fue una institución al servicio de las clases dominantes para el control ideológico y social. ¿Cómo explicar sino que en casi todo el mundo, después de más de 2000 años de historia, no se haya dado un sólo paso en separar al Estado de esta decadente y reaccionaria institución?
Haciendo un poco más de historia vemos que Argentina es uno de los pocos países que desde la constitución del sistema educativo separó a la Iglesia de la función educadora. A fines del siglo XIX estableció la laicidad en su ley orgánica, la 1420. Este cambio, junto a la masificación de la educación elemental, fue en su momento relativamente progresivo en relación a los proyectos de educación confesional. Pero en 1943 el golpe militar reimpuso la enseñanza religiosa en las escuelas públicas de todo el país, contra las leyes argentinas. En 1947 el primer gobierno de Juan Domingo Perón le daba a esta realidad “fuerza de ley” y, aunque en 1954 -durante su segundo mandato- él mismo anuló la norma, la “ruptura” con la cúpula eclesiástica dejó incólume otra ley promulgada por el General: el otorgamiento de subsidios a la educación privada.
Como si esto fuera poco, la Iglesia fue recompensada más tarde por esos penosos momentos. Gracias al decreto del 7 de marzo de 1979, firmado por el genocida general Videla y el ministro oligarca José Martínez de Hoz, se dispuso que el Estado debía pagar “una asignación mensual a arzobispos y obispos que equivale al 80 por ciento del ingreso de un juez nacional (…) y a los obispos auxiliares, se les paga un 70 por ciento”. También por fuerza de ley la dictadura aseguró a la iglesia becas económicas para los seminaristas y párrocos en zonas “de frontera”, jubilaciones graciables, pasaportes diplomáticos y subsidios de viajes al Vaticano de los miembros de la curia, ¿cómo no iban a apoyar a “tan generosa” dictadura?
Más tarde, y a pesar que la Iglesia Católica mantuvo siempre el control sobre una parte del sistema educativo, y que el estado la subsidió históricamente, la Ley Federal de Educación sancionada en 1993 bajo el gobierno de Menem (con la Ministra de Educación Susana Decibe y “la pluma” de Filmus) implicó un salto en la definición de la educación pública como un sistema con dos tipos de gestiones: privada y estatal. Esto permitió no sólo un gran avance de la educación privada en general, si no particularmente de las escuelas confesionales.
En la actualidad se sigue sosteniendo económicamente a la iglesia con los impuestos que pagan católicos, judíos, musulmanes ¡y hasta quienes no profesamos ninguna religión! ¡Cuánto doble discurso por parte del gobierno de los “derechos humanos”! No sólo beneficia con más impunidad a los curas genocidas y violadores, sino que mantiene intactas todas estas medidas impuestas por la dictadura militar y los gobiernos neoliberales. Basta mirar los aumentos presupuestarios para el financiamiento de la curia, otorgados por el gobierno “nacional y popular” con el apoyo de toda la oposición: ¡casi 18 millones de pesos para el sostenimiento de la iglesia y subsidios millonarios para la educación confesional!
La religión -que pertenece al “ámbito privado”- es considerada por el Estado como parte de la educación; por eso las escuelas confesionales dejan de tener jurídicamente un fin privado para tener un “fin social” que no sólo justifica su existencia, sino también su financiamiento estatal, y por que no, que la religión sea parte de la educación pública.
No quedan dudas: mientras las escuelas se caen a pedazos y las maestras y maestros cobran salarios de miseria, la Iglesia Católica sigue gozando en Argentina de los más variados aportes y beneficios estatales: subsidios, salarios millonarios, jubilaciones de privilegio, exenciones impositivas y hasta centenares de cesiones inmobiliarias son parte de los “aportes” que los K han mantenido para beneplácito de la Iglesia. ¡Con este dinero hasta se sigue manteniendo a los curas acusados de abuso y violación!
