Aunque los femicidios –que son la manifestación más extrema de la violencia contra las mujeres- ocurren mayormente en el ámbito privado de la familia, son el último y letal eslabón de una larga cadena de violencias originada, sostenida, justificada y reproducida en el ámbito público, por la clase dominante, su Estado y sus instituciones, las fuerzas represivas, la escuela, la Iglesia y los medios de comunicación que, históricamente, convirtieron a las mujeres en un grupo social subordinado, sin derechos, en desigualdad con respecto a los varones. Por eso, no compartimos la definición de “violencia doméstica”: esos casos de “violencia privada” sólo pueden explicarse como parte de un continuo de violencia en la vida de millones de mujeres. Tampoco compartimos la crítica de quienes señalan que en este problema, el Estado “está ausente”. ¡El Estado está presente! ¿Cómo? Manteniendo intactas las redes de trata con la complicidad de funcionarios, políticos y fuerzas represivas; condenándonos junto con la Iglesia a los abortos clandestinos; favoreciendo a las patronales con leyes laborales contra las trabajadoras y trabajadores, que hacen que la mayoría de los precarizados seamos mujeres...

Sostenemos que no podrá acabarse la violencia contra las mujeres en tanto persista este sistema basado en la miseria, la inequidad y las condiciones injuriantes de existencia impuestas a millones de seres humanos por los intereses de una minoría parasitaria y sedienta de ganancias. La salida a tanta violencia, por eso, no es individual. Nuestra lucha, presente y futura, debe incluir, también, la disputa contra los valores y costumbres impuestos por la clase dominante y su cultura de violencia. Una violencia que únicamente podrá ser totalmente desterrada cuando rompamos las cadenas que ciñen a la humanidad, bajo este repodrido régimen de los capitalistas.

---

Tenemos que exigir hogares transitorios para las mujeres víctimas de violencia, garantizados por el Estado y bajo control de las propias víctimas, las organizaciones de mujeres y las trabajadoras, con asistencia profesional y sin presencia policial ni judicial. En nuestros lugares de trabajo y en los sindicatos, tenemos que poner en pie comisiones de mujeres, independientes de las patronales, que se ocupen de los casos de acoso sexual o laboral y discriminación hacia las trabajadoras, exigiendo licencias pagas para las trabajadoras que atraviesan una situación de violencia.

Pero al mismo tiempo que nos organizamos para exigir estas soluciones transitorias, tenemos que convocar a todas y todos los trabajadores concientes de sus cadenas, que quieran luchar por una sociedad sin explotación, a tomar en sus manos la tarea de acabar con la discriminación, la violencia y las humillaciones contra las mujeres, en el camino de luchar por la emancipación los explotados y la liberación de toda la humanidad.

---