Natalia y su novia vivían juntas en barrio Liceo 2° sección, un barrio humilde del norte de la ciudad de Córdoba. Sin embargo la familia de la segunda se oponía a la relación y la habían regresado por la fuerza al hogar paterno.

Nati en cambio contaba con el apoyo de su familia, que la defendía desde pequeña de los insultos y provocaciones cotidianas por su condición lésbica.

El sábado envió primero como intermediaria a una amiga a para hablar con sus suegros, pero al ver que ésta no regresaba fue ella misma a la casa de su novia dispuesta a convencerlos que permitieran la relación. Discutió acaloradamente con su suegra, pero cuando se disponía a retirarse el padrastro de su novia la llama y a quemaropa le dispara con una escopeta calibre 16.

El día domingo 7 a la madrugada muere en un hospital, irónicamente un día antes del Dia de la Mujer.

Para su familia y amigos está muy claro: la condición de género y clase de Nati (como la de tantas otras mujeres de las barriadas cordobesas) selló su suerte: “No fue algo pasional ni algo loco, fue un crimen de género” no se cansa de señalar su madre Graciela Vázquez, quien también denuncia las condiciones deplorables en que fue conservado el cuerpo de su hija, por lo cual tuvo que ser velada con el cajón cerrado.

Las amigas de “la Pepa” (como le decían cariñosamente) además de exigir justicia denuncian lo que la sociedad hipócrita reserva a las mujeres lesbianas en Córdoba: “Por nuestra condición somos discriminadas, nos persiguen en el trabajo y si nos sentamos de la mano con alguien en un bar”.

Mientras, medios de comunicación como La Voz no dejan de invisibilizar el carácter de este crimen: un feminicidio y lesbocidio. Simplemente le explotan la veta policial, incluso mezclando la crónica con otros hechos que suceden en le barrio o la ciudad, como si fuera un asesinato más producto de la “inseguridad”.

Es la fuerza y organización de sus allegados y de las organizaciones sociales, de mujeres y de gays, lesbianas, travestis y transexuales (GLTTB) con la que vamos a garantizar que se haga justicia.

Por eso desde Pan y Rosas en la Secretaría de la Mujer y D.D.H.H. del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía de la UNC y las abogadas del Centro de Profesionales por los Derecho Humanos (CEPRODH) señalamos la responsabilidad de este Estado represor e hipócrita que no permite el mínimo derecho democrático, como la posibilidad de matrimonio entre personas del mismo sexo así como el acceso al trabajo y la salud para las lesbianas, gays y personas trans. Son las instituciones del Estado, los gobiernos de turno y los políticos patronales y clericales los que legitiman desde arriba la violencia que sufrimos cotidianamente en esta sociedad machista y homófoba, mientras que por otro lado “bancan” a la Iglesia Católica y Evangélica, repletas de curas, monjas y pastores abusadores.

Basta de hipocresía! Hay que poner en pié un gran campaña, independiente del Estado y de todos los sectores que día a día garantizan nuestra opresión, para exigir justicia para Natalia y terminar de una vez por todas con hechos aberrantes como estos, que recaen sobre miles de mujeres, gays, lesbianas, travestis y transexuales en nuestro país.