Cada vez más cerca del rosario que de la ciencia
La escuela moderna, que permitió la masificación de la lecto-escritura y las operaciones matemáticas básicas, también tiene la función de reproducir la ideología dominante y, con ello, los preceptos, roles y estereotipos de género (Ver “Una historia al servicio de las clases dominantes”). Si hasta el siglo XX no era obligatorio enseñar a las niñas a leer y escribir y sí formarlas según el mandato de la maternidad, hoy la educación masiva y extendida (aunque no universal) reproduce esos roles en sus rutinas didácticas. Cambiar el lenguaje por uno no sexista, modificar algunas viejas rutinas escolares, transgredir algunas pautas que impone la burocracia de las currículas... no es suficiente. Hay que desnaturalizar lo que está dado "por hecho” y arrancar la educación pública de manos del oscurantismo clerical y la burocracia del Estado para ponerla al servicio de las necesidades de las grandes mayorías trabajadoras y pobres. ¡Queremos debatir y planificar el contenido de lo que se enseña y se aprende con el conjunto de la docencia, los y las estudiantes, padres y organizaciones sociales, de mujeres, obreras y populares!
La escuela es un potente agente socializador, transmisora de creencias, ideologías y valores esencialmente de la clase dominante. Lejos de la neutralidad es formadora de subjetividades y reproductora de las relaciones sociales existentes. Para ello se vale también de los valores y la ideología que la iglesia pregona. Es el Estado el que sigue avalando la censura impuesta por la curia, considerada como un "agente educador" por las mismas leyes argentinas. Y si hay algo que lo demuestra es la Ley de Educación Sexual Integral. Después de tantos años de la lucha por la educación laica el Estado no sólo sigue subsidiando la educación privada a costa de la pauperización de la educación pública, sino que permite que las grandes decisiones estratégicas que conciernen a los contenidos programáticos pasen por el filtro aprobatorio o condenatorio de los monseñores. La discusión sobre educación laica del siglo XIX todavía es un área en disputa, porque a inicios del siglo XXI la Iglesia aún no está separada del Estado.
Las y los docentes tenemos que tomar en nuestras manos esta importante tarea, porque no podemos permitir que la educación de nuestros/as niños/as siga en manos de quienes los condenan a un futuro de miseria. Tenemos que exigir a nuestras organizaciones sindicales que se pongan al frente de esta pelea. ¡No alcanza con los pronunciamientos formales, las declaraciones abstractas y las mediáticas fotos parlamentarias para apoyar tal o cual iniciativa de ley! Si es que verdaderamente pretenden dar un paso en la lucha por nuestros derechos, la CTA y la CTERA deben ponerse al servicio ¡ya mismo! de preparar una gran movilización por estas elementales demandas, para que sean miles de docentes, padres y estudiantes los que hagan oír su voz en todo el país.
Desde la Corriente Nacional 9 de Abril y la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas te invitamos a organizarte con nosotras/os para impulsar una gran campaña por estos derechos. En los barrios y en las escuelas, tenemos que comenzar a organizarnos impulsando comisiones, foros y debates, juntando firmas, haciendo pintadas, jornadas, festivales y multiplicando las iniciativas para poner en pie un gran movimiento, independiente de la Iglesia, el Estado, la justicia y los partidos patronales, para terminar con tantos atropellos y exigir:
– Fuera la Iglesia de nuestras vidas. Exigimos la separación de la Iglesia del Estado. ¡Fuera la Iglesia de la educación!
– Sistema público único de educación financiado por el Estado, pero gobernado y planificado por los y las docentes, estudiantes, padres y organizaciones obreras y populares.
– Aumento del presupuesto educativo en base al no pago de la deuda externa, impuestos progresivos a las grandes fortunas y eliminación de los subsidios a las escuelas privadas. ¡Ni un peso para los curas abusadores y genocidas! ¡Con esa plata exigimos becas, comedores y nuevas escuelas y colegios para que ningún/a joven o niño/a se quede sin estudiar!
– Hay que expropiar a la Iglesia (principal terrateniente urbano) para garantizar vivienda a miles de familias sin techo y convertirlas en hogares, escuelas y casas para las mujeres y niños/as víctimas de la violencia y el abuso sexual, controladas y administradas por las organizaciones sindicales combativas y de mujeres, sin injerencia del gobierno, el Estado y sus instituciones. ¡Y qué los curas vayan a trabajar!
– Derecho a la educación sexual laica en todos los niveles educativos. Capacitación gratuita y de calidad en servicio a cargo de docentes y profesionales de la salud que accedan a los mismos por concursos, y garantizados por el estado.
– Anticoncepción gratuita en todas las salas y centros de salud y aborto legal, seguro y gratuito en todos los hospitales públicos y ante la sola decisión de la mujer. |
