La sanción del matrimonio igualitario propinó un duro revés a la Iglesia católica y su doctrina modelo de familia “occidental y cristiana”. La carta enviada por el cardenal Bergoglio a las Carmelitas Descalzas, calificando el matrimonio entre personas del mismo sexo como “el padre de la mentira” que conduce a “la guerra de Dios”, retrotrajo a la Iglesia troglodita de la Santa Inquisición que condenaba a los herejes a purificarse en el fuego de las hogueras.

La Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes religiosas, en 2008 desde el CONICET ilustra la brecha existente entre las grandes masas y la Iglesia católica en tanto institución. Si bien el 76,5% de los encuestados se definió católico, el 61% afirmó que no se relacionaba con la Iglesia y el 76% aseguró que concurría “poco o nada” a los lugares de culto.

Asimismo, el 92,4% estaba de acuerdo con impartir educación sexual en las escuelas y 7 de cada 10 consideraba positivas las relaciones sexuales antes del matrimonio.

El revolucionario italiano Antonio Gramsci señalaba que la tendencia a la laicización de las ideas y la vida moderna propias de la sociedad capitalista restaba terreno a la Iglesia católica obligándola a replegarse como “un partido político” “para defender sus posiciones y retroceder lo menos posible”, dada la declinación de su hegemonía ideológica en el régimen feudal (Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno).

Que los curas vayan a trabajar

Más allá de la crisis, incrementada por las decenas de miles de denuncias por abuso sexual y su rol colaboracionista en la dictadura, la Iglesia conserva una importante cuota de poder a partir de su relación con el Estado, garantizada por el artículo 2º de la Constitución Nacional que afirma el sostenimiento del culto católico apostólico romano.

Guardado bajo siete llaves, el financiamiento estatal de la Iglesia resulta uno de los misterios divinos de la democracia argentina. El presupuesto nacional 2010 elevó a casi $36 millones la partida a la Iglesia, una bicoca insignificante respecto de las asignaciones giradas por los estados provinciales y municipales a los colegios católicos, de aproximadamente $2.500 millones como estima en forma conservadora el periodista Eduardo Blaustein (Miradas al Sur, 18/7), sin considerar los ingresos de Cáritas y los aportes de las grandes empresarios.

La última dictadura reforzó aún más la unidad entre Iglesia y Estado imponiendo una legislación que promovía la ampliación del número de religiosos y la cantidad de instituciones confesionales beneficiadas por los subsidios, como las parroquias de frontera y las ubicadas en zonas desfavorables

Entre las leyes sancionadas por Videla y Martínez de Hoz, la Ley 21.950 garantiza que el Estado pague anualmente $3.390.000 a 66 obispos en actividad y $1.430.000 a 32 obispos retirados. La Ley 22.430 asigna jubilaciones graciables por una suma de $55.800. La Ley 22.161 asegura la manutención mensual del párroco de frontera equiparable a un empleado administrativo estatal de la categoría más baja, más allá de que de conjunto el Estado sostiene los ingresos mensuales de 16.457 curas y monjas que no pagan impuestos, no tienen cargas sociales, no aportan a ganancias ni a la jubilación. Según Guillermo Olivieri, titular de la Secretaría de Culto, “un obispo debería ganar $13.000 por ser el equivalente al 70% de un juez nacional de primera instancia” (Miradas al Sur, 18/7).

Gracias al financiamiento del Estado, la Iglesia actúa como institución de control social de las clases subalternas, manteniéndolas en la ignorancia oscurantista, así como opera de policía ideológica de las formas que adquieren las relaciones personales, con injerencia predominante en materia de educación y salud pública, afectando los intereses de las grandes masas populares.

La separación de la Iglesia del Estado es una tarea democrática que la burguesía en tanto clase conservadora fue incapaz de realizar, utilizando por el contrario esta institución reaccionaria para defender la propiedad privada de los medios de producción y cambio, naturalizando la pobreza bajo la ilusión de la salvación en el reino de los cielos.

Los sectores más concientes de la clase trabajadora deben impulsar esta demanda democrática para despejar la niebla oscurantista que somete a la obediencia y la resignación a las grandes masas explotadas, y particularmente a sus franjas más desposeídas. Sólo la movilización en las calles puede hacer efectiva la separación de la Iglesia del Estado, expropiando todos sus bienes y propiedades, acabando con los subsidios millonarios y derogando toda la legislación, particularmente la introducida durante la dictadura. Del mismo modo, hay que romper todas las relaciones políticas con el Vaticano, un atalaya de la más furiosa reacción funcional a los intereses de las potencias imperialistas. Los socialistas revolucionarios del PTS somos ateos pero defendemos el derecho de culto de las grandes masas, aunque consideramos que la religión es un asunto privado respecto del Estado. Como cualquier asalariado, si los curas tienen que comer que vayan a trabajar.