El mismo día en que se cumplían 13 meses de la desaparición de Julio López, el pasado 18 de Octubre, el prefecto Héctor Febres comenzó a ser juzgado sólo por delitos menores que llevó a cabo en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), durante la última dictadura militar iniciada en 1976. Increíblemente sólo será juzgado por 4 casos, pese a que 5 mil detenidos-desaparecidos pasaron por ese centro clandestino de detención, de los cuales muchos tuvieron como destino final los conocidos "vuelos de la muerte".

Desde la querella unificada de "Justicia YA!", donde participan nuestras compañeras y compañeros del Ce.Pro.D.H., se vienen denunciando las irregularidades y obstáculos a los que se tienen que enfrentar en cada juicio, que tienen como objetivo condenar solamente a ciertos represores "emblemáticos", y no al conjunto de los responsables y partícipes del genocidio que terminó con la vida de 30 mil de nuestros compañeros y compañeras. La denuncia sobre la ESMA fue hecha hace 20 años, y aunque hace 4 fueron anuladas las leyes de "Obediencia Debida y Punto Final" sólo se consiguieron 3 condenas, y en este caso particular, donde se ve implicada la Armada, sólo se acusa a un miembro que no pertenece a esa fuerza, si no a la Prefectura.

Una de las propuestas de la querella es la de realizar los juicios por centro clandestino de detención, lo que permitiría avanzar con mayor rapidez, incluyendo a todos los responsables y partícipes de los homicidios, privaciones de la libertad, desapariciones, torturas y apropiaciones de bebes. Pero la política de Kirchner se muestra nuevamente incapaz de enfrentar la impunidad hasta el final, como lo evidencia la desaparición de Julio López, hace ya 13 meses, el hecho de seguir manteniendo en servicio a miles de policías que cumplieron funciones en la dictadura, además de los cuantiosos subsidios que recibe la Iglesia Católica, institución a la que pertenece el genocida Von Wernich. El mismo gobierno necesita de esa impunidad para no socavar las bases de su propio poder.

Entre otras tareas, Febres en la ESMA era "responsable" de las mujeres embarazadas que se encontraban detenidas. Indicaba también el destino de sus hijos e hijas que nacían en cautiverio, que eran apropiados ilegalmente y de los cuales en su mayoría todavía hoy no sabemos dónde están. Por último, decidía qué hacer con la vida de esas madres después de parir, quienes en su gran mayoría fueron finalmente desaparecidas.

Mientras tanto, los sectores más conservadores de la sociedad que apoyaron, implícita o explícitamente, la dictadura militar en pos de defender sus propios intereses se cubren con el manto de la impunidad que el Gobierno garantiza. La Iglesia Católica que a pesar de que ha quedado demostrado en el juicio a Von Wernich que fue parte del plan sistemático de exterminio de 1976, se interpone nuevamente en nuestra lucha por el derecho que tenemos las mujeres al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Nos niegan al conjunto de las mujeres nuestro derecho a poder decidir sobre nuestros propios cuerpos y condenan a 400 mujeres por año a la muerte por aborto clandestino. Pero nada dicen acerca de las torturas y abusos sexuales que se les practicaban a las mujeres en general, y a las embarazadas en particular, en los centros clandestinos de detención como la ESMA, lo que les provocaba abortos inmediatos e involuntarios, a pesar de que en esos casos ellas sí habían decidido ser madres. La hipocresía es tal que se autoproclaman los "defensores de la vida" cuando poco les importó, y les importa, la vida de esas mujeres finalmente desaparecidas, y menos aún cuando arbitrariamente les negaron y les siguen negando el derecho a la identidad a los cientos de niños apropiados en forma ilegal. Los mismos "defensores de la vida" que hoy son responsables de obstaculizar nuestro camino en la conquista de nuestros derechos, y que silencian las 400 muertes anuales como consecuencia de la ilegalidad del aborto.

Esa misma hipocresía e impunidad impera sobre los empresarios que ayer se beneficiaron con el plan sistemático de exterminio de la clase trabajadora como forma de disciplinamiento en pos de garantizar sus ganacias. De sus responsabilidad y participación tampoco nada se dice mientras muchos centros de detención funcionaban en las mismas fábricas gracias a su colaboración. Y hoy, aunque también se proclaman fieles "defensores de la vida" junto con la complicidad del Gobierno y la cúpula eclesiástica, someten diariamente a maltratos a las mujeres trabajadoras en las fábricas, las echan cuando quedan embarazadas, las condenan al trabajo precario en condiciones insalubres para ellas y sus familias, o las discriminan cuando tienen muchos hijos o deciden ser madres.

Pan y Rosas se suma a la exigencia de las distintas organizaciones de derechos humanos que reclaman que Febres sea acusado como responsable y partícipe del genocidio iniciado en 1976. Exigimos que declare todo lo que sabe acerca del genocidio del cual fue parte, que confiese qué hicieron con los detenidos-desaparecidos y dónde están los hijos e hijas apropiados ilegalmente. Exigimos también la cárcel común y efectiva para este y todos los represores genocidas, sin ningún tipo de privilegios. Denunciamos asimismo la responsabilidad del Gobierno nacional por los obstáculos y negativas que interpone en cada juicio, por ejemplo cuando se niega a la apertura de los archivos de la época, cuando silencia el rol fundamental de los empresarios o cuando permite los juicios sólo sobre unos pocos genocidas. Todas éstas medidas claramente son para no enfrentarse de lleno a los miles de policías que aún hoy continúan en servicio (como parte de su propio aparato represivo), ni a los militares represores, ni a los empresarios a los que les suplica "inversiones", y ni siquiera a la Iglesia Católica genocida.

– Exigimos la aparición con vida de Julio López YA. El Gobierno es responsable.

– Basta de impunidad y encubrimiento para los genocidas.

– Que se abran todos los archivos que están en poder del Estado.

– Que los genocidas confiesen todo lo que saben sobre los detenidos-desaparecidos y sus hijos apropiados ilegalmente.

– Cárcel común y efectiva para todos los genocidas, sin ningún tipo de privilegios.